Filosofía política y combate al crimen

Diseño de portada: Ernesto Alonso Navarro

Primera edición, marzo de 2022.

Número ISBN: 978-607-99382-8-4

Número ISBN epub: 978-607-99382-9-1

DR © El Colegio de Morelos

Avenida Morelos sur #154, esquina Amates, colonia Las Palmas, C. P. 62050, Cuernavaca, Morelos, México.

elcolegiodemorelos.edu.mx / 777 318 0127

La edición de esta obra la trabajó la Coordinación de Difusión y fue arbitrada bajo el sistema de pares ciegos por académicos externos a El Colegio de Morelos.

Dra. Wendy Lucía Morales Prado

Editora

Lic. Norma Navarro Montes

Corrección de estilo y diseño de epub

Lic. Abril Alejandra Sánchez Alegría

Cotejo de pruebas

Mtro. Ernesto Alonso Navarro

Diseño gráfico y editorial

Ninguna parte de esta publicación incluido el diseño

de la portada, puede ser reproducida, almacenada

o transmitida en manera alguna ni por ningún medio,

sin permiso previo del editor.

Registro ante la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana: No. 3948

Impreso en México.

INTRODUCCIÓN

En el presente libro distinguiremos a la política como la práctica o acción que realizamos en la sociedad, conscientes que su etimología proviene de la polis o ciudad-estado griego, como lo fueron Atenas, Esparta o Tebas. Un ejemplo al respecto lo encontramos en el libro El príncipe de Maquiavelo en el que expresa que “el fin justifica los medios y la principal ocupación y estudio de un príncipe debe ser el arte de la guerra”.1 Por su parte, la ciencia política la definimos como el estudio a partir del concepto de origen socrático de esa acción social, que tiene por objetivo la lucha por el poder sobre los habitantes de un país o región del mismo, llámese entidad federativa o municipal, ya sea para gobernar de acuerdo a una ideología o un programa, para ello nos apoyaremos en la obra Nuevo curso de ciencia política de Pasquino, entre otros.2 Por su parte, la filosofía política es aquella que tiene y persigue valores o principios éticos, económicos, sociales, ecológicos, así como culturales, puesto que sin ellos no sería esa realidad social heideggerianamente que podría ser un sein, ente, acción o cosa, de otra forma la nada (nadaría), este último concepto fue creado por Martin Heidegger, al igual que otros muchos (se estiman que acuñó cerca de 200) en su obra El ser y el tiempo,3 traducida al español por José Gaos, asimismo, ocuparemos la Historia de la filosofía política, obra clásica de Leo Strauss como referente fundamental4 junto con otros autores y libros.

El tema de la delincuencia organizada en esta realidad globalizada, ya sea por delitos relacionados con el narcotráfico, secuestro o extorsión, así como por los llamados de cuello blanco, en los que se manejan grandes cantidades monetarias por medio de la corrupción, el tráfico de influencias o aprovechándose de la obra pública, lo hemos incorporado a esta obra por ser, actualmente, una asignatura pendiente que cada día cobra más víctimas.

El estado moderno entendido como un ente producto de una larga evolución de las organizaciones sociales, económicas y políticas, o bien como un ensamble de instancias que ejercen el poder, es el primer obligado a garantizar, por un lado, la existencia y eficacia de las instituciones establecidas constitucionalmente y, por el otro, a respetar y hacer respetar los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y a la seguridad en su ámbito social, patrimonial, público y jurídico. Dentro de la diversidad de atribuciones y responsabilidades que tiene a su cargo el Estado mexicano se encuentran aquellas que se refieren a la prevención, control y sanción de las conductas consideradas como indeseables, esta asignación la cumple mediante políticas de carácter legislativo, administrativo y judicial, impregnadas de mensajes disuasivos, preventivos o retributivos de pena, aunque —debe advertirse—, todavía enmarcados en el Estado de Derecho, con aspiraciones democráticas no satisfechas.5

El combate a la delincuencia es una lucha sin tregua que debe ser afrontada por el estado, pues como monopolizador de la fuerza legítima, tiene la posibilidad de coordinar y dirigir todos los recursos necesarios para lograr una estabilidad que permita la realización de los proyectos sociales, públicos e individuales dentro de los valores aceptados por la sociedad mexicana, entendida en su concepto constitucionalista, plural y democrático.

En una primera aproximación, el fenómeno de la conducta antisocial en nuestro país presenta dos principales causas recíprocas: por un lado, la naturaleza biopsicológica de ese animal racional parlante que es el hombre y, por el otro, la influencia que recibe de todos aquellos elementos externos de carácter social y cultural con los que interactúa a lo largo de su existencia, como el núcleo familiar,6 los juegos, la educación en sus diferentes etapas, la religión, los valores aprendidos o introyectados, la información acumulada, el entorno laboral, la comunidad, la tecnología, las fuerzas económicas, etcétera.

Naturalmente el concepto de conducta antisocial es cambiante de acuerdo a la época, el lugar y los individuos involucrados, sin embargo, puede afirmarse como generalidad que la conducta antisocial contradice tanto los valores reconocidos por la sociedad en que se desenvuelve el individuo, como los valores que impone el grupo dominante en un tiempo y lugar determinado. Un ejemplo simple del aspecto interno o psicológico del individuo, lo encontramos en la historia del antiguo relato bíblico de Caín y Abel, que menciona a la envidia como una causa del asesinato el sentimiento interno que tenía Caín contra su hermano, porque este gozaba de preferencia “ante los ojos del Señor”. Este sentimiento de frustración, cuyo trasfondo tiene que ver con el trato y la figura del padre, podría parecer banal o insignificante frente a la magnitud del daño causado, sin embargo, para Caín fue un motivo subjetivo más que suficiente para privar de la vida a su hermano, lo que equivale a un fratricidio.

Los motivos para delinquir son variados y complejos, pues responden a causas sociales y a la personalidad particular del agente con toda su carga genética e incluso sus patologías o disfunciones de carácter orgánico. La Historia Universal da testimonio de sujetos proclives a la violencia, al odio racial, a la falta de solidaridad social, a la crueldad y al desprecio por los más elementales Derechos Humanos.

Ciertos atavismos, incluso genéticos, sentimientos de egoísmo, envidia, frustración, resentimiento, ambición, celos, adicciones, extrema pobreza, injusticia social, ideologías religiosas, fobias, inmadurez, patologías sexuales, crueldad, hastío y problemas con las capacidades de memoria, concentración, reflexión, así como raciocinio son motivos determinantes en gran cantidad de conductas criminales. Para Aristóteles, por ejemplo, los actos criminales tenían su origen en la ignorancia; para Thomas Hobbes, autor del Leviatán, el hombre tiene un elemento de maldad en su naturaleza; en cambio para Juan Jacobo Rousseau autor de El contrato social y Emilio, o de la educación, el hombre en su naturaleza original no tiene cargas negativas, sino la sociedad lo transforma en un ser egoísta.

Algunas doctrinas religiosas consideran que el hombre está en el centro de una lucha eterna entre las fuerzas del bien y del mal,7 para corrientes materialistas parte del problema se genera por la injusta distribución de la riqueza y la tensión entre las fuerzas productivas que las llevan a desarrollar acciones de dominación, resistencia, violencia, represión y en general, conductas antisociales según sea la posición que se ocupe en la sociedad.

Del mismo modo, antropólogos exponen que los instintos y defensas desarrolladas durante miles de años desde la aparición del hombre, han dejado una secuela y tal marca pervive en determinados individuos que de manera inconsciente e instintiva cometen crímenes que pueden parecer irracionales al común de la gente. Estudiosos de las ciencias de la salud aluden que la clave está en los procesos biológicos, fisiológicos, neurológicos o psicológicos. En fin, existen muchas teorías y enfoques sobre —el todavía— desconocido campo de las causas y los procesos determinantes de la conducta humana, sobre todo tomando en cuenta la cambiante relación del ser humano con su entorno social, o sea bajo la óptica de la sociología y la ecología.

Ahora bien, generalmente el desarrollo social cuantitativo y cualitativo de las sociedades humanas va de la mano del desarrollo de nuevas formas de delinquir que, a su vez, provocan la reacción tanto de la sociedad como del Estado en un claro movimiento dialéctico. Puede afirmarse que conforme el grupo humano o sociedad en particular va modificando sus formas de consumo, producción, organización, dominio y conocimiento, en esa misma medida van apareciendo nuevas conductas antisociales que serán objeto de sanción legal y de políticas encaminadas a su prevención o disuasión por considerar que no son valiosas para la comunidad.

El desarrollo hacia sociedades postindustriales, globalizadas, informáticas, digitales, virtuales, plurales o denominadas inteligentes traen en su germen el desarrollo de conductas novedosas que pueden ser consideradas antisociales, por atentar contra el individuo, la sociedad o las instituciones del Estado.

La complejidad de las conductas antisociales, al margen de que se considere que se afectan los valores medios de la sociedad o los valores exigidos por el grupo dominante, exige que el Estado mexicano diseñe, implemente y aplique políticas efectivas para la prevención, disuasión y, en su caso, sanción para quienes transgreden con su conducta los valores mencionados.

Las políticas anticrimen son objeto de estudio desde la ciencia y filosofía política, así como el derecho, partiendo de la premisa que el conocimiento de objetos, reales o ideales, es posible como lo sostiene epistémicamente Johannes Hessen en su obra Teoría del Conocimiento.8 Hessen, tras analizar las distintas posiciones filosóficas, se inclina por el criticismo como posición razonable para arribar a los fundamentos del conocimiento humano, dejando de lado tanto el dogmatismo como el escepticismo por ser posiciones extremistas.

Lo anterior, motivó a desarrollar este libro, orientado a la capacidad de respuesta del Estado para combatir la delincuencia mediante políticas públicas para enfrentar conductas criminales y la forma de prevenirlas, con la finalidad de salvaguardar los Derechos Humanos de la población, en virtud de ser el garante de un verdadero estado democrático social.

Por ello, el presente libro se estructura en dos capítulos que plantean en términos claros la problemática de las nuevas formas de conducta delincuencial y los retos que debe afrontar el Estado mexicano para instrumentar políticas públicas eficientes, que coadyuven a mantener la libertad, la armonía y la paz social que demandan urgentemente las sociedades actuales9 y que exige la filosofía política.

El capítulo primero desarrolla el marco teórico metodológico, axiológico y epistémico indispensable para exponer de manera sólida nuestra obra. El capítulo segundo trata la historia de algunas etapas políticas que son antecedentes directos o indirectos que han influido en el desarrollo social, económico y político de nuestro país. Efectivamente, México, a lo largo de su evolución, se ha perfilado como un Estado de derecho que aspira a una verdadera consolidación democrática con pleno respeto a los derechos humanos y a los límites de la autoridad respecto, a la intervención punitiva en aquellas conductas consideradas como antisociales o delictivas. Por último, se denomina el nuevo rostro del crimen globalizado que, por su complejidad, requiere un análisis detallado para aproximarnos a la naturaleza de esas nuevas formas que ha venido desarrollando la actividad criminal bajo un contexto de poder económico y tecnológico altamente organizado.

El diagnóstico que se obtenga de ese fenómeno criminal global, cuya presencia e impacto rebasa las tradicionales fronteras geopolíticas, permitirá poner a consideración posibles soluciones que —a nuestro juicio— pueden ser viables para contribuir a una política anticriminal eficiente e integral, que pueda contener y prevenir ese fenómeno para alcanzar los fines de un verdadero Estado Democrático Social.

Esperamos que este libro encuentre eco en la sociedad, así como en cualquiera de las instancias estatales que, por sus funciones asignadas constitucionalmente, tienen injerencia en el grave problema de las conductas criminales. Esperamos que, por lo menos, esta obra sea un punto de partida para el debate y discusión como vías de acceso a un conocimiento epistémico y, desde la ciencia y filosofía política, este libro ayude a determinar el papel que debe asumir el Estado y la sociedad, de acuerdo con el concepto de gobernanza o buen gobierno, producto de la unión de lo público con lo privado.

CAPÍTULO PRIMERO

Sobre los elementos necesarios
para nuestro estudio

1.1 Concepto de política

El concepto, utilizando una metáfora, es el ladrillo que construye el conocimiento científico. Según las referencias de Aristóteles, a Sócrates se le atribuye la definición de que el concepto es aquello que logra aprehender la esencia del objeto, materia de la observación o estudio. Por su parte, el coautor Juan de Dios González Ibarra afirma socráticamente que “el concepto es la construcción o constructo humano que capta la esencia, substancia primera, razón o fin de los fenómenos”.10

Así pues, la importancia que tiene precisar nuestro objeto de estudio, concretamente el concepto de política, nos plantea la necesidad de buscar metodológicamente una aproximación hacia ese fenómeno complejo que es la política y su naturaleza sustantiva.

En efecto, una forma de acercarnos puede ser adoptar en lo conducente la metodología inductiva, deductiva y fenomenológica que utiliza Johannes Hessen en su obra Teoría del Conocimiento,11 que desarrolla la forma y método aplicable para arribar a un concepto de lo que él entiende por filosofía. Para este autor, primero se debe tomar en cuenta el contexto temporal, luego analizar los contenidos comunes que se observen en las definiciones doctrinarias y, por último, establecer las diferencias con otras disciplinas afines, muy a la manera aristotélica del género próximo y la diferencia específica. Así las cosas, apoyándonos libremente en esta metodología, pero aplicada a nuestro pretendido concepto de lo político, abordaremos primeramente el tema del contexto temporal, alertados con lo que sostienen Giovanni Sartori y Umberto Cerroni, respecto a la diferencia abismal que existe entre el concepto de política que tenían los antiguos griegos con el concepto de los renacentistas o, más aún, con el concepto moderno del término.

En efecto, Sartori sostiene en Elementos de Teoría Política12 que una cuestión es la idea de política en el pensamiento griego y otra muy diferente la que tenemos actualmente. Afirma que, para Aristóteles,13 el hombre es un zoon politikón, pero esta concepción solo se refería al hombre en su realización dentro de la polis, que para el griego libre era la dimensión completa de la existencia. El hombre no político era el ser inferior, defectuoso, un ser sin relación con la polis. La idea griega de política abarcaba todos los aspectos de la vida y no solo una parte, como se considera actualmente. Para Aristóteles eran los términos social y político uno solo.

Sartori afirma que estamos habituados a distinguir entre lo político y lo social, entre el Estado y la sociedad, pero, señala, que estas distinciones y contraposiciones se consolidaron en su significado actual hasta el siglo xxi. El hecho es, menciona este autor, que la problemática vertical (incluye la idea de poder, mando y un Estado subordinado a la sociedad) es muy ajena al discurso basado en la terminología griega: polis, polies, políticos, político y politeia en su traducción latina e incluso a su desarrollo medieval. Es erróneo traducir polis por ciudad-estado y “peor todavía, por Estado”.

Por su parte, Umberto Cerroni en Introducción al Pensamiento Político14 menciona que, si bien es cierto, en la antigüedad se generaron obras expresamente dedicadas al pensamiento político y a los problemas de la convivencia humana, no es hasta El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que ya puede hablarse de ciencia política, concebida como una ciencia moderna con carácter autónomo y sistemática propia.

Para Cerroni, la constitución de la política como ciencia autónoma está íntimamente condicionada por la formación de un determinado tipo histórico de sociedad. El genio de Maquiavelo, afirma el autor, es haber comprendido a la política como una sección autónoma de la vida social “mucho antes de que se integraran los lineamientos de la distinción moderna entre sociedad y Estado”.

Para concluir, el aspecto del contexto temporal diremos que el concepto de política que tenían los antiguos es diferente, afirma Cerroni,15 respecto del concepto moderno, tanto por el aspecto autónomo de este último frente a disciplinas como la ética, la religión y la moral, como por la forma de abordar de manera sistemática el objeto de conocimiento.

Ahora bien, el segundo elemento consiste en extraer de las diferentes definiciones de política todas aquellas que pueden ser comunes en su contenido. De esta manera, el vocablo político, deriva etimológicamente de la palabra griega polis o ciudad.

Aristóteles, en su obra Política,16 estudió las formas de gobierno de aquella época. El estagirita concibe a la política como una dimensión referida al gobierno de la polis, pero necesariamente un gobierno prudente, ético y comprometido con el bien común.

El término política puede entenderse como la lucha por el poder, como sugiere una corriente psicológica. La palabra política también se ha empleado “durante siglos para denominar la esfera de la actividad humana que se relaciona con las cosas del Estado, sin embargo, en la edad moderna perdió su significado original que fue sustituido por otras expresiones como ciencia del Estado, doctrina del Estado, ciencia política, filosofía política, etcétera”.17

Para el ginebrino Jean Jacques Rousseau la política consiste en el orden, defensa y justicia para lograr la mejora y la unión de un grupo social determinado. También la política ha sido entendida como una actividad relacionada con la conquista del poder, pero con un ineludible contenido ético, como señala Aristóteles.

Por su lado, Thomas Hobbes, autor del Leviatán,18 afirma que la política es el orden correcto de la sociedad; en cambio, Maurice Duverger19 sostiene que la política es la lucha de poder, pero también es el elemento de integración social, por ello, este autor, citado por Carina Gómez Fröde, postula que es una esencia ambivalente que varía según las épocas, las circunstancias y los países.

La política está relacionada con el ejercicio del poder, del Estado y las formas de gobierno desenvueltas bajo un orden jurídico y con la finalidad integradora que debe perseguir el bien común. En sentido estricto se refiere a la relación entre el poder y el Estado, en cambio, en sentido amplio, abarca lo relativo a la determinación de la conducta ajena y así tenemos a la política económica, política social, política pública, política educativa, política ambiental, política anticriminal, entre otros.

Concluyendo, los elementos comunes que observamos de las distintas definiciones es que política se refiere al poder, al arte de gobernar, a la conducta humana en sus relaciones de gobernantes y gobernados, pero también tiene que ver con las decisiones colectivizadas y el aspecto organizativo de una sociedad en su esfera pública o privada.

El tercer elemento a considerar en nuestra aproximación al concepto de política es el que se refiere a las diferencias entre política y la moral, la economía, el derecho, la sociología y la ética, todas ellas fuertemente cohesionadas en el rubro de las ciencias sociales y la filosofía política, pues como autores sostenemos que sin ética no existe la política ni la filosofía política, pues esta exige contar con valores morales.

En efecto, la moral (en lo general y teórico, como menciona Adam Smith con su Teoría de los sentimientos morales de 1751) y la ética (en lo personal) tienen que ver con la conducta humana de cada ser, pero, salvo lo que sostiene Aristóteles, la política se interesa en las relaciones humanas que impliquen poder externo bajo un orden normativo o fáctico, mediante la fuerza para determinar la conducta ajena de manera legítima o ilegítima, racional o irracional, consentida, o bien sin su consentimiento.

Por su parte, el derecho si bien es un mandato que se impone, difiere de la política, ya que el campo del primero está acotado por la normatividad aceptada deónticamente por la sociedad mediante procesos representativos que legitiman el uso del mandato y la fuerza pública o violencia legal. La política puede ser fuerza sin mandato constitucional o sin representación legal, conocida en concreto como “pragmática”, de acuerdo con Otto von Bismarck, llamada (en alemán) “real politik”.

En relación a las diferencias entre política y sociología advertimos diferentes objetos de conocimiento en cada una. La sociología, nacida a raíz de la Revolución francesa,20 se preocupa por el análisis y explicación de la realidad social en sus diferentes manifestaciones y en la interacción de sus integrantes; en cambio, la política también se ocupa de relaciones sociales, pero en su dimensión específica de relaciones de poder, formas de gobierno, bien común y decisiones colectivizadas.

Históricamente el pensamiento antiguo ya se preocupaba de aspectos sociales, mezclados con elementos políticos, religiosos, familiares, legales, éticos, económicos, pedagógicos, estratégicos, etcétera. Pero la evolución del propio pensamiento y la consecuente complejidad de las realidades sociales incentivadas por la crisis y los cambios de paradigma —un ejemplo es la Revolución francesa— impulsaron al conocimiento a niveles de sistematización y reflexión que hicieron surgir ciencias como la sociología, propuesta por Augusto Comte, misma que libró una dura batalla para alcanzar su autonomía y su específico objeto de conocimiento, diferente a las otras ciencias sociales hermanas.

Asimismo en el nivel diferencial, como objeto de estudio la política está encaminada a obtener un conocimiento explicativo del Estado, da vida a lo que se conoce como Ciencia política; en tanto que como actividad práctica, conocida como Arte de la política que realizan los gobernantes y gobernados interactuando en sus ámbitos a través de programas, reglas, estrategias, acciones y movimientos. En el primer aspecto, es decir, como ciencia política, el conocimiento se desenvuelve en disciplinas fundamentales, especiales y auxiliares (enciclopedia política) y, de este modo, la relación fundamental se encuentra en la filosofía política, la historia política y la ciencia crítica del Estado; en las especiales tenemos a la sociología política, la economía política, el derecho político y la pedagogía política.

En suma, como disciplinas auxiliares destacan aquellas que se refieren a estudios de los diversos elementos del Estado como la población o el territorio y así, encontramos a la geografía política, la economía política, etcétera.

Con relación al segundo aspecto, como actividad práctica denominada “política aplicada”, encontramos puntos de vista adoptados por el Estado frente a diversos problemas sociales, como el caso del fenómeno criminal que implican acciones, criterios, leyes, armamento, instrucción, capacitación, organización, disciplina, honestidad, actitudes e instrumentación de planes y programas para poner en movimiento la voluntad política del Estado bajo estrategias concretas, transparentes o incluso emergentes que puedan abatir el problema social específico.

En el análisis de los tres elementos desarrollados podemos concluir que el concepto moderno de política es diferente del concepto que se tenía antes de Nicolás Maquiavelo, pues —en la Antigüedad— la idea de la política se encontraba enraizada con la ética y con la religión, sin embargo, el concepto moderno21 reconoce a la política como disciplina autónoma con sistemática propia, cuyo objeto de conocimiento es el ejercicio del poder en ámbitos públicos, privados y sociales, pero sustentado generalmente en decisiones colectivizadas.

1.2 El concepto de teoría

Resulta pertinente para nuestro desarrollo precisar el concepto de teoría, ya que permite “integrar dinámicamente los elementos de lo teórico, metodológico, axiológico y epistémico”.22

También es “mirar detenidamente, profundamente, con atención concentrada”,23 sin embargo, la palabra teoría es polisémica, es decir, hoy se le atribuyen diversos significados. Es conveniente acotar el significado que mayor relación tenga con la naturaleza de nuestro trabajo para evitar interpretaciones forzadas o ambigüedades. En efecto, el autor González Uribe24 señala en su reconocida obra Teoría política, que en el campo de las ciencias y las humanidades la palabra teoría tiene cuatro sentidos: a) teoría como opuesta a práctica; b) teoría opuesta a la hipótesis; c) teoría opuesta a la doctrina y, d) teoría como sinónimo de especulación o meditación.

En el primer aspecto, la teoría se comprende como el conocimiento puro de mera reflexión o contemplación que se contrapone a la práctica, es una actividad con resultados tangibles y exteriores. La teoría agrupa los llamados principios, postulados, problemas, hipótesis, fórmulas y reglas; en cambio, la parte práctica implica el cómo hacer para obtener un fin exterior, objetivo e inmediato, es decir, la técnica.

También lo teorético en el campo de las ciencias naturales y humanidades, representa un grado más unitario, aproximado a la explicación de los hechos que permite descubrirlos y con ello presentar una confirmación plena; en tanto, la hipótesis es el establecimiento de supuestos hechos mediante la observación y la experimentación, pero sin excluir ni discriminar ninguna explicación, por lo que no es más que una simple aseveración o negación que, desde luego, es útil para avanzar en el conocimiento del objeto o problema de investigación. En el plan humanístico, jurídico o económico social, menciona González Uribe, la palabra teoría no tiene una acepción rigurosa y más bien debe entenderse como sinónimo de una “opinión bastante probable, cuya validez depende de la fundamentación en los grandes principios del ser y del conocer, de su ajuste a las reglas de la lógica y de su conformidad con los hechos de la experiencia”.25

En el tercer caso, la palabra teoría es lo contrario a doctrina, pues mientras teoría es una consideración objetiva acerca de los hechos y verdades, la palabra doctrina implica la toma de posición frente a esos hechos y verdades. La teoría puede preparar a la doctrina, pero esta última advierte un juicio de valor preponderante frente a otros valores.

Por último, la cuarta significación de teoría es reconocida como sinónimo de especulación o meditación, como lo entendía el pensamiento de Aristóteles, pero en la actualidad la teoría —siendo penetración abstracta— se ha amplificado hacia la fundamentación cognitiva o epistémica del ser y de los entes. La teoría es:

Una visión profunda y atenta de la realidad, con un sentido de abstracción y generalización y un intento sostenido de objetividad y de conexión sistemática y coherente de los hechos y de las verdades. Estas notas características permiten distinguirla de la acción moral, de la creación técnica y artística, de la hipótesis científica y de la doctrina.26

Ahora bien, estimamos que este último significado es el que puede orientarnos en la línea de esta obra de políticas públicas agrupadas integralmente para combatir y prevenir la criminalidad moderna.

Por consiguiente, con las aproximaciones conceptuales anteriores ya podemos referirnos a ese cuerpo cognitivo, como lo son las teorías políticas relacionadas con el núcleo de nuestra investigación y que han sido desarrolladas y expuestas por verdaderos gigantes del pensamiento, preocupados por encontrar explicaciones y respuestas a fenómenos como las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados. En este repaso tomamos en cuenta las diferentes formas que se asumen en el devenir histórico de la humanidad, así como ese lado oscuro que es la criminalidad, sin dejar de lado la advertencia que nos aporta la maestra Carina Gómez Fröde al afirmar:

La Teoría Política es el esfuerzo para hallar el mejor modo de organizar la vida de los seres humanos que viven en un proceso histórico. No puede llegar nunca a conclusiones finales porque el ambiente en que vivimos está en continuo cambio, en parte por un incontrolable y natural proceso y en otra por el aporte del esfuerzo humano. Debemos recordar que no es posible controlar todas las fuerzas de la naturaleza.27

En síntesis, con las anteriores referencias podemos adelantar dos ideas para el análisis que haremos del pensamiento de los grandes teóricos: la teoría política es la visión reflexiva enfocada al ámbito que determina la conducta humana y fundamentalmente se refiere a la actividad de gobernantes y gobernados en su dimensión social y sus relaciones de poder, bajo un orden jurídico y con miras a realizar valores aceptados o impuestos. La política anticrimen moderna será entonces la voluntad del Estado, gobierno y sociedad expresada en ideas, acciones, normas, instituciones,28 medidas y programas. En México, todo ello está constitucionalmente dentro de un contexto jurídico garantista, encaminado a evitar y sancionar todas aquellas conductas que se consideren antisociales, ya sea por que afecten valores de la sociedad y del individuo, o bien, porque atenten contra valores propios del Estado reconocidos en el ordenamiento penal.

1.2.1 Platón

Es uno de los más grandes atenienses de todos los tiempos. Algunos autores señalan que pertenecía a una familia noble y nació en el año 427 o 428 a. C.: “En el primer año de la olimpiada 88, séptimo de Targelión, día que los habitantes de Delos creen que nació Apolo”.29

Platón de Atenas era hijo de Aristón y de Perictiona o Potona, tenía dos hermanos, Adimato y Glaucón y una hermana de nombre Potona. Uno de sus abuelos se llamaba Aristocles y se dice que ese fue el verdadero nombre de Platón. Cultivó la poesía, aunque veremos después que fue muy crítico con los poetas, gustaba de la pintura y la escultura. Las bastantes obras escritas que legó a la humanidad las realizó con una prosa admirable gracias a su talento y esfuerzo intelectual que marcó un antes y un después en el pensamiento griego de su tiempo.

Platón nos señala Bryan Magee, tenía 31 años en el 399 a. C. cuando su maestro Sócrates fue condenado a la pena capital, a beber la cicuta, hierba que paraliza al sistema nervioso. Este acontecimiento dejó en Platón una huella indeleble que se convierte en una motivación para escribir una serie de diálogos, en los que Sócrates es el protagonista. En esta primera etapa sus escritos tienen como propósito reivindicar la memoria de su maestro quien como personaje aparece “interrogando y confundiendo a sus interlocutores acerca de los conceptos básicos sobre la política y la moral”.30 Durante los 81 años que vivió Platón, el contexto histórico, social y político de Grecia sufrió cambios, derivados, sobre todo, de las guerras de Atenas con sus vecinos, particularmente la Guerra del Peloponeso con Esparta. Además, las políticas implementadas por gobernantes como Pendes y Solón eran motivo de crítica por parte de los sectores más conservadores. Estos sin duda fueron acontecimientos que hicieron reflexionar a Platón acerca de la política y de los gobernantes, pues éstos se alejaban cada vez más de aquellas tradiciones de cientos de años transcurridos desde la época primigenia de la organización tribal, pasando por la época de los reyes, la época del coloniaje, para llegar a la época de los tiranos y, con ellos, al siglo de Pericles, cuyo gobierno fue considerado como una época democrática y de esplendor de Atenas.

Naturalmente, de Platón se han escrito innumerables obras, pues la estatura de su conocimiento y la feliz circunstancia de que se hayan conservado sus trabajos, producto de 50 años de labor titánica, ha permitido a las generaciones posteriores leer y reflexionar temas que siguen siendo importantes para todos los que buscan el conocimiento de profundos problemas existenciales. Estos temas están relacionados con el deber ser, la felicidad, la ciencia, el alma, las virtudes, la belleza, el devenir del hombre, el Estado y, por supuesto, la política, que motivó a Platón para escribir otras obras en su época ya madura y nunca dejó de considerar a la política como una disciplina ligada a la moral y a la educación de los atenienses.

También es importante señalar que el pensamiento de Platón difícilmente se puede entender si no se confronta o relaciona con aquellas ideas, teorías y pensamientos de los filósofos que le precedieron y que se identifican como presocráticos: Parménides, Anaxágoras, Protágoras, Tales de Mileto, Heráclito y, por supuesto, Sócrates. Estos filósofos griegos fueron luminarias que marcaron un antes y un después en el pensamiento griego, tradicionalmente basado en mitos y en el pensamiento mágico o mitológico.

Tratando de dar una secuencia a la magna obra de Platón, algunos autores señalan que si se sigue el análisis conceptual y de estilo es posible proponer el orden siguiente: Diálogos Socráticos, Diálogos Polémicos, Diálogos Dogmáticos, Diálogos Apócrifos y Cartas.

De la primera etapa se destaca el diálogo Fedro en el que Platón “está en esa época de la vida en que la imaginación impide el paso al razonamiento y en la que las concepciones del genio todavía no pasan por la prueba de la reflexión”.31 La muerte de su maestro Sócrates fue, sin duda, una motivación para que Platón tratara de reivindicar el pensamiento profundo de el considerado como el más sabio y el mejor de los hombres.

Posteriormente, inicia una segunda etapa que corresponde a una vida agitada en la que su pensamiento adquiere una personalidad propia de índole crítica y polémica, sobre todo en el campo de la metafísica. De esta época son los famosos diálogos Teetetes, Parménides y El Sofista, donde los temas son refutatorios y críticos para poner en evidencia tanto las definiciones de la ciencia, como la insuficiencia de los conceptos de ser y de unidad.

Finalmente, la tercera etapa se inicia dentro de la Academia de la cual Platón fue fundador “traza las líneas de su propia filosofía y escribe diálogos especialmente vastos, serenos y profundos, en los que dice la última palabra sobre la Naturaleza, la Divinidad, el Arte de educar y gobernar a los hombres”.32 Ahora bien, la perspectiva de nuestro libro relacionado con el pensamiento político, advierte que Platón siempre tuvo sumo interés por la política de su tiempo e incluso la oportunidad de vivir de cerca el ejercicio del poder, lo que le causó problemas personales por la forma arbitraria y decepcionante de la realidad a la que se enfrentó en Siracusa (fue vendido como esclavo) y en la propia Atenas, vivía tiempos turbulentos, donde las fuerzas representativas de las clases sociales estaban en una pugna por el poder.

Probablemente el propio pensamiento profundo y filosófico de Platón, lo encaminó a desarrollar la idea de un gobierno o comunidad política ideal de tipo clasista, en la que los sabios o filósofos deberían gobernar por encima de otras clases como guerreros, labradores y artesanos. La importancia que la política tenía para Platón se confirma en sus obras la República y Las Leyes, pues son los diálogos más extensos. La mejor ordenación “de la sociedad y la justicia son su principal preocupación, por eso se le ha considerado como un verdadero filósofo del derecho y de la política”, existiendo solamente una forma superior: la de los filósofos. Al tratar las ideas de Platón, nos señala el investigador Carlos García Gual, conviene advertir que “Platón es mucho más que un pensador político”.33

Si bien el pensamiento de Platón no puede entenderse fuera del sistema filosófico que construyó de manera crítica y asombrosa, encontraremos que para Platón, la política está indisolublemente ligada a la ética y a la educación del ciudadano ateniense, por eso las interpretaciones de su pensamiento son variadas y polémicas. En efecto, Fernando Larroyo en su acucioso estudio nos dice lo siguiente sobre la obra República: es un tratado de filosofía política en el que echa mano de la filosofía entera.34 Por su parte, García Gual, elabora algunas precisiones filológicas acerca del título: “La obra que Platón tituló Politeia que significa constitución de la Polis o régimen político y que solemos traducir como República por influencia del vocablo latino res pública”.

Finalmente, es importante mencionar las obras Político y Las Leyes, pues en ellas también vamos a encontrar parte de su pensamiento político ya en madurez, aunque las ideas básicas seguirán presentes, como la preocupación de la educación de los gobernantes y la búsqueda incansable de la justicia, la paz para la sociedad y las personas. Platón, el discípulo más destacado de Sócrates, fallece en el año 347 a. C. dejando un legado invaluable para la posteridad.

1.2.2 Aristóteles

Considerado como uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, Aristóteles de Estagira, Macedonia, dejó como legado para la humanidad un cuerpo de conocimiento de la más variada índole. Incursionó en las ciencias naturales, clasificó los campos del conocimiento, impulsó como método la observación, elevó la importancia de la experiencia en la búsqueda del conocimiento, fue maestro de Alejandro Magno,35 creó la lógica formal y cuestionó la teoría de las ideas de su maestro Platón afirmando: “Quiero a mi maestro, pero más a la verdad”.

Fundó la escuela denominada Liceo, fue estudioso de la retórica, ética, física, psicología, antropología, metafísica, estética, política, en fin, fue un humanista a quien se le conoce como la vox naturae, es decir, la voz de la naturaleza y como “el maestro de aquellos que saben”, dicho por el poeta Dante Alighieri, de acuerdo a la cita que hace Bryan Magge en su Historia de la Filosofía.36 En el campo de la política, Aristóteles se ubica como un filósofo práctico,37 ya que su pensamiento está dirigido a la consecución de valores y de un bien específicamente humano. Para él, ética y política se encuentran unidas, pues el hombre siendo un animal político no puede entender su conducta, sino en el seno de la polis, es decir, de la ciudad o del Estado. Así, la ética y la política son campos recíprocos que se complementan, pues la segunda legisla sobre lo que debe hacerse y lo que debe evitarse, es decir, implica los conceptos bueno, justo, bien común, acción política, polis, educación, gobierno e incluso la familia.

El pensamiento político de Aristóteles se encuentra básicamente en su obra Política, que es considerada una obra de excelencia, pero no exenta de críticas. En dicha obra se encuentran los fundamentos de la ciencia y la economía políticas, cuyo fundador también fue Aristóteles. Es notable como analiza al Estado tanto en su forma estática como dinámica, así como sus formas genuinas y sus desviaciones “o dicho de otro modo la fisiología y patología del organismo político”.38

Aristóteles desarrolla la teoría de las revoluciones y la teoría de la división de poderes, con lo que se adelanta al pensamiento de Montesquieu. Destaca, desde luego, la finalidad que le asigna Aristóteles al Estado como formador de un tipo de hombre superior en lo moral y en lo intelectual, a través de la función educativa y la justicia social, pues el Estado debe ser, ante todo, educador de las nuevas generaciones.

La obra de Aristóteles aborda diversos temas relacionados con la familia en su aspecto patrimonial, el gobierno y su organización, la situación de la ciudadanía, las causas que motivan las revoluciones, las formas ideales y desviadas de gobernar, la importancia de la verdadera democracia y también lo relativo a la educación de los jóvenes.

Los anteriores temas de índole político tienen que entenderse a la luz de dos ideas rectoras en el pensamiento aristotélico: la búsqueda del bien común y segundo, la formación ética de los gobernantes y las personas en general.

Esta visión de Aristóteles,39 la explican algunos de los estudiosos de su pensamiento, quienes afirman que la obra Política, no es sino la segunda parte de la Ética a Nicómaco en la que se desarrollan temas como el bien, el mal, el justo medio, las virtudes, la felicidad, etcétera; por ello, es dable concluir que, para Aristóteles, el camino individual debe ser el desarrollo de las virtudes y para el Estado, la obligación es crear las condiciones para que el hombre alcance su plena realización y felicidad.

Bajo las anteriores consideraciones, se entiende que el arte de gobernar estaba fuertemente impregnado en la conducta debida o ética pública por eso sus obras Ética a Nicómaco y Política,40 tienen una unidad radical. "Ahora lo vemos con perfecta claridad",41 como afirma Antonio Gómez Robledo, la política es la realización de la ética en el pensamiento aristotélico.

Por otro lado, es innegable que el pensamiento de Aristóteles sigue siendo fuente de conocimiento y reflexión, particularmente en lo relativo al aspecto ético de la conducta. El comportamiento que no se ajustaba a las costumbres y a las leyes de la ciudad-estado griega, era una causa distorsionante de la armonía y la justicia que, por naturaleza, deben prevalecer en toda sociedad bajo la idea que se tenía del bien común y la felicidad individual.

1.2.3 Marco Tulio Cicerón

Marco Tulio Cicerón nació en el poblado conocido como Arpino, Italia, el 3 de enero de 106 a. C., el lugar era la ciudad donde nació Cayo Mario, primer cónsul y después magistrado; los habitantes de esa localidad pertenecían a la gens Cornelia.

Cicerón, conocido como el príncipe de los oradores, comenzó su educación con las enseñanzas de su padre y su abuelo, para después trasladarse a Roma y ahí continuar sus estudios. En Roma, nos expresa el historiador Javier Cabrero Piquero,42 sus maestros de oratoria fueron Marco Antonio y Lucio Licinio Craso. Recibió lecciones de Quinto Mucio Escévola, uno de los jurisconsultos más importantes de la época.43

Cicerón cumplió con sus deberes militares y participó en la guerra bajo las órdenes de Pompeyo Estrabón. Cuando regresa de la guerra empieza sus estudios en filosofía con Filón de Larisa, un filósofo griego refugiado en Roma. Para la edad de 26 años, Cicerón ya tenía estudios firmes en filosofía, literatura, jurisprudencia, por ello, cuando se presentó la ocasión de defender a una persona acusada de parricidio, hace una gran defensa logrando la absolución de su defendido, aunque esta acción lo enemistó con un personaje político muy influyente llamado Lucio Cornelio Sila. Esto provocó que Cicerón —temiendo una venganza— emprendiera un viaje a Grecia, que aprovechó para estudiar la cultura de ese pueblo.

Seguramente el contacto que tuvo con la antigua cultura griega, lo motivó para sus estudios en filosofía y para formarse una ideología política, que le permitió afrontar los difíciles tiempos en que los factores de poder eran violentos y cambiantes. Es cierto que empezó con un acercamiento a las causas populares, que se enfrentaban a la fracción de los optimates capitaneados por Lucio Cornelio Sila y otros miembros aristócratas, sin embargo, a su regreso de Grecia, Cicerón modera su posición política advirtiendo la influencia de los aristócratas, sin aceptar del todo el pensamiento de estos, intenta conciliar intereses opuestos y empieza a tomar decisiones pragmáticas como apoyar a Pompeyo y a los llamados triunviros.

Tras sufrir un exilio en el año 57 a. C., piensa lo difícil que es luchar contra el poder y decide apoyar abiertamente a los triunviros. En filosofía política, explica Rafael Santoyo Velasco, “retoma el universalismo estoico y se identifica con una gran sociedad de hombres de bien. El fin del Gobierno es el bien del pueblo”.44

En Cicerón podemos encontrar a un defensor de la propiedad privada y un antecedente del liberalismo y la teoría del valor en términos de economía política. Para él, la característica de la tiranía es el ejercicio injusto del poder ya poseído; nada es útil cuando no es al mismo tiempo honesto. Su obra es abundante, por lo tanto, la clasificación que hacen algunos autores comprende cuatro grandes bloques: Cartas, Discursos, Oratoria y Obras filosóficas. Las Cartas ofrecen datos de los sucesos en Roma en el momento que vivió Cicerón; por su parte, los Discursos fueron muy numerosos y tratan sobre los asuntos más diversos; las obras de Retórica datan de la juventud y madurez de Cicerón; en cambio, las Obras filosóficas las empieza a cultivar a partir de la muerte de su hija Tulia.

En sus obras destacan, por su elocuencia, las Catilinarias que tuvieron como contexto las conjuras capitaneadas por un antiguo partidario de Sila, Lucio Sergius Catilina, eterno contrincante y enemigo político de Cicerón. Catilina primero fue expulsado de Roma, pero continuó en su intento de tomar el poder; fracasó en varios intentos y, finalmente, fue derrotado en Pistoia, perdiendo la vida en el enfrentamiento.

Las Filípicas —discursos contra Marco Antonio a quien calificaba de bandido, borracho, adúltero, dilapidador de fortunas e incluso pederasta— son 14 los discursos conocidos y todos ellos dan cuenta de los sucesos en los que fue asesinado Julio César con motivo de una conjura, así como de las terribles consecuencias que trajo la ausencia del César y la ambición de quienes buscaban sustituirlo, entre ellos Marco Antonio, Pompeyo y Lépido.

Igualmente destaca la obra De la república que, como se dijo, revela la influencia de la obra de Platón así nombrada, aunque el término correcto es Politeia, ya que hablar de república en tiempo de Platón no es contextualmente correcto.

Cicerón, conforme a Javier Arce, “está siempre en el centro de la discusión y de la explicación de las teorías sobre las ideas políticas de los romanos”,45 este reconocido protagonismo se ve justificado con su obra o tratado conocido comúnmente como De la República aunque se le conoce también como Sobre la República e incluso con otros títulos, donde expresa su opinión sobre las formas de gobierno, las constituciones, la moral y deberes del gobernante, la justicia, las costumbres e incluso, temas de culto religioso, ético y divino.

El tratado De la República tiene como referencia las obras de Polibio y del pensamiento griego, que tan bien entendió Cicerón debido a su estancia en Grecia y a sus estudios de la cultura y filosofía griega. La fecha de redacción de esta obra se sitúa en el año 54 a. C., así se desprende de una carta a su amigo Ático y otra al hermano de Cicerón, de nombre Quinto, en la que les comunica que está escribiendo dicha obra y le está costando mucho esfuerzo.

En esta obra, escrita como diálogo, encontramos un contexto políticamente cambiante, violento y lleno de intrigas, pues los personajes que ostentaban el poder eran César, Pompeyo y Craso, quienes confiaban en su liderazgo personal para someter a las organizaciones republicanas —entre ellas al senado— dado que cada uno de ellos, eran un factor real de poder, como jefes militares, . De nada sirvió la reunión de estos tres líderes en la primavera del año 56 a. C., en la población de Lucca, pues al poco tiempo con la muerte de Craso en la batalla de Carras, en el año 53 a. C., se rompió el aparente equilibrio de estos famosos triunviros.

Desafortunadamente, el texto completo del tratado De la República no se ha localizado hasta la fecha, por lo que solamente se cuenta con una parte y con las referencias de otros escritores antiguos. Lo que se conserva basta para “que se pueda confirmar, con conocimiento de causa, la opinión generalmente acreditada en los tiempos antiguos acerca de que esta era la obra más perfecta de Cicerón”.46

Se infiere que el famoso tratado De la República constaba de seis libros: el primero dedicado a las diferentes formas de gobierno; el segundo contenía la historia de la constitución de los romanos desde Rómulo; el tercero hablaba de la política y su entramado con la moral (discurso de Lelio sobre la justicia); el cuarto al parecer hablaba de las costumbres; el quinto de las reglas de gobierno y los deberes del hombre político y el sexto trataba, según se infiere de fragmentos, de la religión y de la vida inmortal (el sueño de Escipión).

¿Qué tanto influyó la obra de Cicerón en el pensamiento de Octaviano Augusto? El papel del primer emperador romano es todavía polémico, pues si bien Cicerón siempre se inclinó por una estructura mixta de gobierno, seguramente influenciado por Polibio y la Constitución de Licurgo. Lo cierto es que Augusto construyó, en la realidad política y social, una estructura con matices diferentes al pensamiento político de filiación griega, según puede advertirse de su obra intitulada Res Gestae, que es el testamento político de Octaviano Augusto quien encarnó la figura novedosa conocida como Princeps.

Cicerón, orador, jurisconsulto, político notable, filósofo, heredero de las ideas griegas, fue asesinado por los sicarios que envió Marco Antonio, “quienes tras darle muerte el siete de diciembre del 43 a. C. le cortaron las manos y la cabeza, que fueron expuestas en los restos del foro romano a modo de trofeo”.47

1.2.4 San Agustín

Aurelius Augustinus, conocido como san Agustín, obispo de Hipona, es considerado uno de los filósofos y teólogos pilar de la filosofía cristiana y “tal vez el filósofo más importante entre Aristóteles y Santo Tomas de Aquino, en un periodo de casi 1 600 años”.48 Africano de raza y romano de cultura, escribió en lengua latina una diversidad de obras como Confesiones, Retractaciones, De la Vida Feliz, Sobre la Trinidad, La Ciudad de Dios, Diálogos, entre otros en los que plasma una preocupación constante por encontrar respuestas profundas a temas como el tiempo, la muerte, la razón, Dios, el conocimiento, la voluntad, el amor, la existencia, así como temas de carácter religioso como la predestinación, el pecado original, la gracia divina, la maldad, con lo cual “no siempre es fácil saber dónde termina la filosofía y donde comienza la teología”.49

El pensamiento de san Agustín se identifica con las ideas de Platón y Plotino a tal grado que puede considerarse una síntesis del pensamiento griego y del cristianismo. No existe esa identificación con el propósito de Aristóteles, a pesar de que no hay duda que san Agustín tuvo acceso a las lecturas de ese filósofo cuando estudió en Cartago. Su pensamiento religioso, de acuerdo con su obra Confesiones, considerada como autobiografía,50 fue primeramente maniqueísta, es decir, seguidor de las ideas del persa Maní quien sostenía la existencia de dos fuerzas básicas: el bien y el mal.

Posteriormente, san Agustín va a tomar una posición identificada con la doctrina de los escépticos para, más adelante, dar un giro y adoptar la religión cristiana, enriquecida con las ideas de Platón y Plotino, que en una asimilación de conceptos lo llevan a la construcción de un cuerpo de conocimiento teológico sobre elementos como la razón, la gracia divina y la predestinación.

Por otra parte, lega al mundo su obra De Civitate Dei, iniciada hacia el año 417 en la que toma como tema inicial el proceso de descomposición social y política de Roma y las invasiones de los godos para principalmente desarrollar una defensa de la religión cristiana sustentada en el dogma de la providencia y, para ello, emprende un análisis de la historia antigua y dará una interpretación de contenido religioso en donde se habla de una creación divina, una caída o pecado original y un juicio final inapelable para la raza humana.

En su obra La Ciudad de Dios, plasma su pensamiento respecto a temas políticos como la conducta civil, la pena pública, las causas de la guerra, la tolerancia de culto, la moderación de la riqueza y la solidaridad humana, entre otras. Esta magna obra fue escrita a lo largo de 14 años (nació en 354 d. C.) y, generalmente, se acepta que su contenido se puede dividir en libros, de los cuales los cinco primeros se refieren a la mencionada defensa de la religión cristiana; los siguientes cinco libros contienen argumentos dirigidos a demostrar las opiniones erróneas respecto de las divinidades paganas y, finalmente, los 12 libros restantes cuentan el origen de las dos ciudades: la de Dios y la del mundo, su desarrollo y los fines asignados por el creador.51

Desde un punto de vista histórico la obra de san Agustín es importante por sus referencias a la historia antigua y, desde un punto de vista de política anticriminal, advertimos que san Agustín, sin rechazar el castigo público de conductas antisociales, le da prioridad al aspecto de la salvación del alma y del arrepentimiento de los pecados, es decir, su discurso tiene más que ver con una idea religiosa de la lucha entre el bien y el mal, que con causas enteramente de carácter social o político.

1.2.5 Santo Tomás

Nace en 1225 en una provincia de Nápoles, fue hijo de Landolfo de Aquino y de Teodora de Teate. Por ambas ramas, la materna y la paterna, se encontraba emparentado con la nobleza de esa época tanto con las familias reales de Francia y España como con los Hohenstaufen de Alemania. A la edad de cinco años su padre lo mandó al monasterio benedictino de Monte Cassino, cuyo abad era su tío Candolfo Sinibaldi. Posteriormente, en 1236 pasó a la Facultad de Artes de Nápoles para estudiar gramática y lógica. Allí tuvo contacto por primera vez con las doctrinas de Aristóteles, entonces recién introducidas en occidente por los árabes.

Contra la opinión de sus padres, abrazó la carrera eclesiástica e ingresó a la orden de Santo Domingo, donde completó su noviciado y se trasladó a París para comenzar sus estudios de teología. Se ordenó como sacerdote en 1251 y su opúsculo Sobre el Ser y la Esencia que data de esa fecha o un poco después “contiene los más fundamentales principios metafísicos sobre los que descansa todo su pensamiento filosófico”.52

Tomás de Aquino siempre estuvo ligado a los procesos de enseñanza y gustaba de la cátedra y del magisterio y, para ello, se introdujo en el conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras y el pensamiento de Aristóteles. Ambos permitieron la producción de su obra magna Suma Teológica y las confrontaciones con las diversas doctrinas filosóficas en diversos tópicos de carácter metafísico e incluso interpretaciones de la palabra de Dios. Considera que el valor amistad era prioritario como la búsqueda de la verdad mediante el estudio, la tolerancia a las opiniones contrarias y la fe en la gracia de Dios que todo mortal necesita para elevarse en el plano espiritual, según afirma en sus opúsculos como Sobre la Eternidad del Mundo, Substancias Separadas, Compendio de Teología, Generación y Corrupción, entre otras.

Tomás de Aquino fue un incansable maestro, predicador y escritor, sin embargo, desde 1273, agotado y con el ánimo decaído, dejó de escribir para caer en un estado de postración que no le impidió intentar asistir al concilio de Lyon, pues el papa Gregorio le había pedido que asistiera: “Allí falleció (en Posannova) en la madrugada del 7 de marzo de 1274, con plena serenidad y conciencia. A su lado estaba Reginaldo”.

El pensamiento de Aquino, relacionado con nuestro objeto de investigación, presenta, desde luego, tópicos muy interesantes desde la óptica de la conducta humana, con su elemento de divinidad e igualmente lo relativo al ejercicio del poder, cuyo estudio fue soberbiamente realizado en su vasta producción literaria, particularmente los apartados denominados Tratado de la Ley, Tratado de la Justicia y El Gobierno de los Príncipes.

En efecto, el pensamiento que Santo Tomás tenía del ser humano era complejo. Creía que toda personalidad tenía una fisonomía compuesta de materia y espíritu, pero que su origen y fin es, sin duda, la verdad y Dios. El universo es ante todo el mundo de Dios y de los hombres, pero el universo de las cosas es la arena o lugar en donde el espíritu humano lucha en su búsqueda por la verdad. La esencia del hombre, dice santo Tomás, se da por la unión de la materia y el espíritu, sin embargo, su actividad debe encaminarla al bien y a la verdad para conocerse a sí mismo.

El hombre debe conocer su proyecto de vida, pero ese proyecto en gran parte le ha sido dado por el creador, aunque, a diferencia de las cosas que carecen de conciencia, el hombre debe hacer su propia historia, pues para eso tiene libre elección. Es cierto que la naturaleza humana es pecaminosa y débil, pero para eso la gracia de Dios y la revelación de la sabiduría de la “nueva ley” (Nuevo Testamento), vienen en auxilio del hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y, por lo mismo, no hay “alguno tan corrompido que del todo haya destrozado esa semejanza”. Para santo Tomás, la grandeza del hombre radica en su espíritu que debe amar al prójimo, ser caritativo y honrar la amistad, en cambio “el malvado considera lo sensible, material y meramente exterior como el valor máximo y por lo mismo no puede obrar rectamente”.

La segunda parte de la obra Suma Teológica se centra en el hombre con su condición terrena e histórica, pero orientada siempre hacia Dios. A su vez, se encuentra dividida en Prima Secundae y Secunda Secundae. La primera parte aborda lo relativo a la felicidad y a los principios del obrar humano con las pasiones, los hábitos tanto buenos como malos, o sea virtudes, vicios y pecados, en general, estos últimos inducidos por el elemento externo que nos inclina al mal debido a los ímpetus generales y al alejamiento de la razón y de Dios. En la segunda parte trata 189 cuestiones relacionadas con la virtud y sus vicios contrarios.

Así pues, para santo Tomás el ser humano tiene un componente divino que le permite usar la razón y buscar la verdad, pero al componerse de materia, tiene inclinaciones que lo apartan de la razón y del amor al prójimo. Por ello, es necesario la ayuda de la Gracia de Dios y la observancia de los preceptos contenidos en la ley divina, natural y positiva, particularmente las leyes del Decálogo, que es el núcleo esencial de la conducta humana.

Por otro lado, el pensamiento tomista respecto al ejercicio del poder, o sea la política, se sustenta en que todos tengan una parte en el ejercicio del gobierno y que todos observen la ley. Para santo Tomás, el mejor gobierno se organiza sobre la base de una dirección o presidencia única sobre los demás, es decir, era partidario de una sola autoridad que coordine todos los esfuerzos sociales para dirigirlos al bien común y no a los intereses particulares. Si se da lo primero será un régimen justo, pero si se da lo segundo se dará un régimen injusto. De cualquier manera, recomienda establecer controles por parte de los soberanos, quienes deben tener derecho a elegir a su rey y también a destituirlo cuando no responde a la fidelidad que se le ha otorgado. El rey bueno, dice Santo Tomás, debe gobernar rectamente y ganarse la amistad de sus súbditos pues el valor de la amistad es el más “alto que se puede encontrar entre los valores de la tierra”.53

El rey debe considerar que ha sido puesto por Dios para que ejerza en su reino la justicia y trate a todos con bondad buscando siempre el bien común y señalando a cada cosa orden y actividad propia como lo hace Dios con todas las cosas. El gobernante debe ser virtuoso y tomar en cuenta que los hombres van perdiendo su vigor y mueren, por eso, debe proveer lo necesario para no interferir las funciones asignadas; además, debe tomar en cuenta la maldad de los hombres y, por tanto, reprimir a los injustos y castigar a los transgresores. Finalmente, el rey debe proteger al pueblo de los enemigos externos del reino y debe mirar por el desarrollo de sus súbditos perfeccionando los medios y corrigiendo lo que está mal.

1.2.6 Nicolás Maquiavelo

Nació el 3 de mayo de 1469 en el seno de una antigua familia florentina, hijo de Bernardo del Niccolo Macchiavelli quien se desempeñaba como jurisconsulto y de Bartolommea dei Nelli; trabajó como funcionario, comenzó a destacar al proclamarse, en 1498, la República de Florencia. A los 25 años se le nombró secretario del gobierno Dei Dieci, encargado de la segunda cancillería de asuntos exteriores y guerra de la república. Realizó misiones diplomáticas ante el rey francés, también organizó las defensas militares de la República de Florencia. En el año 1512 los Médici retoman el poder, es privado de su cargo y encarcelado por conspiración; una vez puesto en libertad se retira a sus propiedades cercanas a Florencia, donde escribe sus obras más importantes Historias Florentinas, La Mandrágora, El Príncipe, etcétera.

Su obra más destacada es El Príncipe,54 que le acarreó fama de cínico amoral. En ella describe el método por el que un gobernante puede adquirir y mantener el poder político. Aunque nunca lo dijo, se le atribuye la frase “el fin justifica los medios”, ya que esta sentencia resume muchas de sus ideas.

A Maquiavelo se le considera como uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento, pues, con su aporte, abre camino a la modernidad en su concepción política y a la restructuración social. Tradicionalmente, se ha encontrado una aporía en el pensamiento maquiavélico como consecuencia de la difícil conciliación de sus dos obras principales: Discursos sobre la primera década de Tito Livio y El príncipe.55 De esta manera, no puede ser república duradera aquella en que no se satisface la opinión de la mayoría, pues al desentenderla, se arruina el régimen republicano.56

Para conocer a un ministro, dice Maquiavelo, hay un modo que no falla nunca: “Cuando se ve que un ministro piensa más en él que en uno y que en todo no busca sino su provecho, estamos en presencia de un ministro que nunca será bueno y en quien el príncipe nunca podrá confiar”.57 Nicolás Maquiavelo murió en Florencia el 21 de junio de 1527.

1.2.7 Thomas Hobbes

Thomas Hobbes vio la luz el 5 de abril de 1588 en Malmesbury, Wiltshire, Inglaterra. A los 14 años ingresa a Magdalen Hall de la Universidad de Oxford, gracias al apoyo de su tío Francis, que era su tutor; en 1608 se graduó de Bachiller y desde esa época ya tenía conocimiento de la filosofía escolástica y la lógica.

El nombramiento como tutor del hijo de William Cavendish, le permitió entrar al círculo de la nobleza y de las élites intelectuales. En 1610 realiza un primer viaje por el continente europeo y después de su estancia en Francia, Italia y Alemania regresa a Inglaterra donde se interesa por el estudio de los clásicos. Por el año de 1629, Hobbes realiza un segundo viaje por Europa, ahora en compañía del hijo de Sir Gervase Clinton, se interesa por la geometría y su aplicación a las cuestiones sociales y políticas. En 1631 lleva a cabo un tercer viaje en el que conoce a Descartes y a Pierre Gassendi.

En una estancia en Italia conoce a Galileo Galilei, que influye en la construcción del pensamiento de Hobbes de una filosofía política fundada en las ciencias naturales y la geometría. Cuando regresa a Inglaterra, el rey y el Parlamento mantenían una disputa, por ello, Hobbes hace circular secretamente un manuscrito titulado Elementos del Derecho en el que defiende la necesidad de una soberanía absoluta en favor del sistema monárquico.

En 1629 publica su traducción de la obra Tucídides, donde parece señalar los riesgos de la democracia. En 1640 motivado por la Guerra Civil en Inglaterra, Hobbes viaja otra vez a París y escribe Obsesiones a las meditaciones metafísicas de Descartes. En 1642 sale a la luz De Cive, que trata de una teoría sobre el gobierno; en 1646 todavía en París y como tutor del príncipe de Gales, futuro Carlos ii, publica la segunda parte de De Cive.

En 1651 se edita su obra cumbre Leviatán, en la que desarrolla diversos tópicos relacionados con la naturaleza del hombre, afirma que es por instinto antisocial. Sobre la teoría de la soberanía se muestra como un defensor de la monarquía como la mejor forma de gobierno. En 1665 escribe De Corpore, que genera disputas con los miembros de la Royal Society, John Wallis y Seth Ward, por temas como la geometría y la religión. En 1672 concluye su Autobiografía, que traslada al verso y al latín; tres años después finaliza su traducción al inglés de La Ilíada y La Odisea. Thomas Hobbes fallece el 4 de diciembre de 1679 en Hardwick Hall; tres de sus obras bajo el título Bhemoth tuvieron su versión póstuma en 1682.

Ahora bien, lo que se concierne a su pensamiento respecto a la naturaleza humana, no niega la intervención divina en la creación del hombre, pero señala el papel importante que juegan en el comportamiento del ser humano los procesos orgánicos (visión, audición, tacto, olfato) y los psicológicos (sensaciones, imaginación, pensamiento, fantasías, supersticiones, memoria, ensoñación, remembranza, previsión, etcétera).

Del mismo modo, se refiere al incremento de las facultades del ser humano a través de la instrucción, la disciplina y la acumulación de experiencia ayudada por el lenguaje, el método y la geometría: “Ciencia única que Dios se complació en comunicar el género humano”.58 Para Hobbes la naturaleza humana está sujeta a pasiones como el deseo, el temor, la esperanza y la ambición, aunque el hombre tiene ventaja sobre los demás seres vivos gracias al razonamiento, mismo que consiste en operaciones de adición o de sustracción, ya sean números, figuras, pactos, proporciones, tiempos, ángulos, esfuerzos aplicados a las consecuencias de las palabras (afirmaciones, juicios, silogismos y conclusiones) y respecto a deberes humanos, leyes o hechos.

Según Hobbes, el conocimiento exige alcanzar con esfuerzo, pero la condición es que se haya alcanzado el uso de la palabra libre, clara y depurada de la ambigüedad, por eso, los niños solo tienen esa facultad en potencia.

Por otro lado, respecto a las pasiones humanas, para Hobbes, en los animales se observan nociones vitales y en el hombre, además, existen nociones voluntarias que son consecuencia de la imaginación de la mente, causada por las cosas que vemos, oímos, gustamos, etcétera. El hombre tiene deseos o aversiones. “Lo que de algún modo es objeto de cualquier apetito o deseo humano es lo que con respecto a él se llama bueno. Y el objeto de su odio y aversión malo”.59

Dentro de esa clasificación detalla una tipología y, de este modo, habla de placer, alegría, dolor, pesar, desesperación, temor valor, cólera, confianza, indignación, benevolencia, codicia, ambición, pusilanimidad, lujuria, tacañería, celos, venganza, curiosidad, terror, entusiasmo, desaliento, crueldad, felicidad, compasión, emulación, envidia y la discordia que encuentra como causas la competencia, la desconfianza, el deseo de gloria o fama.

Asimismo, nos habla de las virtudes del hombre, entre ellas menciona el talento natural y el talento adquirido, el primero considerado como aquel que tiene celeridad en la imaginación y sucesión rápida de un pensamiento con dirección certera; también se refiere a la discreción, prudencia, bondad, excelencia, valor, aptitud, nobleza, belleza, elocuencia, honor, humildad, magnanimidad y equidad.

Para Hobbes, la humanidad tiene una inclinación en general al poder, los placeres y las riquezas. También existe el afán de alabanza y de fama, son un móvil poderoso para sentir satisfacción y generar alegría pensando en la posteridad.

Por otro lado, también existe el miedo al dominio y a la tiranía lo que provoca la sociabilidad, o bien, puede presentarse el caso del hombre pusilánime o del hombre ignorante tanto de las causas como de la significación de las palabras, lo cual lo llevará a fiarse de la opinión de las demás y a la falta de comprensión de los problemas, cayendo en la insensatez y en el error. La ignorancia lleva al hombre a crear sus propios dioses mediante la fantasía y esto puede conducir a la manipulación de las mentes ignorantes de las causas y de los acontecimientos que no pueden explicarse. Así, reconoce que la religión de los gentiles tenía un fondo político para generar obediencia, paz y temor al castigo divino.

Finalmente, el comportamiento humano encuentra finalidad en una búsqueda de la paz, cuyas motivaciones son bienes materiales, el miedo a la muerte y la confianza en el trabajo y esfuerzo, todo lo cual mueve a la razón para establecer de mutuo consenso con el prójimo, normas de paz, que Hobbes llama leyes de naturaleza.

Por otro lado, respecto a su pensamiento político destacan sus concepciones sobre la forma de adquirir el poder, ejercerlo, mantenerlo y transmitirlo. En Leviatán analiza, en la segunda parte intitulada "Del estado", cómo los hombres tienen que luchar entre sus pasiones naturales y el deseo de abandonar su condición de guerra que impide la conservación y la tranquilidad conforme a las leyes de la naturaleza que son la justicia, equidad, modestia y piedad.

Los hombres, debido a su naturaleza, están en constante pugna por su inclinación al bien particular y no al bien común, pues siempre persiguen honores, riquezas, placer y poder. En esa pugna se gesta la idea de pactar la cesión de ciertas facultades a un ente que pueda controlar y hacerse respetar, imponiendo castigos y recompensas, es decir, un hombre "artificial" y poderoso que mantenga a raya a todos como su gran soberano.

Según Hobbes, el poder soberano se crea mediante un pacto entre los hombres, pero también puede instituirse mediante la fuerza natural o actos de guerra, con lo cual el Estado puede ser por adquisición o por institución. Para el ejercicio del poder soberano lo mejor es la monarquía, debe promulgar las leyes para su observancia y tiene derecho a nombrar a sus consejeros, ministros y funcionarios para mantener la paz, hacer la guerra a otras naciones o estados. Los pactos que instituyen un Estado deben estar apoyados en la espada, si no es así, solo son palabras. Los derechos de la soberanía son incomunicables, inseparables e indivisibles, aunque, debido a la temporalidad de la vida del hombre, llega el momento de la sucesión que es uno de los problemas que afronta la forma de monarquía. De las tres formas de gobierno: monarquía, democracia y aristocracia, Hobbes se inclina por la primera, ya que crea una sola voluntad y una unidad real que previene de ambición de cada hombre y que, por su poder y fortaleza, es capaz de asegurar la paz y la defensa común contra los enemigos. El soberano debe ejercer un dominio paternal y debe respetar las leyes de la naturaleza, pues tendrá que rendirle cuentas a Dios y a nadie más.

La institución de la propiedad se logra gracias al Estado; el soberano debe procurar la seguridad del ciudadano mediante las leyes, la educación y la obediencia, castigando la venganza privada y la violación al honor conyugal. La ley civil es una orden que los súbditos deben obedecer, pues la buena ley los ayuda a distinguir lo justo de lo injusto, lo que merezca un premio o un castigo, lo que socava la autoridad del Estado o lo que coadyuva a su conservación. La ley no es un consejo, es una orden y quien la violenta debe ser castigado con una pena que impone el soberano o a quien él designe, pues el soberano tanto es legislador como juzgador, sin olvidarse de las leyes de la naturaleza para aplicar una pena, se requiere una condena pública y no solo un acto hostil o arbitrario.

Por otro lado, hace mención a las enfermedades del Estado que son semejantes al organismo humano como los defectos de procreación, nutrición y de aquellas que lo debilitan cuando se permiten ideas o doctrinas sediciosas que hablan de la división del poder o del respeto a las leyes civiles por parte del soberano, o bien, de lecturas que relatan hechos de armas de civilizaciones antiguas que solo fomentan la rebelión. Finalmente, Hobbes nos habla de la cuestión religiosa como creyente que era”.60

1.2.8 John Locke

Empirista nacido en Inglaterra en 1632, se doctoró en medicina por la Universidad de Oxford en 1658, mantuvo relaciones con respetados científicos de la época como Isaac Newton. John Locke fue diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y de retórica, alcanzó renombre por sus escritos filosóficos, en los que sentó las bases del pensamiento político liberal. Siendo protestante defendió la tolerancia religiosa, el parlamentarismo y la gloriosa Revolución inglesa de 1688 con Guillermo de Orange a la cabeza. Su obra más importante es Dos ensayos sobre el gobierno civil61 (1690), rechazó a la monarquía absoluta y planteó que podía ser revocada cuando fuera necesario, propuso la separación de poderes, apoyó al constitucionalismo monárquico liberal, el respeto a la voluntad de los ciudadanos, este postulado les sirvió a los padres de la patria norteamericanos como Thomas Jefferson en su lucha por la Independencia de 1776 y a los revolucionarios franceses de 1789.

1.2.9 Montesquieu

Filósofo de origen francés, nació en 1689 y murió en 1755. Formó parte del movimiento intelectual, filosófico y cultural: de la Ilustración, su apogeo se dio en el siglo xviii con participantes como Rousseau, Diderot, Jovellanos con la idea de combatir mediante la razón a la superstición; el absolutismo, también hace referencia al llamado Siglo de las Luces, en este caso las de la razón para combatir el oscurantismo.

Este pensador fue partidario de la separación de poderes desde lo público, admirador de la Constitución inglesa producto de 1688 que estableció la monarquía parlamentaria, así en su libro Del espíritu de las leyes62 sostuvo que el gobierno de la ley debe estar por encima de los hombres y la creencia de las cualidades humanas para poder generar mayor prosperidad de todo tipo, ya sea individual o social. Su mayor legado es, sin duda, la teoría política al hacer la separación de poderes. Las figuras de la aristocracia, la democracia y monarquía también fueron objeto de su estudio, las separó y clasificó en tres clases: los republicanos en la aristocracia y democracia y aparte, los monárquicos y los políticos.

1.2.10 Juan Jacobo Rousseau

Este polémico pensador, autodidacta y viajero incansable, vio la luz en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y creció bajo la influencia de su protestantismo intolerante y una estructura social rígida de corte aristocrático. El autor David Moreno menciona, en su estudio preliminar sobre la vida y obra de Rousseau, que la mayoría de la población de esa época63 era analfabeta, campesina y con muchas supersticiones.

Isaac Rousseau, padre de Juan Jacobo, le enseñó a leer y escribir, en tanto que la familia materna le influyó el amor a la cultura y la patria. Más tarde, recibirá en su educación la influencia de tipo religioso con una señorita de apellido Lambercier. Los tutores de Rousseau lo colocaron en una oficina notarial con un escribiente de la ciudad, pero fue despedido por su desinterés en el trabajo. Posteriormente, en 1725 entra como aprendiz con un maestro grabador Abel Ducommún, pero los malos tratos y su espíritu de aventura lo llevaron a renunciar a su aprendizaje y a iniciar un vagabundeo que duró varios años.

En la población de Annecy conoce a Madame de Warence, quien será su mecenas y lo impulsará a su conversión del calvinismo al catolicismo. Viajó a Saboya, Turín, Suiza y cuando llega a instalarse en París, va provisto de un acervo cultural básico bajo la influencia clara del Siglo de las Luces. Posee un sentido republicano e igualitario, derivado, sin duda, de su carácter independiente, aventurero con tendencia a la vida solitaria, espiritual, temperamental e indómita.

Para 1742 llega a París por segunda vez, encuentra una ciudad cosmopolita donde fluyen las ideas y la cultura, pero, al mismo tiempo, un ambiente de grandes contrastes “en el que según Voltaire, la villanía y la nobleza coincidían”. En esa ciudad Rousseau conoce al padre jesuita Castel, a Reamur, Bosset, Roguin y Diderot, quienes adivinan el talento natural del ginebrino, por lo que nacerán relaciones que influirían en su obra política, literaria, musical y poética.

Esas mismas relaciones le ayudaron a conseguir un empleo para el gobierno francés como informante confidencial de Venecia, esto le permitió conocer de primera mano la complejidad de las relaciones diplomáticas y políticas, mismas que van a despertar en él un interés en esas cuestiones como lo demuestra su gran obra Instituciones políticas, el embrión de otra gran obra llamada El contrato social.64

La relación de Rousseau con los grupos de filósofos, músicos y políticos importantes de su época le permitió participar en la obra monumental, conocida como La Enciclopedia donde vemos los trabajos de Diderot, D’Alembert, Condillac, Helvesio, Raynal, Toussaint y tantos otros que respondieron a la convocatoria de los primeros.

Todas estas influencias y experiencias sirvieron para dar paso a nuevas aportaciones culturales, considera que el ser humano es bueno por naturaleza y que las instituciones distorsionan esa calidad.65

Resumimos las ideas políticas de Rousseau de la siguiente manera:

La más importante es, sin duda, El contrato social,66 ya que nos deja ver su sentir acerca de la relación del Estado con los ciudadanos. Manifiesta que este contrato, que no firmamos en ningún momento, se da por entendido que tenemos que cumplirlo.

La relación que sostuvo con los filósofos, poetas y músicos sirvió para que pudiera tener un panorama más amplio acerca de la sociedad en la que vivía en esos tiempos.

Otro de sus grandes legados es la obra Emilio,67 nos presenta un concepto de educación totalmente contrario a la educación que se practica en occidente. Cabe mencionar que su obra abordó temas que, para su época, resultaban de mucha controversia entre la comunidad intelectual y que para nosotros, resultan todavía vigentes.

Rousseau fallece en 1778 a la edad de 66 años en la ciudad francesa de Emonoville, víctima de una apoplejía.

Karl Popper en Lógica del descubrimiento (1934) criticó la idea de que la ciencia es, en esencia, inductiva. Propuso un criterio de comprobación que él denominó falsabilidad, para determinar la validez científica y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. En La sociedad abierta y sus enemigos68 (1945) defendió la democracia y mostró reparos a las implicaciones autoritarias de las teorías políticas de Platón y Karl Marx. También es autor de En busca de un mundo mejor,69 La responsabilidad de vivir, Conjeturas y refutaciones, El mito del marco común70 y El cuerpo y la mente.

Por su parte, Max Weber fue un gran renovador de las ciencias sociales en varios aspectos, incluyendo la metodología y caracteriza la diferencia de los agentes sociales mediante casos extremos, puros y exentos de ambigüedad, aunque tales casos nunca se hayan dado en la realidad. De este modo, estableció fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna y de todas las ciencias sociales, con base en modelos teóricos que concentraban al análisis y la discusión sobre conceptos rigurosos. El primer fruto de la aplicación de este método es la obra Ética protestante y el espíritu del capitalismo (1905). Todos estos temas aparecen en su obra póstuma Economía y sociedad de 1922.

Políticamente Weber fue un liberal democrático y reformista que construyó el Partido Demócrata Alemán; criticó los objetivos expansionistas de su país durante la Primera Guerra Mundial y, después de la derrota, adquirió influencia política como miembro del comité de expertos que acudió en representación del gobierno alemán a la Conferencia de Paz de París en 1918 y como colaborador de Hugo Preuss en la redacción de la Constitución republicana de Weimar en 1919. Entre sus escritos políticos cabe destacar el Parlamento y gobierno en una Alemania reorganizada (1918), una valerosa defensa del parlamentarismo escrita en los difíciles tiempos de la Alemania en guerra.

1.2.11 Jürgen Habermas

Nació en Alemania en 1929, sociólogo y filósofo. Principal representante de la segunda generación de la escuela de Frankfurt. Entre 1955 y 1959 trabajó en el Instituto de Investigación Social de la ciudad. Enseñó Filosofía en Heidelberg y Sociología en Frankfurt, también dirigió el Instituto de Filosofía y Sociología de esa Universidad. En uno de sus ensayos, Habermas afirmó que “la psicología nos enseña que estamos obligados a pensar en forma de alternativas y, como suele suceder, el pensamiento forzado se escuda también aquí tras fórmulas jurídicas”.71

1.2.12 Norberto Bobbio

Nació en Turín el 18 de octubre de 1909, se graduó en Derecho y en Filosofía. Dedicó su actividad profesional a la enseñanza, es, sin duda, un referente ineludible en lo concerniente a la filosofía política y a la teoría del derecho. En 1984 fue nombrado senador vitalicio de Italia por sus méritos como intelectual. Su sólida formación en filosofía del derecho le permitió contribuir de un modo decisivo al desarrollo de la Ciencia Política con numerosas obras, algunos de los títulos centrales de su bibliografía son Crisis de la Democracia,72 El Futuro de la Democracia,73 Derecha e Izquierda74 obra que fue récord de ventas en 1994. Finalmente, fallece el 9 de enero de 2004 a causa de una crisis respiratoria que no pudo superar.

1.2.13 Giovanni Sartori

Nace en Florencia, Italia, el 13 de mayo de 1924 y murió en esa misma ciudad en 2017. Investigador en el campo de la ciencia política, especializado en el estudio comparativo de la política, con libros fundamentales como Partidos y Sistemas de Partidos, La Política: lógica y método en las Ciencias Sociales y Teoría de la Democracia.75

Gracias a su gran aportación en las ciencias jurídicas y sociales, en 2005 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de ciencias sociales.

En su obra El Homo Videns,76 se pone en contra de la televisión, por considerarla mala para la política y la ciudadanía. Del mismo modo, escribió sobre el medio ambiente (otro de sus trabajos polémicos). Postuló que la sobrepoblación es el meollo del asunto y, por lo tanto, su recomendación es tener políticas de control demográfico. Manifestó que las diferencias sociales son causa de la inmigración, ya que menciona que las diferentes culturas religiosas y de convivencia son un detonante social, puesto que el ponerse de acuerdo es complicado, lo que para unos es ley, para otros es opresión y, de tal modo, no es fácil encontrar una solución a las diferencias sociales. Por su parte, Michel Foucault elaboró su pensamiento desde su obra Locura y civilización (1960), continuó con Las palabras y las cosas, seis años después con el subtítulo Arqueología de las Ciencias Humanas,77 su última etapa empezó con la publicación de Vigilar y Castigar78 (1975).

El distinguido jurisconsulto Luigi Ferrajoli es el principal teórico del garantismo jurídico, la Constitución de nuestro país ha incorporado en su seno libros suyos como Derecho y garantías, la Ley del más débil, Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, Razones jurídicas del Pacifismo y Garantismo: una discusión sobre derechos y democracia. Su obra más famosa, no obstante, es Derecho y razón, que es una teoría del garantismo penal, editado en español en 1985. A finales de 2007, publicó lo que él mismo denomina la obra de su vida principia iuris, teoría axiomatizada del derecho con tres tomos en los que reflexiona sobre filosofía del derecho, la democracia y, finalmente, sobre la gramática simbólica del mismo.79

Podemos concluir que Ferrajoli es, sin duda, uno de los más importantes juristas a favor de temas como el concepto de la democracia jurídica, la ciencia jurídica, los derechos fundamentales, por solo mencionar algunos y también su influencia en la Constitución de nuestro país a partir de 2011. De este modo, podemos afirmar que en su planteamiento la función judicial está regida no solo por reglas, sino también por principios.80

1.3 Estrategia metodológica

La estrategia metodológica es una herramienta no solo necesaria, sino indispensable en el desarrollo de un libro dentro de cualquier área en los que se busque perfeccionar los conocimientos ya existentes; por ello, es que todos los que pretendemos desentrañar un tema de interés particular o general nos vemos en la obligación de adecuar los métodos y las técnicas metodológicas más acordes a la naturaleza del tema y a la naturaleza del objeto de estudio para obtener los mejores resultados.

De conformidad a lo anterior, debe establecerse que el uso de métodos y técnicas en la investigación social obedece a la necesidad de otorgar certeza y solvencia a dichas investigaciones, por lo que nos permitimos establecer cuáles son los métodos y técnicas que serán de utilidad en este libro. Recordando al amable lector del presente, que serán establecidos de forma enunciativa y no en forma limitativa, toda vez que el uso de los mismos, obedece a las necesidades que dentro de la misma investigación vayan surgiendo conforme la transdisciplinariedad que alienta al paradigma emergente de la Complejidad.

De esta manera, como toda labor de investigación, debemos delimitar los aspectos sobre los cuales basaremos nuestros métodos de investigación. Podemos establecer, siguiendo los pensamientos del investigador argentino Mario Bunge81 y del coautor González Ibarra los siguientes pasos a seguir para el desarrollo de toda investigación:

• La elección del tema.

• La identificación del problema y la formulación de una hipótesis como solución del mismo.

Conforme a lo anterior, a continuación procede la construcción de un marco teórico-metodológico, axiológico y epistémico.

Existen diversos tipos de métodos que se pueden emplear en el desarrollo de las investigaciones que obedecen al objetivo que se busca. En este sentido, conociendo la definición e importancia del método, en las siguientes líneas se señala un enlistado y análisis de los diversos métodos que pueden servir de apoyo en el trabajo de investigación. De acuerdo a la definición anterior y en concordancia con lo expresado por autores tales como Álvarez-Gayou y Rodríguez Zepeda, podemos identificar diversos métodos aplicables a las ciencias sociales y humanidades.82

La palabra técnica deriva etimológicamente del griego techne, teniendo en sus inicios dos acepciones: la primera relacionada con el arte y la segunda con la forma de actuación. Como podemos observar, el punto coincidente de ambas acepciones, se encuentra en su concepción como un arte práctico en general y un modo de actuación en particular. Es preciso resaltar que, tanto en la concepción griega como en el punto de vista moderno, la técnica se contrapone a la denominada episteme —la ciencia—, en cuanto esta es conocimiento o saber teórico y como tal, no implica práctica.

En concordancia con lo expuesto, podemos comprender que el método representa el camino o procedimiento general para la obtención del conocimiento científico, mientras las técnicas serán los procedimientos particulares a emplearse en cada caso en concreto y que deben de seguirse para recorrer las diferentes fases que el método presente.

Así pues, en cada libro al ir desarrollando los diferentes capítulos, si bien están estrechamente vinculados, exigen diferentes métodos para su desarrollo, pues se abordan referencias teóricas, pero también temas de carácter histórico e incluso analítico y prospectivo, desde la Complejidad manejamos posibilidades más que verdades, posibilidades, más que certezas absolutas.

1.4 Valores y disvalores en lucha o axiología política

Siguiendo el esquema del coautor González Ibarra, es importante señalar que por tratarse de una investigación en el campo de las ciencias sociales “es indispensable echar mano del estudio de los valores y disvalores, esto es, utilizar la axiología que nos orienta en el horizonte de la acción humana y, si incorporamos a la epistemología, entonces ya podremos empezar a realizar, debidamente equipados, el trabajo que nos exige la investigación”.83

Los valores, en estos momentos de crisis general, tienen una importancia que trasciende no solamente a la convivencia de las sociedades humanas, sino que, como bien lo señala González Ibarra, alcanzan un grado tal, que tienen que ver con la sobrevivencia humana.

En principio, es importante señalar que la disciplina que estudia los valores y disvalores es la axiología que forma parte, a su vez, de una rama de la Filosofía y, si bien desde la antigüedad diversos pensadores filosóficos abordaron temas como la belleza, la justicia, el bien, el mal, la virtualidad y algunos otros, no menos cierto es que “cada valor era estudiado aisladamente. La belleza, por ejemplo, interesaba por sí misma y no como representante de una especie más amplia”.84

Por lo tanto, la axiología ha tomado una gran importancia en la actualidad, puesto que de un correcto entendimiento sobre qué es lo valioso de los valores, podemos orientar nuestro camino, no solamente en nuestro trabajo profesional, sino en todas las actividades de la vida. También es importante distinguir entre los valores y los bienes materiales o financieros y, en ese tenor, los valores no son cosas, vivencias ni esencias; son valores que requieren de un depositario en el cual descansar. Los valores también tienen como característica fundamental la polaridad y la jerarquía; esto es que hay valores inferiores y valores superiores, pero también tenemos la existencia de los disvalores, que son el desdoblamiento del valor en su parte negativa:

Así a la belleza se le opone la fealdad; lo malo a lo bueno, lo injusto a lo justo, etcétera. No se crea que el desvalor o valor negativo implica la mera ausencia del valor positivo: el valor negativo existe por sí mismo y no por consecuencia del valor positivo. La fealdad tiene tanta presencia efectiva, como la belleza; nos encontramos con ella a cada rato. Lo mismo puede decirse de los demás valores negativos como la injusticia, lo desagradable, la deslealtad, etcétera.85

Por otro lado, el conocimiento de la axiología nos permite colocarnos en una posición ante el mundo y ante nosotros mismos para luchar cotidianamente, a fin de alcanzar valores como la justicia, la equidad, la armonía en sociedad, la solidaridad con causas nobles, la conservación del medio ambiente sano y otros tantos valores que gravitan en uno de los valores supremos que es la dignidad humana. Para considerar al hombre como un fin y no como un medio; para que el hombre no sea considerado una simple mercancía y para que el peligro de la ciencia sin valores y la posibilidad del dominio inhumano de la tecnología, puedan ser conjuradas como cuestión de sobrevivencia humana.

Ahora bien, las investigaciones dentro de todos los campos de las ciencias requieren una base firme en la que se encuentren inmersos los valores que existan dentro del área de trabajo; por lo anterior, no es viable pensar en una investigación que tenga aparejado un avance científico o cultural enorme, pero a la vez una pérdida de valores en mayor magnitud.

En este orden de ideas, es que se hace necesario llevar a cabo una reflexión axiológica sobre el tema que se desarrolla en la presente investigación; por lo cual, es necesario dejar primero en claro el concepto de axiología, esto debido a que no resulta viable navegar en el mar, sin antes saber en qué mar nos encontramos y a qué dirección nos dirigimos.

Por ello, tomando como punto de partida algunas concepciones doctrinales, trataremos de desentrañar el concepto de axiología, a fin de fortalecer el presente apartado de la investigación y, de esta forma, es conveniente apoyarnos en la siguiente afirmación: “La axiología es la disciplina que se ocupa del estudio de los valores. En torno a la naturaleza del valor encontramos dos escuelas: los objetivistas y los subjetivistas”.86

Una vez realizado un comentario general sobre el término axiología es momento de analizar su aspecto en torno a la política, por lo que podemos establecer como concepto inicial que la axiología política es una rama filosófica sobre el estudio de los valores en su dimensión ética, que coadyuva en la contribución del desarrollo de la actividad política.

Resulta importante destacar que es viable afirmar que existe una axiología política y, por ende, definible, es conveniente establecer que dicha premisa obedece a que la política debe ser el arte de servir a la sociedad, con su ciencia y filosofía políticas sometidas a los mejores valores humanísticos como lo pretende la 4T, en el gobierno mexicano.

En este orden de ideas, nos permitimos citar las palabras de la autora Edith González Palmira, quien dentro de su artículo “Axiología política: Valores vs. Realismo político”, establece lo siguiente: "Ante la situación explicada acerca de la relación axiología y política, consideramos necesario desarrollar un estudio de esta forma de actividad que se fundamente en una axiología política con los siguientes fundamentos teóricos: El objeto de estudio se defina no desde la política, el poder, la democracia, sino desde la axiología".

Para el estudio de los valores políticos es necesario, señalar que “debemos auxiliarnos de varios modelos teóricos que permitan descubrir la manifestación del valor en este plano sin absolutizar la visión ideal del mismo o su expresión real que incluye también los aspectos negativos o anti valiosos de la actividad política”.87

Por lo anterior, advertimos que el campo de estudio de la axiología es amplio y complejo, pues existen corrientes que priman indistintamente lo mismo el enfoque objetivista como la mirada subjetiva. Bajo esa situación, lo que el investigador social tiene es la tarea de ahondar y reflexionar sobre ese conocimiento particular y su aplicación efectiva, que últimamente ha tomado un interés importante como una de tantas soluciones a la crisis humanitaria y ecológica que afronta el siglo xxi.

1.5 Teoría social

Por la importancia del presente y considerando que los logros no han sido los mejores o deseables, nos enfocaremos en la política anticriminal vinculada estrechamente a la fenomenología social. Estimamos que resulta pertinente mencionar, aunque sea de manera general, conceptos básicos y antecedentes de pensamiento de la cuestión social para aproximarnos a una explicación de qué es la sociedad, su estructura, sus funciones y sus retos actuales. Lo anterior para obtener un referente y poder abordar ese fenómeno concreto sobre la conducta antisocial o la criminalidad en su nuevo rostro en esta sociedad considerada moderna. Esta aproximación nos ayuda en su momento a proponer cuáles políticas públicas pueden ayudar al combate y disuasión de las conductas criminales o antisociales.

La sociología nos permite colocarnos dentro de un marco teórico que comprenda el problema de la criminalidad y su contexto actual sin perder de vista que dicho problema es de carácter multifactorial y se encuentra dentro de una estructura social inestable y desigual.

Leandro Azuara afirma que es una ciencia que nació vinculada a la Revolución francesa, siendo Augusto Comte quien, como fundador de la disciplina mencionada, planteó la necesidad de una nueva sociedad “que no debería estar fundada ni en el absolutismo de los reyes, ni en la ideología de la Revolución francesa”.88

La importancia de la sociología es mayúscula si tomamos en cuenta la crisis que afronta nuestra sociedad actual, que se plantea el peligro de políticas contra los derechos humanos bajo el disfraz de nuevas tecnologías y de una seguridad nacional con niveles de manipulación mediática para acallar conciencias y crear temor en la ciudadanía para que permanezca pasiva y acrítica,89 sin mencionar la amenaza por la destrucción que hemos causado a la naturaleza.

A lo anterior, debemos agregar el problema de la delincuencia que ha crecido en México de forma exponencial, a tal grado que diversos grupos criminales le disputan al Estado territorios y gobernabilidad valiéndose de la violencia y corrompiendo a las autoridades. Este fenómeno social alimentado por la pobreza de algunas regiones y el trasiego de drogas y armas, entre otras causas, genera inestabilidad social, política y económica con clara afectación a la ciudadanía e instituciones en general.

La sociología utiliza su particular metodología acorde a la naturaleza del objeto que estudia, como ya sabemos, a la sociedad en sus diferentes ámbitos. Por ello, recurre a conceptos tales como sociedad, cultura, grupo social, status social, autoridad, proceso social, cambio social, imaginario colectivo, costumbres, ciudadanía, sistema social y muchos más que dan un perfil específico para poder ir construyendo su propio conocimiento científico y, al mismo tiempo, delimitando su campo de otras ciencias hermanas muy cercanas como la historia, la filosofía, la economía, la psicología, la política, etcétera.

Respecto a los conceptos sociológicos, Leandro Azuara sostiene que nos ayudan a encontrar regularidades, uniformidades, tipos y leyes que se encuentran en el seno de la convivencia humana integrada por las relaciones y los procesos sociales, “por ejemplo, el fenómeno de la migración de personas en busca de una mejor vida, o bien el reclutamiento que hacen los grupos delictivos para captar a jóvenes pobres carentes de oportunidades para estudiar o para tener un empleo digno”.90

En sus inicios con Augusto Comte, a la sociología se le conocía como física social, se ha ido enriqueciendo con las ideas de verdaderos gigantes del pensamiento que desarrollaron corrientes como el enciclopedismo sociológico que, actualmente, se considera como clásico y que siempre es una fuente de consulta y reflexión de los antiguos y nuevos problemas que se relacionan con el comportamiento humano en la dimensión social siempre cambiante y compleja. En ese devenir histórico de la sociología se encuentran también pensadores modernos que han adoptado diversos enfoques en relación con los problemas metodológicos y la identidad propia de la sociología, aunado a los problemas propiamente sociales como el grupo familiar, la burocracia, la migración, la conducta antisocial, la educación, los medios de comunicación, la guerra, el cambio social violento, la religión y tantos otros temas que van surgiendo con motivo de los descubrimientos y la aplicación de la ciencia en todas las áreas del conocimiento.

Entre esos pensadores admirables podemos mencionar91 a Jorge Simmel, Max Weber, Gabriel Tarde, Wiesse, Robert Spencer, Merton, Talcott Parsons, Durkheim, Foucault, Popper, Bertrand Russell, Niklas Luhmann, Bauman, Habermas. Pensadores muy cercanos a nuestra realidad mexicana y latinoamericana tenemos a Pablo González Casanova, Gabino Barreda, Justo Sierra, Antonio Caso, Andrés Molina Enríquez, Samuel Ramos, Aníbal Ponce, Jesús Reyes Heroles, Felipe López Rosado, Luis Chávez Aldape, Alberto F. Senior, Héctor Solís Quiroga, Leandro Azuara Pérez, Francisco Gómez Jara, Gabriel Careaga y José de Jesús Covarrubias Dueñas.92

Desde luego que antes de la época de Augusto Comte ya existían ideas que hacían referencia a diversos fenómenos con carácter social como la institución de la familia, guerra, comercio, religión, educación, migración, cultura, política, etcétera, pero todavía no se pensaba en darle a este conocimiento una parcela propia y un método particular para estudiar de manera integral esos fenómenos y muchos otros, que con la evolución de las sociedades fueron apareciendo.

Por eso, tenemos que mencionar a pensadores como Lao Tze, Confucio, Mencio, Sócrates, Aristóteles, Solón, Pericles, Platón, Marco Tulio Cicerón, Séneca, Ulpiano, Saulo de Tarso, Plotino, San Agustín, Santo Tomas de Aquino, Marcilio de Padua, Nicolás Maquiavelo, Santo Tomas Moro, Tomas de Campanella, Martín Lutero, Baruch Espinoza, Thomas Hobbes, Juan Calvino, John Looke, Abenjaldum, Juan Bautista Vico, Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Kant, Turgot, Marie Jean Antoine, Sant Simón, Hegel, Karl Max, Ferguson, Bossuet, Burque y Stuart Mill, estos últimos como precursores de la sociología más cercanos a Comte a quien se le ha reconocido como fundador de esta disciplina que ha luchado por su autonomía en el conocimiento de lo social.

Partiendo de la base que el concepto es metafóricamente el ladrillo sobre el cual se va construyendo el edificio de cualquier ciencia, es pertinente preguntarnos qué concepto o aproximación de concepto tenemos de la disciplina conocida como sociología y en esa línea se advierte que existen una gran cantidad de definiciones según la época y la corriente sociológica que se analice. Sin embargo, un concepto duro que refleja la naturaleza del objeto de conocimiento y de su metodología puede ser el siguiente: es una ciencia de naturaleza teórica y práctica que utiliza diversos métodos, particularmente el empírico, el comparativo y el comprensivo, para entender la conducta humana en su aspecto de interacción social en cuanto a sus causas y efectos.

Asimismo, dentro del concepto de sociología se han desarrollado otros conceptos que, a la manera de un mapa conceptual, identifican el campo de conocimiento y aplicación de esta disciplina y de esta manera, tenemos conceptos como acción social, relación social con su variante estructural-funcionalista, progreso social, solidaridad social, organización social, cooperación social, poder social, clase social, cambio social, minoría social, así como muchos otros que han ido surgiendo a la par de las nuevas formas de interacción social con los inventos, la cibernética, los conflictos regionales, la globalización económica, la tecnología, la amenaza nuclear, el calentamiento del planeta, la migración de poblaciones enteras, la robotización y, desde luego, el problema de un nuevo tipo de delincuencia altamente organizada y con muchos recursos humanos y materiales capaces de modificar no solo vidas, sino entornos sociales a nivel familiar, estatal, laboral e incluso territorial disputándole al Estado diversas funciones y centros de poder, es decir, la delincuencia organizada trasnacional.

Por ello, tocante a la evolución de la sociología encontramos que existen varias corrientes de pensamiento con diferentes enfoques como son el enciclopedismo sociológico, el positivismo, la corriente histórica, la psicologista, el evolucionista, la analítica, la estructural-funcionalista, la sistémica, la organicista, entre otras, todos ellos también clasificadas en orden al país de origen, conocidas como la corriente francesa, italiana, alemana, inglesa, norteamericana y latinoamericana.

Ahora bien, por lo que toca a nuestra investigación en concreto, es pertinente referirnos de manera tangencial a lo que se conoce como la subcultura desviada. En ese sentido, nos apoyaremos en lo que sostiene Leandro Azuara de recuerdo imborrable y a quien tuvimos la oportunidad de escuchar en sus clases magistrales impartidas en la Facultad de Derecho de la unam, en su libro de Sociología aborda el tema de la conducta desviada o criminal, afirmando que la criminalidad se genera dentro de un proceso colectivo y no es una consecuencia de factores endógenos, ya sean de carácter biológico o psicológico. Las prácticas criminales —afirma el autor Azuara— se han ido transmitiendo de una generación a otra. Para diversas teorías sociológicas el criminal no es un ser anormal, sino normal y su conducta se debe a un conjunto de factores sociales que lo impulsan a la comisión de delitos.

El hecho criminal se presenta cuando los instrumentos de control social no funcionan adecuadamente, es decir, cuando se debilitan los controles familiares, de vecindad y los hábitos convencionales de moral, surgiendo así conductas antisociales que son alimentadas por el fenómeno de transmisión de antivalores y de imitación. Los sectores sociales vulnerables son presa fácil de los criminales con experiencia, pues con el mal ejemplo de estos, aquellos (sobre todo los jóvenes) sin oportunidades de vida digna, ven la posibilidad de acceder a bienes o un mejor status social.

Los orígenes de la conducta desviada se pueden encontrar en la existencia de la subcultura desviada en la cual los individuos adquieren destrezas, opiniones, disvalores, actitudes y motivaciones que los impulsan a la comisión de delitos. En el escenario de la criminalidad están en conflicto los valores amplios del sistema social frente a los valores de la subcultura desviada, que solo tienen vigencia en una minoría portadora de ella.

Ahora bien, sin dejar de reconocer para México la gran aportación de Azuara al fenómeno de la criminalidad, respecto al tema axiológico y la transmisión de malos ejemplos y antivalores desde los propios presidentes y gobernadores anteriores a la 4T. Hoy en día ese fenómeno preocupante tiene mucho que ver, así sea de manera indirecta, con aspectos biológicos y psicológicos, como son los delincuentes seriales o aquellos afectados en su salud mental por el uso de drogas en exceso, incluso enfermedades congénitas o adquiridas; entonces, la criminalidad es un fenómeno complejo, conforme lo señala Edgar Morin en su libro Introducción al pensamiento complejo o Carlos Maldonado desde las ciencias de la complejidad en Pensar: Lógicas no clásicas, porque concurren factores sociales y económicos, pero también psicológicos e inclusive fisiológicos.

En conclusión, podemos afirmar que la sociología, en su actual desarrollo, es una ciencia que tiene mucho que aportar a problemas como la criminalidad y la deficiencia de controles para evitar la conducta socialmente desviada, cuyo estudio requiere ser abordado desde la transdisciplinariedad por su complejidad y la dinámica social tan acelerada que exige nuevas estrategias y acciones eficaces, a través de políticas públicas inteligentes y no solo simulaciones para justificar incapacidades manifiestas o complicidades inaceptables en un Estado formal y materialmente democrático como lo busca en México la 4T o Movimiento de la Cuarta Transformación.

1.6 Epistemología de la política

Para completar el esquema cognitivo recomendado por el coautor González Ibarra, es pertinente referirnos al tema de la epistemología que —como sabemos— es una rama de la filosofía que tiene por objeto de conocimiento al conocimiento en sí, es decir, la epistemología es una teoría del conocimiento que desde la época de los antiguos griegos se empezó a desarrollar como una preocupación constante para poder explicar qué significaba el conocimiento humano y cuáles son sus fundamentos teóricos, pues ya se advertía la diferencia entre conocer y saber (doxa y episteme).

El tema del conocimiento ha tenido una larga historia y muchos de los pensadores lo han abordado de diferente manera y con distintos métodos e incluso diversas ideologías, cuya referencia detallada excede en mucho los propósitos de este trabajo. Por lo anterior, haremos mención que en la antigüedad existían reflexiones epistemológicas, principalmente en Platón y Aristóteles, posteriormente, con Nicolás de Cusa (1401-1464).

Existe el criterio de que la teoría del conocimiento —como disciplina autónoma— surge en la época moderna con John Locke, Leibnitz, Berkeley, David Humé, Descartes, Emmanuel Kant, Hegel, Piaget, Ernesto Cassirer, Bachelard, Bertrand Russell, Bunge y entre otros filósofos que han cultivado esta particular parcela. En opinión de Johan Hessen, otro gran teórico alemán pionero en la teoría del conocimiento, son cinco los problemas importantes de esta disciplina, es decir, se interroga respecto a la posibilidad del conocimiento; se plantea si el origen del conocimiento es la razón o la experiencia; también se interroga respecto de la esencia del conocimiento; asimismo la forma del conocimiento y, la cuestión del criterio de la verdad, es decir, cómo saber si en un caso concreto el conocimiento es falso o verdadero.

En el desarrollo de esta parte del marco cognitivo acotaremos como objeto de estudio a la epistemología en su dimensión política y básicamente desde la perspectiva del modelo ideal o utopía que busca la gobernabilidad respecto de un lugar, polis o ciudad, a fin de asegurar a los gobernados una seguridad frente a los peligros externos e internos que permitan la convivencia pacífica, respetuosa y democrática. En efecto, siguiendo la línea de pensamiento del coautor González Ibarra y apoyados en Hegel, antes de adentrarnos en el estudio de cualquier ciencia necesitamos preguntarnos qué es el conocimiento. De acuerdo con esta propuesta asumiremos que para estudiar al conocimiento necesitamos contar con la epistemología, también identificada como filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento, ciencia de la ciencia, conocimiento del conocimiento, etcétera.

Es importante señalar que el conocimiento es tomado como objeto de estudio, lo que implica poseer un cuerpo metacognitivo para poder llevar a cabo esta labor reflexiva, es lo que nosotros identificamos como epistemología, estableciendo la diferencia entre logos como razón o palabra que nos lleva a la construcción de conocimientos y episteme como saber que nos permite construir otro momento o nivel cognitivo diferente. Identificamos tres momentos del conocimiento: el óntico, el ontológico y el epistémico. En relación con el primero on, en griego antiguo, significa ser, ente o cosa; en consecuencia, etimológica lo óntico se refiere al ser, aprovecha la capacidad humana de la memoria, es un momento informativo, la unidad básica cognitiva es la descripción o definición, el recurso material que empleamos son leyes políticas, diccionarios y normas de contenido relacionado.

El segundo nivel llamado ontológico integra on con logos como razón, es científico y formativo, encuentra en el concepto socrático la unidad básica de construcción del conocimiento, aprovecha la capacidad humana del razonamiento, utiliza los recursos materiales como son los libros científicos, aplica lógicas y metodologías para razonar y concretar sus trabajos.

El tercer nivel es el conocimiento del conocimiento o metaconocimiento, aprovecha la virtud humana de la reflexión, la unidad básica metacognitiva es el metaconcepto, recordemos a Sartre “la conciencia es siempre conciencia de algo”.93 En nuestra obra relacionada con la política anticriminal es fundamental el metaconcepto que creó Hegel cuando señaló en su obra Filosofía del derecho que “la pena es la negación de la negación del derecho”, cuya clave epistémica es que menor por menos nos da como producto a más, —x— es igual a más.

Por ejemplo, cuando Pedro le negó el derecho a la vida a Francisco, cometió la primera negación del derecho por medio del delito de homicidio, la pena de 40 años que dicta el juez por ese delito es la segunda negación porque niega el derecho a la libertad del sentenciado y el resultado final es una afirmación del derecho a la vida del asesinado y de todos los seres humanos.

Los recursos materiales de ciertos libros alcanzan este nivel como Alicia en el país de las maravillas, Alicia a través del espejo, El principito y otros más en los cuales encontramos metaconceptos. Por ejemplo, la respuesta del gato de Cheshire —que no es otro que Lewis Carroll— a la pregunta al encontrarse en otro lugar desconocido interroga a Alicia quien se encuentra perdida y responde: “No se pueden perder aquellos que no saben a dónde quieren ir o, poco importa el camino que tomes, cualquiera es bueno si no te importa a dónde dirigirte”,94 esta afirmación utiliza rompimientos y claves epistémicas para su construcción.

Podemos imaginarnos tres círculos con estos momentos que se interpenetran y quedan en el centro elementos comunes de ellos: información, razonamiento y reflexión, “ideas, percepción y sentir no pueden pensarse como separados”.95

Nos enriquece abordar la problemática clásica de la política desde una nueva perspectiva epistémica multivalente, que impone “un sistema o conjunto de sistemas relacionados entre sí”,96 de diversas clases lingüísticas, políticas, económicas, etcétera, que guiarán nuestro particular análisis reflexivo.

Hace algunas décadas atrás, metodológicamente no hubiera sido posible un análisis de estas características, pero hoy nos encontramos en un momento en el que las ciencias sociales gozan de gran prestigio, ya que se logró derrotar al imperialismo de las ciencias exactas con su imperante método deductivo, gracias al llamado giro lingüístico, hermenéutico y al avance del pensamiento complejo y las lógicas no clásicas, una de ellas la lógica difusa, ya que “la percepción tiene un carácter afectivo y motriz, no sólo cognoscitivo, porque está del perceptor determinada por la atención, las motivaciones y sentimientos”,97 que hace posible una tarea epistemológica de tal clase.

Dado lo anterior, afirmamos que no es suficiente para el análisis de la ciencia política solo la herencia de la escuela histórica. Menos consistente resulta la investigación histórico-filológica, porque lo sustancial de la reflexión deriva de la epistemología y la praxis hermenéutica, que debe ser accesible desde cualquier punto de partida, los que son todos respetables, si ha de ser una experiencia universal.98

La epistemología de la ciencia política o conocimiento del conocimiento político, metaconocimiento o metaciencia,99 ontológicamente con su propia historia y dinámica en busca de la libertad, justicia y democracia, a primera vista se encuentra en aparente desventaja ante el estudio de la ciencia política clásica.

Identificamos diversas razones: la primera, por cuestiones de tiempo y espacio, la historia de la ciencia política, no debe algo a la corriente de la filosófica cognitiva que desde 1854, se llama epistemología.100

Según esta, supone que el conocimiento sistemático y ordenado del Estado había constituido una ciencia desde sus orígenes donde los griegos eran los creadores de la política como ciencia.101

La segunda, obras como Le Historie des Mathématiques de Montucla (1758) y la Historie de l’Astronomie de Bailly (1775-1782) en contraparte con la República de Platón, la Política de Aristóteles y el Corpus Hippocraticum resultan ser trabajos escritos fuera de toda referencia a un sistema de conceptos críticos (descriptivos), normativos y valorativos. Ambos trabajos proceden “sin una conciencia reflexiva de sus creadores”.102 Así “la figura epistemológica clásica, utilizada en el análisis a las denominadas ciencias naturales,103 fue “la unidad macrocosmos-microcosmos” y la aplicación de proposiciones protocolarias,104 olvidando que cuerpo, sensaciones y sentimientos, no son fenómenos aislados, sino instancias imbricadas.105

Incorrectamente reprochan algunos a los historiadores de la ciencia política de los siglos xviii y xix por haber utilizado algunos de los conceptos y principios que los epistemólogos de esa época, buscaron hacer valer como reglas de escritura y composición de la ciencia política, ayuda muy poco a la generación del conocimiento, ya que toda época genera incertidumbres, vacíos o un punto incierto en el fundamento científico que toma por cierto y evidente.106 Esta llamada perversión cognitiva107 no autorizaba a la epistemología política a producir más de lo que ha recibido de la historia de la ciencia política ni a reformar en principio aquello que en consecuencia antecede. Podríamos caer en la tentación de reducir la herencia intelectual a la “fórmula generadora del sentido práctico” de Pierre Bourdieu, (habitus + capital) campo=práctica.108 Por ello, para Piaget la estructura de análisis es “un sistema de transformaciones que entraña unas leyes en tanto que sistema (por oposición a las propiedades de los elementos) y que se conserva o se enriquece por el mismo juego de sus transformaciones, sin que estas lleguen a un resultado fuera de sus fronteras o reclame unos elementos exteriores”.109

La tercera, el contacto al estudio de lo político y al concepto de democracia en la República y la Política surge de la memoria documental de la prehistoria de la ciencia política, haciendo difícil considerar el desarrollo científico como un proceso de acumulación110 y dudar si “es realmente el sentido histórico esa espléndida ampliación de nuestro mundo”, como critica Nietzsche. Seguido de lo anterior, debemos cuestionar de qué lado se encuentra nuestra mayor ambición de análisis epistémico, porque tratar por memoria (documental) cualquier utopía, resulta más peligroso que emitir un juicio, ya que del lado del juicio, el error es un accidente probable, pero del lado de la memoria la alteración es de esencia.111

Conviene profundizar que nuestro interés histórico de entender y explicar la coexistencia humana y su conocimiento, no solo porque la historia es más que una historia del proceso que termina en la decadencia pasando por un esplendor.112

En la deconstrucción de la historia de la ciencia política y la democracia, hay que hacer referencia a lo que ya se ha dicho en otros dominios de la historia política y democrática, en la guerra, la política y la paz. El significado de la realidad en estos ámbitos nos permite indagar la constitución, forma y clase, tipo de otros significados que resultan ser aplicaciones dialógicas del hombre con la realidad. El pragma no es ajeno al conocimiento y al pensamiento lingüístico ahí constituido, tal proceso implica la noción sensible de algo válido para el entendimiento de la realidad. El análisis lingüístico hermenéutico y “la manifestación de su objeto como la constitución de este fenómeno —la intencionalidad— se dan al unísono en la vivencia”.113

Por lo tanto, nuestra reflexión se caracterizará por la profundización lingüística de discursos, metáforas y utopías asociadas al conocimiento histórico de la política114 y la utopía “producida a través de una potencialmente infinita recreación de relatos,115 teóricos, filosóficos y retóricos de la vida en la república y polis de Platón y Aristóteles”, como primera referencia, de esa roca viva que pensó todo lo que puede ser pensado, como bien afirma el intelectual argentino Eduardo Grüner.

La teoría de la literatura resulta ser una excelente conexión con la praxis hermenéutica, con ella encontraremos la fundamentación del lenguaje en el diálogo y desarrollando nuestra competencia lingüística,116 descubriremos lo difuso de la ciencia política, derecho y la democracia. Se trata de conjugar el juego del arte y del lenguaje, que resulta para Gadamer el caso hermenéutico por excelencia.

El fenómeno cultural aceptado generalmente en la deconstrucción de las ciencias del espíritu es “la aparición del lenguaje como estructura significativa del devenir humano o la acción humana”, pilar de la política y de la democracia ateniense y no un invento ni un descubrimiento de la historiografía deconstructivista o posmoderna”.117 La deconstrucción “no consiste en pasar de un concepto a otro, sino de invertir y cambiar tanto un orden conceptual con el que se articula”.118

La cuarta, el estudio de la política es una de las últimas disciplinas sociales en institucionalizarse como ciencia.119 El problema no radica en su incipiente reconocimiento como ciencia, sino en cómo aborda el estudio de los fenómenos políticos desde una perspectiva distinta a la reflexión filosófica y más cercana a la reflexión (práctica) científica. Es cierto, que su despunte se debió más a necesidades prácticas respecto a la administración pública120 que a la especulación intelectual pura.

Pese a ello, la ciencia política ligada al estudio del Estado, obtiene su autonomía respecto al derecho constitucional apartándose de la visión netamente jurídica e incorpora un sesgo más sociológico a su estudio con nuevos entes como partidos políticos, soberanía, ciudadanía, conflictos sociales, naciones empobrecidas, la biósfera o la defensa de la existencia de todo ser viviente, entre un sinnúmero de problemas sociales y políticos, de acuerdo al programa intergubernamental de gestión de las transformaciones sociales de la unesco, por sus siglas most.

1. Problemática

La conexión entre ciencia política y utopía es estrecha y continua, ya que resulta imposible tener científicos políticos en una sociedad donde no hay participación política, otras fuentes legítimas de conocimiento, competencia por el poder, pues éstos no tendrían nada que hacer121 o como dice Danilo Zolo: “La idea de que solo es válido el conocimiento científico y que todos los demás conocimientos no son válidos, no existen”. La ciencia dentro de la ecología “es un saber entre otros, sin jerarquías abstractas entre saberes porque las jerarquías son concretas, son argumentadas, son pragmáticas en función de los objetivos que pretendemos”.122 Sin tomar en cuenta lo anterior, caeríamos en el sentido negativo del conocimiento político, que se emplea para justificar toda política y todo uso del poder, incluso el más despiadado, arbitrario y brutal.123

Para nosotros, el problema de la epistemología es dar más de lo que ha recibido, desplaza el polo de interés al sustituir la historia de la política por las ciencias según su historia política tomando por objeto de estudio solo cuestiones de fuentes, invenciones o de influencias de anterioridad, simultaneidad o sucesión y no encontrar las diferencias entre la política y otros aspectos de la organización humana (económicos, sociales, culturales, poder, etcétera) como resulta ser la diferencia utópica de Platón y Aristóteles.

El valor de nuestro análisis complejo, epistémico-hermenéutico dirigido a las utopías de Platón y Aristóteles, es en razón a superar la posición positivista que existe en lo dado, mediante la reflexión sobre las condiciones del metalenguaje político: a) precompresión; b) prioridad de la pregunta; c) historia de la motivación de cada enunciado y, d) el estudio del conocimiento del conocimiento político.

El pasado de la ciencia política, es un universo difuso a la interrogación retrospectiva de política vs. utopía desde lo metaepistémico.

La investigación de los elementos de ambas será según los medios y las necesidades del momento, nombrando pasado a su condición de ejercicio lingüístico y de funcionalidad pragmática que se tomará como un todo de contenido complejo sujeto a su reflexión epistémica.

2. Dos campos poco filosóficos

El panorama filosófico actual divide a la filosofía en dos campos: el analítico y el continental.124 La producción literaria de los últimos 30 años125 pone de manifiesto sus prejuicios metodológicos: la filosofía analítica, padece de la ignorancia del pasado de la filosofía y, la filosofía continental, es incapacidad de distinguir entre filosofía e historia de la filosofía. Pero el mayor problema que existe es el debate poco fecundo y científico entre las dos.

La filosofía, desde su origen, ha mantenido un estrecho vínculo con su historia y la evolución de sus doctrinas. La filosofía, es un caso especial, los rapsodas son deudores de las musas, los sofos deudores de los rapsodas, los filósofos deudores de los sofos y, estos últimos, de los físicos, ninguna ciencia ha invertido tanto tiempo en su historia. Generalmente, la historia de la ciencia sirve de introducción didáctica o de concepciones contradichas y superadas por teorías nuevas, pero el pasado de la ciencia no es considerado fuente de conocimiento. A pesar de su deuda, la ciencia se presenta como un progreso continuo, haciendo obsoletas las posiciones anteriores.

En la práctica, los científicos omiten su historia, ya que la historicidad de sus conceptos poco afecta la comprensión de la ciencia misma, eso se debe a que tiene una historia vindicatoria.126 Esta relación pasado-presente existe también en los saberes técnicos o la artesanía, pero en la práctica concreta, el conocimiento histórico de la técnica no tiene ninguna consecuencia, entonces ¿qué relación tiene lo anterior con el arte y nuestra obra?

Primero, la perspectiva del artista es distinta a la del historiador, la diferencia radica en que “uno dice lo que ha sucedido y el otro, lo que podría suceder”, como lo manifiesta Aristóteles en su Poética. Las artes mantienen una relación especial con su historia y su evolución es distinta de las ciencias y los saberes técnicos. Las épocas artísticas ocurren, no dejan obsoletas a las anteriores, la sucesión es solo a nivel material.

El artista crea haciendo referencia explícita o implícita a la historia del arte y a su tiempo de creación. Adopta una postura de frente a la tradición que le precede sea positiva o negativa y, el sentido de su obra solo se puede comprender en el contexto que se presenta. Sin embargo, el trabajo del artista y el del historiador del arte son distintos y tienen peculiaridades significativas. Para el artista, la relación con la tradición es esencial, no así la tarea del historiador. Quizás sea fragmentario e inexacto su conocimiento histórico, pero a menudo, es más directo que el del historiador, que solo puede intuirlo y adecuarlo a lo representado, con un ejemplo dramático e histórico que guardan correspondencia entre sí.

Es decir, uno de los puntos más complejos de la Poética de Aristóteles es la noción de poesía (en especial la tragedia) que, para él, es filosófica y enuncia lo universal. La tesis aristotélica “la universal poesía es más filosófica que la historia” sienta su base en la comparación histórica y poética de presentaciones violentas y complejas de la realidad social. La Odisea de Homero y la Historia de Heródoto, contienen pasajes descriptivos y trágicos que en paralelo sirven como herramienta heurística, para interpretar el significado de la tesis de la Poética.

Para Aristóteles, el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa. El argumento que utiliza es la imposibilidad de verificación de las obras de Homero y Heródoto, pero no por ello serían menos históricas en verso que en prosa.

La única diferencia que él encuentra entre las dos formas de narración, radica en que uno dice lo que ha sucedido y, el otro, lo que podría suceder, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. Nuestro autor concluye que la poesía es más filosófica y elevada que la historia, porque la poesía dice lo general y la historia lo particular. Para él, la perspectiva en la poesía es más amplia y rica que en la historia. Pero no olvidemos que tanto la Odisea como la Historia, no dejan de ser creaciones literarias, independientemente que una sea una imitación de una acción y la otra una narración de hechos. Además, las dos clases de obras contienen los elementos de una fábula en tanto composición de los hechos y caracteres.

Aristóteles, después de encontrar la diferencia entre la poesía y la historia, agrega: “Es general a qué tipo de hombres les ocurre decir o hacer tales o cuales cosas verosímil o necesariamente, que es a lo que tiende la poesía […] y particular, qué hizo o qué le sucedió a Alcibíades”.127 Siendo este último punto el que más interesa a nuestra investigación y da fundamento a la politización de la poesía.

En la definición de la tragedia y la explicación de sus elementos, nuestro autor, menciona que “esta (la tragedia) es imitación de una acción y que el pensamiento como elemento de ella, consiste en saber decir lo implicado en la acción y lo que hace al caso”.128 Para él, “los discursos de los gobernantes, son obra de la política y la retórica y culmina con el tema espinoso que es la relación entre la ética y la política. Los antiguos, hacían hablar a sus personajes en tono político y los de ahora, en lenguaje retórico”.129

Platón se ocupó del tema (relación entre ética y política) en la República y las Leyes, pero el diálogo más significativo al respecto es Primer alcibíades de la naturaleza humana, donde desarrolla la reflexión sobre la política y la teoría del contexto moral. Platón en su época y Michel Foucault130 en la nuestra, llegan a la misma conclusión: la importancia de preparar la personalidad y el espíritu humano antes de lanzarse a las tareas públicas.

3. Filosofía de la cultura

Para los antropólogos, la génesis antropológica es la antigua Grecia. Aplicar la antropología política a la vida política y discurso político de la Grecia antigua implica forzar los límites interdisciplinarios entre antropología, historia, filosofía política y el análisis del discurso. Este hecho hubiera sido imposible hace tres o cuatro décadas, hoy es un lugar común de las ciencias sociales y de las ciencias del espíritu. Desde los trabajos pioneros de Christian Meir, pasando por el movimiento de Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, hasta los textos de Nicole Loraux, sin olvidar los cuasi-teológicos de Rene Girard o el antropológico filosófico de Ernesto de Martino, son el referente etnológico-social de la Grecia arcaica y clásica. La antropología política constituye una disciplina en sí misma, dirigida al análisis estructural y de interpretación hermenéutica de los conflictos sociales, la estructura política, el discurso teórico filosófico, la mitología, la literatura épica-trágica y utópica de esa antigua Grecia que es el origen de la cultura occidental.

Una vez esbozado el marco de referencia temática, vamos a centrarnos en la antropología de Cassirer que desarrolla en su Introducción de la Filosofía de las formas simbólicas y en la Antropología filosófica,131 para encontrar la concepción antropológica de la polis.

Cassirer en la Crítica de la cultura mostró cómo todo contenido cultural presupone también un acto originario del espíritu.132

Mito, religión, arte y ciencia no son sino los distintos escalones que el hombre ha subido en su toma de conciencia, en su interpretación reflexiva de la vida.133 Estas formas de comprensión del mundo tienen en común una fuerza originaria constitutiva y no meramente reproductiva, por la que la simple presencia del fenómeno recibe una significación, que crea algo con relación a un principio autónomo, es decir, en su autorrevelación.134

Como hemos visto, la ciencia no es el único medio por el cual el hombre configura la realidad, existen otros medios de configuración del mundo humano que no son científicos, sino prerracionales o imaginativos, pondremos como ejemplo el antropomorfismo político de la República de Platón, donde busca hacer coincidir el orden del discurso con lo ontológico, lo epistemológico y lo político. Platón conoció el lenguaje de la medicina y lo desplazó a la esfera de la filosofía en general y de lo político en particular. Parte de la metáfora, la ciudad se asemeja a un cuerpo humano, haciendo una serie de conclusiones sobre cómo se debe organizar la ciudad y cómo debe ser la justicia política.

4. La polis como concepción cultural

¿Qué es la polis griega? Resulta ser una versión más o menos aproximada de la eterna ciudad. Si nos remontamos al libro del Génesis, relata que Caín estaba construyendo la primera ciudad cuando su mujer concibió y dio a luz a su primogénito. Siguiendo la trama, la ciudad es la concentración de diversas gentes reunidas dentro de un común recinto, con autoridad propia y dependencia económica, el término tal y como lo utilizan los autores griegos, alude bien al sistema de gobierno, a la población y al territorio.135

El hecho de que la ciudad sea pensada como utopía desde Platón hasta Bellamy se debe, según Lewis Munford, a que se inspiraron en la tradición helénica. La ciudad tenía la ventaja de reflejar las complejidades de la sociedad dentro de un marco que respetaba la escala humana.136

El modelo de las antiguas ciudades caldeas y la polis griega no es, sino una forma especial de esta concepción. La evolución política y el desarrollo económico de las primeras sociedades, van fijando la forma en que se materializa la polis (monárquica, oligárquica, democrática con sus alternativas tiránicas), como medio de convivencia social y portadora del poder. De esta manera:

Existen tres fases de la utopía:137 en idea cuando es solo deseo (del utopista o del movimiento), planteada en un tiempo puramente futuro; en realización donde se explicita la contradicción entre los movimientos revolucionarios o reformistas y, la práctica que modifica el proyecto, donde prima el tiempo presente; y la utopía cumplida, que es el resultado si se logra construir algo.

Sócrates resulta ser el caso más particular de la relación de un hombre con la decadencia de su ciudad. Sabemos que, condenado a muerte, no acepta escapar de las leyes de la ciudad porque son ellas las que lo han criado, educado y lo han hecho experimentar la vida civil. El individuo es hijo de la ciudad, que ha permitido el legítimo matrimonio de los padres, la que lo ha realizado y salvaguardado. Pero aun cuando la ciudad entra en crisis, desprenderse de la polis no es tan fácil, la muerte de Sócrates, marca la crisis de los supuestos óntico, deóntico y epistémico de la polis griega, “sus leyes se utilizaron para matar al ciudadano más justo”, diría Jaeger en su Paideia.138 Dicha crisis de los anteriores supuestos, son una coincidencia muy significativa si pensamos en la crisis de Nación y Estado en nuestros días.

5. Polis versus civitas

Aristóteles propone en su Política que “una ciudad está compuesta por diferentes clases de hombres; personas similares no pueden crear una ciudad” y que el hombre no se distingue de los animales, sino por su sentido de lo bueno y lo justo, “en este sentimiento se basan la familia y la ciudad”.139 Y surgió contra la intención primera de la fundación social, algo completamente nuevo, la polis se convirtió en una cosmópolis. Las ciudades de Grecia, a lo largo del siglo iv, presencian la proletarización de su población y la falta de trabajo, escasez de comestibles y carestía en general.

¿Cuáles son las diferencias entre la polis griega y la civitas romana? La politeia entre los antiguos griegos era “aquello que beneficia o daña a la pólis”140 o al menos, hasta que la ciudad dejó de ser el reflejo de la totalidad social. Para algunos teóricos, existen dos acepciones para la palabra politeia: una entendida como Constitución, es decir, “ley fundamental” y otra equivale al conjunto de costumbres y hábitos.141 Estos dos enfoques nos ayudan a deshacernos de confusas consideraciones acerca del término. Primero, considerar lo político como todo lo relativo a la polis, es una concepción antropológica que equivale a todo bien cultural producido por el hombre, pertenece a la esfera del nómos contrapuesto a la phýsis. Segundo, la disyuntiva semántica del término politeia. En Grecia el término de ciudadano (politis) y su calidad o capacidad (politeia) derivaban de la ciudad (polis) en esta parece preexistir como realidad concreta y como comunidad individualizada. Dicho modelo desarrollaba un proyecto de autonomía, en el cual, cada individuo era importante para el funcionamiento de la comunidad, la ciudadanía y el Estado manteniendo bordes difusos de grado.

En Roma ocurre lo contrario con el nombre de ciudad, civitas, con su constitución interna o su sistema de derechos, deriva el nombre del ciudadano: civis. Existen algunas diferencias importantes los griegos conceptúan en términos filosóficos, políticos o morales, como han demostrados Sócrates, Platón y Aristóteles y, los romanos lo hacen en términos jurídicos142 conforme con Marco Tulio Cicerón. Lo anterior sugiere que la ciudad es el producto de la acción común o la interacción de los ciudadanos y no al revés. Estos son sentido filosófico fuerte, los caminos opuestos que la terminología griega y la romana han seguido en su formación.143

La concepción del patriotismo griego y del universalismo romano, no significa estrictamente que los primeros pensaran y actuaran de forma y términos holísticos (el ciudadano como emanación de la totalidad que es la ciudad) o que los romanos fuesen más individualistas y que, para ellos, el todo se representaría como un resultado permanente de la acción de los individuos, que podríamos considerar como conciudadanos o co-ciudadanos.

Por lo que respecta a la relación gobernantes-gobernados “los primeros son responsables ante los segundos, mientras que los segundos están obligados ante los primeros”.144

Lo que sí es patente es que la noción de ciudadano es difícilmente separable de la representación de una comunidad de ciudadanos: “Una sociedad creada para lograr el bien común o incorporar un derecho común”.145 Al respecto, resaltan dos cuestiones: la primera, la clase de espacio abstracto y concreto o sensible, en el que los ciudadanos actúan como una comunidad y, segunda, el carácter de miembros de la comunidad es algo que se impone, atribuye, heredan o es algo que ellos crean y recrean a través de su acción común, en el sentido de “sensación de poder”146 como “capacidad que debe permanecer siempre abierta”.147

En la Nueva España, Vasco de Quiroga pensó que en Pátzcuaro, Michoacán, podía desarrollar ideas utópicas, otros concibieron construirlas basándose en regulaciones internas de la experiencia.148

6. Tipología de la utopía

Sobran los criterios para definir la utopía, ya que se han escrito desde definiciones generales hasta enciclopedias:

En la determinación del significado del concepto utopía se podría demostrar en qué medida toda definición en el pensamiento histórico es perspectiva, es decir, contiene en sí misma el sistema total del pensamiento de la posición del pensador en cuestión y especialmente las valoraciones políticas que yacen en alguna medida bajo este sistema de pensamiento.149

Lo mismo sucede con el concepto de ideología, sus definiciones portan un sentido político, pero el de utopía es más unívoco y constituye un símbolo, se presenta como una categoría del debate político. Todos los monopolios, todas las funciones y obras específicas del hombre, el lenguaje, la conciencia moral, el Estado,150 pero en especial la ideología y la utopía son visiones de la realidad desde un contexto social particular, que se distinguen por su diferente inadecuación a la realidad continua. La ideología observa al pasado como modelo para su crítica de la realidad presente, la utopía transciende el presente mediante un modelo ideal de futuro.

Hay que añadir a este criterio conceptual, un criterio práctico: es utópica aquella concepción del mundo que ha sido históricamente eficaz, que se ha realizado; las demás cosmovisiones, frustradas en mayor o menor escala, se consideran ideologías.151 Max Horkheimer establece la intencionalidad como característica notable del pensamiento utópico, en oposición al concepto de ideología: “Si la ideología provoca la apariencia, por el contrario, la utopía es el sueño del verdadero y justo orden de vida”.

Ahora bien, con las reflexiones anteriores ya podemos tener una idea de lo extenso y complejo que puede ser el conocimiento del conocimiento político en sus más variados elementos y sus diversas referencias temporales y de lugar. El reto es seguir adelante con nuestro trabajo de reflexión para ahondar en el difícil problema de encontrar políticas eficientes para contener y prevenir la criminalidad en México, que ha rebasado la capacidad del control estatal en algunos de sus territorios y ha sometido a gobernantes y gobernados en una espiral de violencia nunca antes vista en el siglo pasado y en el presente.

CAPÍTULO SEGUNDO

El reto de una política anticriminal eficiente,
integral y garantista

2.1 Aproximación al fenómeno de la criminalidad

Antes de abordar el fenómeno criminal con su nuevo rostro de carácter globalizador y fines no solo económicos, sino territoriales y políticos, es pertinente mencionar un concepto aproximado de lo que entendemos por criminalidad o lo criminal y, en contraste u oposición, la referencia conceptual a lo que denominamos anticriminal, para así establecer un primer acercamiento al universo objeto de la política pública que nos interesa investigar.

En efecto, cuando nos referimos a lo criminal entendemos que se trata de un universo complejo y cambiante tanto en los órdenes espacial, temporal, formal y material, pero siempre referido al fenómeno social de conductas delincuenciales o antisociales. La misma amplitud y complejidad del fenómeno ha generado, para su estudio, un uso diversificado de definiciones y significados, como son maldad, criminalidad, crimen, delincuencia, mafia, anormalidad, desviación, entre otros. Los anteriores calificativos sirven para significar el fenómeno social y político de las conductas no deseables que se dan en un lugar y tiempo determinados.

Además, por referencias filosóficas, sabemos152 que desde épocas antiguas ya existían usos, creencias, tradiciones y costumbres que establecían ciertas reglas, normas o códigos sociales que la comunidad reconocía como obligatorios, cuya inobservancia traía consecuencias para el infractor, es decir, existían conductas que estaban prohibidas en la comunidad. Con la evolución del lenguaje escrito se fueron plasmando en leyes o códigos como el famoso Código de Hammurabi, Torah de los judíos, el propio Corán, Ley de las Doce Tablas, Los Vedas hindúes, Libro de los Muertos, Zen Avesta persa, El Código de Manú, Nuevo Testamento y tantos otros mandatos emanados de la clase dominante o derivado de costumbres y creencias religiosas de los pueblos antiguos.

Estos ordenamientos sociales normalmente eran interpretados y aplicados en las sociedades antiguas, por un grupo selecto que atesoraba el conocimiento como forma de control social. Muchas de esas normas eran observadas voluntariamente por parte de los gobernados o súbditos, debido a tradiciones antiguas receptadas y aceptadas como valiosas para su existencia, aunque también existían otras normas y mandatos que se imponían aún en contra de su voluntad, acorde con el contexto social y político que cada época y comunidad vive en su momento.

Por otro lado, a la persona que transgrede las leyes religiosas o sociales se le ha conocido históricamente como sacrílego, hereje, infiel, pecador, anormal, inmoral, asesino, desviado, antisocial, mafioso, psicópata o simplemente delincuente o criminal. Esta variedad de calificativos tiene mucho que ver con el contexto social y político en sus coordenadas espaciales y temporales, pues mientras en algunas comunidades y épocas se permitía, por ejemplo, la antropofagia, en otras era una verdadera aberración.

En la época de los reyes católicos era una herejía no profesar la religión católica, en otros países se inclinaban por la libertad de culto; en algunos países el aborto está prohibido, pero en otros está permitido; mientras en alguna época la usura estaba prohibida, ahora de manera disfrazada se lleva a cabo como algo normal por ciertas instituciones nacionales e internacionales; en algunas partes está prohibida la esclavitud, en otras permanece maquillada, ya sea por motivos económicos o religiosos.

En fin, la propia evolución de los pueblos va estableciendo un catálogo de conductas consideradas como indeseables y con diferentes grados de rechazo o sanción. Desde luego hay experiencias históricas terribles como el Holocausto, el nazismo o la batalla de Stalingrado donde la consideración de criminal o antisocial dependía de una cuestión de raza y odio patológico que nada tiene que ver con los valores humanitarios actualmente reconocidos.153

Igualmente, la propia transformación de las sociedades va generando conductas consideradas como delitos o crímenes que antes ni siquiera se imaginaban, por ejemplo, los delitos informáticos, ambientales, el lavado de dinero ilícito o el tráfico ilegal de órganos humanos que, apoyado en la tecnología, ha hecho posible la práctica inhumana de los trasplantes de riñón en la ciudad de Calcuta en la India, utilizando como donantes a la población en extrema pobreza, sin informarles las consecuencias para su salud.

El fenómeno de la criminalidad está ligado a la historia de la humanidad, ha participado como actor o como víctima de conductas crueles, sanguinarias, inhumanas, autoritarias, arbitrarias, corruptoras y desconocedoras de los derechos naturales o de aquellos reconocidos jurídicamente a la persona humana. De la misma manera, la criminalidad se ha generado, transformado y mutado de acuerdo con las transformaciones de las civilizaciones, sociedades y naciones.

Insistimos, la categoría que llamamos criminal está referida a todo ese mundo o ser que pertenece a ese fenómeno social que desde la antigüedad se presentaba en los pueblos, aunque con un matiz fuertemente ligado a las creencias religiosas y a los intereses de la clase dominante. El mundo del crimen, criminal o de criminalidad como también se le identifica, es un universo cambiante que puede ser etiquetado como fenómeno complejo, evolutivo y generacional que, para su estudio, admite diversos enfoques, pues como fenómeno social comprende diversas disciplinas como la sociología, la criminología, la economía, el derecho, la biología, la psicología, la política, la historia, la globalización e incluso la literatura con obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri, Crimen y Castigo de Fedor Dostoievski, Fuenteovejuna de Lope de Vega, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Luis Stevenson, Los Bandidos de Río Frío de Manuel Payno, El asesinato considerado como una de las bellas artes de Tomas de Quincey, A sangre fría de Truman Capote, El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, Astucia de Luis G. Inclán o Chucho el Roto, por poner un ejemplo.

Es importante señalar que en algunos contextos la palabra crimen se identifica como delito de gravedad en oposición al delito menor o infracción reglamentaria; por ello, es importante deslindar bajo qué disciplina y contexto se va a observar o investigar la conducta indebida o socialmente rechazada por la comunidad que en cada caso se trate, para no incurrir en alguna ambigüedad lingüística o contextual. En el caso de nuestra tradición normativa, se entiende por criminalidad a la conducta considerada legalmente como delictiva, esto es, la conducta típica acreedora de sanción penal, en tanto que, bajo la óptica sociológica, criminológica o psicológica se habla de conducta antisocial, anormal o desviada.

También es posible que se presenten conductas de grave afectación para la sociedad o comunidad y que esas conductas no estén señaladas en los códigos penales por existir algún vacío legal; en cambio vemos reglas, costumbres o códigos no escritos que, sin estar en los códigos penales formales, son acatados de una manera eficaz por la comunidad que los reconoce como valiosos y obligatorios.

La palabra crimen es de origen remoto, probablemente indoeuropeo y referido a conductas consideradas sacrílegas o relacionadas con los aspectos religiosos o rituales, sin embargo, con el devenir histórico fue adquiriendo nuevos significados como mala acción, pecado, maldad, asesinato, impiedad, delito grave, elegir al culpable, distinguir, indicio, señal, signo distintivo, delación, acto criminal y otros relacionados con lo que los romanos conocían como seles y los griegos como crisis o krim.

Para nuestra tradición penal mexicana, el crimen es un delito grave, por ejemplo, el homicidio doloso, la violación, el secuestro o bien cuando se habla de crimen organizado; en cambio para la ciencia criminológica cualquier conducta antisocial puede considerarse criminal, no obstante que no esté tipificada como delito en el código penal. El mismo uso indiferenciado de la palabra crimen ha hecho que se le identifique como delito y que se adopten derivados como crimen organizado, mafia, sociedad del crimen, sistema económico clandestino o delincuencia organizada. Debemos estar conscientes que el estudio de la conducta calificada de indebida puede abordarse desde diferentes ángulos o disciplinas como la política, la moral, el derecho penal (nacional e internacional), la sociología, la criminología, la psicología, la religión, la ética, la deontología, la economía, la biología, la historia, la literatura, la pedagogía y tantas otras que tratan de encausar y explicarse la complejidad de la conducta humana.

Es conveniente hacer referencia a diversos autores, investigadores y teóricos que han incursionado en el conocimiento del fenómeno criminal o de la criminalidad, básicamente en el campo de la criminología, sin embargo, el análisis crítico de su pensamiento excede con mucho a los propósitos de este trabajo orientado al aspecto político. Así pues, solo apuntaremos que la “criminología puede definirse como una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de los factores del delito, de las conductas desviadas, del delincuente y por supuesto de la víctima”.

No se soslaya que el fenómeno del crimen es un ente multifactorial complejo, que ha estado presente desde épocas muy antiguas acompañando a las sociedades humanas en su devenir histórico y en el desarrollo de figuras como propiedad privada, división del trabajo, separación entre gobernados y gobernantes, sucesión en el poder, lucha de clases, actividades comerciales, globalización, ideologías, administración pública, desarrollo de informática y, desde luego, actividades de la lucha política por el poder hegemónico, acompañado generalmente por ese fenómeno que es la guerra con las terribles consecuencias que ello acarrea para todos.

Se puede afirmar que el fenómeno de las asociaciones criminales en México ha transitado en el devenir histórico desde la época virreinal y se pueden identificar hasta tres distintas generaciones respecto a la delincuencia organizada en México, pues —en estricto sentido— siempre ha existido el fenómeno de la agrupación de varias personas para delinquir, aunque no con las características organizativas, estructura, finalidad y funciones que presenta la delincuencia organizada trasnacional en la actualidad.

El fenómeno del crimen o conducta transgresora “es un fenómeno tan antiguo como la humanidad”,154 que adquiere ese calificativo negativo desde el momento que la comunidad establece y reconoce pautas de conducta que deben observarse, sin embargo, el estudio propiamente científico para explicar esa particular conducta en sus causas y motivos, puede situarse en su origen con los estudios de César Lombroso a quien se le reconoce como uno de los fundadores de la criminología con su obra Tratado antropológico experimental del hombre delincuente (1876), por lo que esa fecha puede considerarse como el nacimiento oficial de la criminología.

Esta disciplina va a generar una fuerza expansiva de tal magnitud que se va a diversificar en otros estudios o disciplinas afines como la sociología criminal, biotipología, psicología criminal, política criminal, derecho criminal, estadística criminal, criminalística y muchas otras materias que la ciencia y tecnología han desarrollado para auxiliar al entendimiento de la conducta humana, cuya complejidad sigue siendo materia de opiniones encontradas y contradictorias en esas disciplinas.

El devenir de la criminología ha estado representado por muchos personajes que, con diferentes enfoques, nos han heredado un conocimiento invaluable como el marqués de Beccaria con su obra clásica Tratado de los delitos y las penas publicada (1764), César Lombroso, Jeremy Bentham con su obra Panóptico y sus estudios sobre la sanción, Enrico Ferri, Constancio Bernardo de Quirós con su obra Bandolerismo en Andalucía, Johann Gaspar Lavarte, José Francisco Gal, Felipe Pinel, Luis Jiménez de Asía, quien llegó a afirmar que la criminología se tragaría al derecho penal, Pierre Paul Broca, Johann Friedrich Theodor Müller, Ernst Heinrich Philip Augusto Haeckel, Benedicto Augusto Morel, Enrico Mudase, Arturo Bordear, Mauricio Benedicta, Foucault con su obra Vigilar y Castigar, Sutherland, Adolph Quitele con sus estudios sobre estadística, Próspero Despane considerado fundador de la psicología criminal, Benigno Di Tullido, Ernesto Kretchmer, psiquiatra, Carl Gustav Jung, Gregorio Marañón y Posadillo, endocrinólogo, Claudio Bernard, Nicolás Pendé, Sigmund Freud, Alfred Adler, Eugenio Cuello Calón, Vicenzo Manzini y Juan Alejandro Eugenio Lacassagne, sociólogo y criminólogo quien afirmó que el medio social es el caldo de cultivo de la criminalidad y el microbio es el criminal.

De la escuela sociológica, Agostino Gemelli, psicobiólogo italiano, sostuvo que el delito puede ser el episodio final de una cadena de procesos, Rafael Garófalo con su obra Criminología, Paulina Tarnowsky con sus estudios sobre las prostitutas, Alfonso Millán, psiquiatra mexicano, al igual que el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, Edmundo Mezger con su obra Política Criminal, César Beccaria con su obra clásica Dei delitti e della penne de 1764, Luis Rodríguez Manzanera, mexicano y autor de la obra reconocida en nuestro medio Criminología, Francesco Carrara con su clásica obra Programa de Derecho Criminal, Emily Durkheim con su Teoría de la Anomía, Miguel Sarre Iguíniz, Siegfried Lamnek con Teorías de la Criminalidad en la que refiere las diversas escuelas o corrientes que se han desarrollado históricamente como la clásica, sociológica y varias más que clasifica como la vieja y nueva escuela, así como muchos más especialistas que han aportado su esfuerzo intelectual para comprender y explicar por qué se delinque, evitar que las personas no transgredan los valores reconocidos por la comunidad y sobre qué bases racionales y en qué medida debe ser la sanción en el caso de las conductas delictivas ya realizadas.

Como pioneros del desarrollo científico de la política criminal (preferimos llamarla anticriminal) tenemos a exponentes como Feuerbach, Henker, Kleinsroad, Mittermaier, Franz Von Liszt con su Programa de Marburgo, Montesinos, Renazzi, Cremani, Garofalo, Beccaria, Manuel de Lardizábal y Enrico Ferri quién la denomina sociología criminal; después continúa con personalidades como Edmund Mezger, Bentham, Carrara, Claus Roxin padre de la moderna política criminal, Gunter Jackobs, Eugenio Raúl Zaffaroni y muchos más, que la han considerado como una disciplina autónoma del derecho penal o de la propia criminología, o bien como una rama de la política social en general.

Desde otro ángulo, hay que tomar en cuenta que la conducta indebida, considerada bajo la óptica del derecho penal, también se estudia tomando en cuenta la evolución histórica del fenómeno criminal, cuyo origen se remonta a épocas en las que la religión, las supersticiones, las costumbres y los mitos se encontraban amalgamados en las creencias de diversos grupos humanos; por ello, se puede afirmar que el derecho penal existe por lo menos desde la época de las sociedades antiguas organizadas. El estudio de esta disciplina también ha sido desarrollado por diferentes escuelas como la Escuela Clásica, la Escuela Positiva, la Escuela Finalista, la Escuela Funcionalista y la Escuela Garantista con Luigi Ferrajoli al frente, todas ellas con sus representantes considerados como gigantes en este particular campo, cuyas aportaciones han sido muy importantes para las ciencias penales.

Por cierto, en alguna época se llegó a considerar que la criminología era una rama del Derecho Penal, cuestión que estimamos superada porque, como afirma M. Peláez, citado por José A. Sainz Cantero en su obra Lecciones de Derecho Penal, la criminología y el derecho penal son dos ciencias autónomas, pero no opuestas ni separadas, más bien asociadas.

Por otro lado, el derecho penal tiene una gran historia que va desde las primitivas normas relacionadas con el pensamiento mágico y fórmulas como el draconiano “ojo por ojo y diente por diente”, hasta el arribo de todo un sistema de enjuiciamiento público con derechos y obligaciones a cargo de las partes involucradas sujetas a un debido proceso legal que garantiza el límite del ius puniendi o derecho de castigar del Estado.

Hemos citado a diversos estudiosos que en distintas épocas y latitudes han aportado su conocimiento a esta rama del derecho tan íntimamente asociada con la criminología y con la política criminológica o anticriminal, como se le quiera llamar. Es de justicia reconocer los esfuerzos titánicos de todos ellos que con su inteligencia y esfuerzo han buscado las fórmulas razonables, justas y equitativas para entender las causas por las que existen personas que transgreden la ley y cuáles son las consecuencias que se derivan de ello.

Finalmente, para completar el desarrollo del presente punto introductorio, es importante mencionar el concepto o categoría que llamamos anticriminal, todo aquello que previene, rechaza, contiene, neutraliza, disuade, combate, regula, reprime y sanciona las conductas criminales o desviadas, como se les llama en la corriente sociológica. Este concepto se vincula y se proyecta, principalmente, en todas aquellas medidas que el Estado implementa a través de las políticas en los diferentes ámbitos donde ejerce sus funciones tanto ejecutivas, administrativas, legislativas y jurisdiccionales, es decir, mediante acciones, planes, programas, normas, estrategias, tratados, recomendaciones, previsiones, sanciones. En fin, todo aquello que coadyuve a obtener idealmente una situación social en la que el gobernado tenga una plena seguridad en el respeto a sus derechos humanos para que pueda desarrollarse física, moral y socialmente en armonía con sus semejantes y su entorno ambiental.

El tema de las causas del delito es propiamente el campo de la criminología y la psicología criminal, en general, podemos señalar las siguientes: globalización económica sin control, corrupción social, delincuencia organizada trasnacional, sistema político y económico neoliberal, economía nacional asimétrica; insuficiencia de proyectos sociales, desigualdad social, educación fallida, vicios, pobreza, ignorancia, desadaptación extrema, patologías, rencor social, influencias negativas, maldad pura, amor patológico al dinero, abandono familiar temprano, problemas endocrinos, deficiencia mental y desintegración familiar.

Más adelante se verá de qué manera el Estado mexicano ha enfrentado el problema de la criminalidad organizada y como históricamente se dejó crecer este fenómeno apoyado por la corrupción oficial —hoy denunciada por la 4T— a pesar de tratarse de una cuestión primordial para el desarrollo de una sociedad democrática, armónica y respetuosa de los derechos humanos. También debe destacarse la permanente preocupación de organizaciones internacionales para establecer una jurisdicción penal internacional que combata la impunidad en caso de crímenes de guerra y crímenes graves de lesa humanidad que repugnan a los Estados democráticos. El esfuerzo sostenido y laborioso de la comunidad internacional, desde el final de la Primera Guerra Mundial, dio algunos frutos de esperanza con la creación de la Corte Penal Internacional (derivado del Estatuto de Roma de 1988) que fue reconocida y aceptada por México.

2.1.1 Del bandolerismo a la delincuencia organizada trasnacional

Con la anterior aproximación al fenómeno criminal y a los conceptos generales sobre lo que entendemos por criminal y anticriminal, ahora corresponde abordar el tema de la delincuencia que actualmente presenta un cara muy diferente a la que tenía hace unas pocas décadas. Una parte del rostro criminal es ahora más diversificado, más organizado, más corruptor de las instituciones, con muchos recursos materiales y humanos, con ganancias inmensas, con ambiciones políticas y montado en ese otro fenómeno conocido como globalización, alimentándose tanto del modelo político, económico, social y cultural conocido como neoliberalismo mundial, la corrupción y la incapacidad de las autoridades para controlarlo.

Esta combinación, apoyada por la tecnología moderna, facilita a la delincuencia organizada un grado de impunidad que le permite rebasar fronteras y mover drogas, armas, personas y grandes recursos financieros en cualquier lugar del mundo. La comercialización mundial de bienes, servicios y transportación de personas mediante las rutas aéreas, marítimas y terrestres, aunado a la tecnología de las comunicaciones y la flexibilidad financiera de algunos países, son el vehículo facilitador de muchas actividades criminales difíciles de detectar y controlar por las autoridades.

El nuevo rostro del crimen, ahora organizado como empresa, desarrolla contactos o conexiones con otras organizaciones criminales mundiales y, al mismo tiempo, recluta a personas que por la necesidad económica se enganchan para desarrollar diferentes roles en la organización. La delincuencia organizada trasnacional, además de contratar, cuando así le conviene, a elementos pertenecientes a la delincuencia común, también infiltra a toda clase de autoridades nacionales o extranjeras, incluyendo instituciones bancarias, para asegurar la impunidad de sus acciones.

Por otro lado, las mismas organizaciones delincuenciales, muchas veces cuentan con apoyo de bases sociales marginadas, que están dispuestas a recibir ciertos beneficios económicos o simplemente permiten las actividades ilícitas por temor o amenazas. Un caso ejemplificativo es el famoso huachicoleo o robo de combustible desde los ductos controlado por el cártel conocido como Santa Rosa de Lima, en donde se sospecha que participan la autoridad, particulares y trabajadores de la empresa pública de Petróleos Mexicanos.

La nueva criminalidad de este tercer milenio, no solo persigue la obtención de recursos económicos, sino que su mismo crecimiento lo ha llevado a enfilar su capacidad corruptora hacia el control territorial, poblacional e incluso político, desafiando al propio Estado y a la sociedad en general. Se trata de organizaciones que ahora utilizan como fachada el carácter de empresas o corporativas trasnacionales (mimetismo), para poder lavar el dinero obtenido mediante la comisión de diversos delitos como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de órganos humanos, el contrabando de armas, los fraudes informáticos, etcétera.

La nueva criminalidad trasnacional, a la que llamamos de tercera generación, se desarrolla, aprovechando la estructura y superestructura de una sociedad de riesgo como la nuestra, egoísta, consumista, desigual socialmente, vulnerable en aspectos sociales, depredadora del ambiente, violenta, alienada, carente de valores humanos, dependiente en muchos sentidos de fuerzas políticas externas hegemónicas e inmersa en constantes crisis de índole político, económico, axiológico, ambiental y ahora de carácter sanitario con la pandemia del COVID-19.

El fenómeno del crimen organizado presenta una serie de características que la distinguen de aquella delincuencia convencional cada vez más lejana. En efecto, una de las características generales más destacadas de la nueva faceta de la criminalidad o nuevo rostro del crimen, es que teniendo como antecedente una delincuencia individual, se transformó en una delincuencia organizada colectivamente en bandas rurales (primera generación), para después —con el proceso cosmopolita e industrial— mutar a las llamadas asociaciones delictuosas con presencia nacional (segunda generación), para finalmente desembocar en una delincuencia organizada global, sofisticada, profesional, violenta, multifuncional, con estructura de sociedad corporativa, bajo un esquema de planificación, cálculo de riesgos y operatividad en varios delitos de alto impacto en cualquier parte del territorio nacional o del mundo (tercera generación).

Este fenómeno criminal no solo se presenta, como se piensa generalmente, en delitos como el tráfico de drogas, sino también en la trata de personas, contrabando de armas, secuestro, extorsión, robo de autos, lavado de dinero ilícito, fraudes informáticos e inclusive en delitos de cuello blanco con la participación de servidores públicos corruptos. Es cierto que en su origen las organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa o el Cartel del Golfo, empezaron a fortalecerse con la actividad del tráfico de opio obtenido de la amapola, mismo que se ha visto incrementado con el desarrollo de nuevas drogas sintéticas como el fentanilo, cuyo consumo es letal, sin embargo, no solo esa actividad es explotada actualmente por la delincuencia organizada, sino también con la explotación de otros mercados clandestinos que igualmente le generan ganancias exorbitantes. Finalmente, algunos autores especialistas en el fenómeno de la delincuencia organizada hablan de otra modalidad denominada de factoraje criminal de una cuarta generación.

El modelo de delincuencia organizada en bandas de asaltantes de caminos —que operaban antiguamente en zonas rústicas muy focalizadas con poca movilidad territorial— es un primer antecedente remoto de la delincuencia que actualmente cuenta con mayor desarrollo en su organización, recursos, tecnología, armas modernas, movilidad territorial y, sobre todo, la pasividad y complicidad de las autoridades antes de la 4T. Además, la delincuencia se aprovecha del fenómeno de la globalización económica que por su naturaleza facilita el flujo de personas, mercancías y capitales millonarios, difíciles de controlar. Las historias de bandoleros famosos como “Chucho el roto”, eran admirados por la sociedad que temidos por las autoridades, son ahora episodios románticos frente a la capacidad letal y organizativa de la nueva delincuencia organizada sin fronteras y rasgos humanos.

La delincuencia organizada en México —en su evolución— se distingue porque siendo su estrategia inicial la obtención ilícita de ganancias, actualmente, sin perder esa finalidad, se enfoca al control político, territorial y financiero, que le permite blindar sus actividades ilegales sin limitaciones espaciales, pues al parecer la economía informal que genera compensa desviaciones propias del sistema capitalista neoliberal. El modo de operar de esta nueva delincuencia ha llegado al grado de contratar elementos ajenos a su núcleo de organización para conseguir determinados objetivos, es decir, la modalidad es la contratación de mercenarios que, sin pertenecer a la organización, ejecutan ciertas acciones sobre todo sicarios, matones o mercenarios.

Recientemente el Fiscal General de la República declaró ante el Senado que:

Ha habido un crecimiento de la cantidad de personas que están no solamente en el narcotráfico, sino que prácticamente están teniendo ya el control de la vida cotidiana en ciertas regiones del país. Eso es un problema, póngale el nombre que quiera, son grupos organizados que están contendiendo con las autoridades y el Estado mismo para tener una capacidad delictiva que ya raya en el control político y en el control territorial.155

El fenómeno de la criminalidad en el mundo tiene una historia tan remota como las civilizaciones antiguas que ya habían adquirido, de diferentes formas, una conciencia de lo que estaba prohibido por la religión o por la ley. Son conocidas las referencias a la rebelión y desacato de las legiones de Luzbel contra el Dios judío o la desobediencia de Adán y Eva por comer del árbol prohibido, a instancia de la serpiente como autora intelectual. Además, son muy conocidas las historias de grupos delictivos, como en los tiempos de las Cruzadas, diversos miembros de la secta árabe chiita conocida como los hassasin o los asesinos dirigidos por el llamado “viejo de la montaña” Hasan Ibn Al-Sbah; los famosos bandoleros que asolaban los caminos o los piratas que asaltaban puertos y ciudades para poder cometer sus tropelías, amparados por patentes de corso otorgadas por reyes encubridores. Incluso hay antecedentes de una delincuencia organizada de cuello blanco y noble autorizada por Inglaterra para traficar el opio en China (Jardine y Matheson Company), envenenando al pueblo chino de manera calculada y alevosa.

Mención aparte son todas las colonizaciones sangrientas hechas en América, África, Asia y otras regiones del mundo, realizadas por grupos llamados conquistadores que, a nuestros ojos, tienen gran similitud en muchos aspectos formales con la delincuencia organizada que ahora padecemos. Es difícil justificar instituciones como la esclavitud, o bien, acciones como el despojo de tierras, la matanza de pueblos enteros, la trata de personas, particularmente de origen africano, el enjuiciamiento, tortura y muerte por cuestiones religiosas, o bien por el abuso de autoridad de todo tipo sobre la población civil. Todas esas conductas encuadran perfectamente en los delitos previstos por las actuales legislaciones penales del mundo occidental.

En el aspecto político, sin identificarlos con la delincuencia organizada actual, también han existido y existen grupos organizados que se ven obligados a cometer formalmente delitos, incluso homicidios, para la defensa del territorio nacional contra los extranjeros. Estos grupos organizados actúan bajo una ideología o bandera política (bandoleros sociales), por lo que no podemos clasificarlos como delincuencia organizada, aunque, desde el punto de vista del invasor, pudieran estimarse delictivas. Nos referimos a los grupos rebeldes que han tenido históricamente un papel importante en la defensa contra invasiones extranjeras, antecedentes como España frente a la invasión napoleónica o el valiente desempeño de la resistencia francesa (donde participó activamente el complejólogo Edgar Morin)156 contra la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.

La experiencia de la guerra de Vietnam es una clara muestra de cómo una resistencia popular organizada inicialmente como guerrilla terminó con la formación de un gran ejército nacional que logró un triunfo significativo, aún a costa del sacrificio de miles de jóvenes vietnamitas y estadounidenses. En México han existido grupos que, con fines políticos nacionales, pusieron en práctica la figura de guerra de guerrillas, sobre todo en la época de la Independencia y en las invasiones que hemos sufrido por parte de Francia y Estados Unidos. Desde el punto de vista del invasor o conquistador, la oposición armada es un delito grave que hay que castigar conforme a la ley, pero desde el punto de vista del pueblo o grupo nacional que resiste, es una legítima defensa contra el enemigo invasor. Para unos se trata de delincuentes organizados, para otros de rebeldes patriotas que defienden derechos legítimos e inalienables.

Además de las organizaciones anteriores, hay otras que violentan las normas penales vigentes por motivos primordialmente de política interna. Este fenómeno se presenta al interior de las naciones entre facciones políticas o sectores que no están de acuerdo con la forma de gobierno o con las bases económicas, ideológicas y normativas vigentes por considerarlas injustas y desiguales. Esta confrontación desemboca muchas veces en una escalada que puede llevar a una guerra civil. Las partes en conflicto responden a un ideal o pensamiento reivindicatorio, que trasciende a la resistencia armada contra el gobierno o contra el grupo opositor a sus programas políticos.

Nuestra historia da cuenta de movimientos armados en la que participan facciones organizadas que provocaron enfrentamientos entre la misma población nacional, que muchas veces adquiere el carácter de guerra civil. Un ejemplo de lo anterior son los episodios de la guerra de Independencia entre insurgentes y realistas, o bien la Guerra de Reforma entre liberales y conservadores, también nuestra Revolución de 1910 contra el régimen porfirista que generó un movimiento armado de carácter nacional. Un ejemplo más reciente es la llamada Guerra Cristera, por motivos aparentemente religiosos, que tuvo lugar en los años 1926 a 1929 en la región del Bajío (Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán) con un considerable número de víctimas tanto de los cristeros como del Ejército Federal.

Igualmente, otra forma de lucha política y reivindicatoria que traspasa los límites de las normas penales establecidas, es la organización de grupos opositores al gobierno en turno que deciden tomar las armas en protesta por el mal gobierno y un sistema social que consideran injusto o autoritario. Esta clase de organizaciones normalmente acuden a la guerra de guerrillas y a la propaganda política como estrategia de sus inconformidades.

El nacimiento de estas agrupaciones tiene un claro antecedente en la política de represión del Estado mexicano contra diversos sectores sociales como los campesinos, maestros rurales, médicos, ferrocarrileros, electricistas, mineros, obreros y, por supuesto, estudiantes que fueron duramente reprimidos por abanderar causas populares. Una investigación hemerográfica y testimonial de la historia de movimientos armados de corte político, la realizó la periodista Laura Castellanos, quién publicó el libro México Armado (1943-1981). En él se relatan las luchas sociales de Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Pablo Gómez, Arturo Gámiz, Salomón Gaytán, (los tres últimos participantes con otros normalistas en el asalto al cuartel Madera en Chihuahua), Víctor Rico Galán, el “güero” Medrano, Óscar González, Arnulfo Prado, Raúl Ramos Zavala, Ignacio Salas, José Revueltas, Heberto Castillo, David Jiménez, Jesús Piedra Ibarra, Mario Alvarado Cartagena, Víctor Acosta, Teresa Hernández, Luis Miguel Corral García y muchos más que participaron en diferentes agrupaciones guerrilleras con presencia en diferentes partes de la República mexicana.

Estas organizaciones fueron ferozmente combatidas por las administraciones de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, bajo la consigna ilegal de exterminio y desaparición forzada de los rebeldes e incluso de sus familiares. A esta trágica época llena de asesinatos, secuestros, atentados, torturados, desaparecidos, masacrados, emboscados, encarcelados, mutilados, etcétera, se le conoce como la guerra sucia, que arrojó una gran cantidad de víctimas, muchas de ellas inocentes, tanto del bando de los guerrilleros como de elementos policíacos y militares.

Retomando el tema concreto de lo que llamamos criminalidad poliédrica globalizada, mejor identificada como delincuencia organizada, que es propiamente la materia de nuestro estudio en este momento, es conveniente resaltar algunas de las características y funciones específicas de esta nueva criminalidad y para ello nos apoyaremos en las consideraciones de uno de los especialistas en la materia, el doctor Moisés Moreno Hernández, quien sostiene lo siguiente:

Como hemos afirmado, la delincuencia ha manifestado en los últimos tiempos una gran transformación, observando, entre otras, las siguientes tendencias: 1) mayor organización, originando el desarrollo del crimen organizado; 2) mayor violencia en la comisión de ciertos delitos; 3) proliferación de los llamados delitos de cuello blanco, entre los que destacan los delitos económicos y financieros, tráfico de divisas, fraudes a través de computadoras (llamados fraudes informáticos), etcétera; 4) internacionalización de la delincuencia. El último eslabón de esta cadena de producción-consumo normalmente se encuentra en países desarrollados, debido al potencial económico de sus habitantes.157

Como se advierte de lo anteriormente mencionado, los rasgos de la delincuencia organizada, tal como se presenta en la actualidad, denotan un rostro diferente en calidad y cantidad de la tradicional figura de asociación delictuosa u otra figura penal conocida como pandillerismo. Estas figuras de carácter técnico penal todavía se identificaban como fenómenos sociales comunes en el México de los años cincuenta. Por otro lado, como ya se esbozó, desde el punto de cualitativo, la nueva criminalidad es más profesional, más violenta, opera con elementos organizativos profesionales como si fuera una empresa, maneja redes multifuncionales, se apoya en las técnicas de información y, sobre todo, aprovecha las estructuras políticas, comerciales y financieras que la globalización económica ha desarrollado mundialmente conforme al modelo del neoliberalismo.

Cuantitativamente, la delincuencia organizada hoy en día cuenta con muchos recursos humanos, contactos internacionales, recursos materiales, soportes financieros, transportes terrestres, aéreos, marítimos, incluso submarinos artesanales para el trasiego de droga, armas defensivas y ofensivas de alto poder. Estas organizaciones procuran asegurar la complicidad de las estructuras policíacas y políticas, para poder diversificar sus conductas ilegales, pues, actualmente, no solo se dedican al tráfico de drogas, como generalmente se piensa, sino también al tráfico de personas, secuestro, extorsión, prostitución, robo de vehículos, contrabando de armas, lavado de dinero, etcétera. Un ámbito importante de las actividades de la criminalidad organizada.

En términos generales, la evolución y el desarrollo de las sociedades pueden verificarse en las formas de organización, producción, consumo, conocimiento, recursos, ideologías, valores, experiencias históricas, creencias, moda, psicología, formas de gobierno, influencias de modelos criminales extranjeros, etcétera. Todos estos aspectos van acompañados de una evolución en las formas de criminalidad, por eso, los especialistas hablan metafóricamente de la delincuencia como una sombra que sigue al cuerpo.

Desde la época colonial el gobierno de la Nueva España y la sociedad novohispana afrontaron un tipo primario de delincuencia organizada que asolaba los caminos y las principales rutas de comunicación entre las ciudades de esa época (primera generación). Esta delincuencia se conocía como bandolerismo o salteadores de caminos, cuya existencia nos habla magistralmente Constancio Bernaldo de Quirós en sus estudios del bandolerismo en México. Esta delincuencia tenía una naturaleza difusa porque a veces actuaba en su propio interés y otras apoyaba a las causas sociales de la época. Estos grupos llegaron a tener muchos integrantes, pero su limitación y focalización territorial permitieron a los gobiernos de aquellas épocas su control mediante acciones armadas represivas, o bien utilizando negociaciones para su desmovilización y reinserción a la sociedad.

Con la transformación lenta, pero continua de la sociedad mexicana —básicamente rural— a otra de carácter más cosmopolita y orientada a nuevas formas de producción y consumo, empieza también a desarrollarse un nuevo tipo de delincuencia urbana que, por su origen y concentración, en espacios marginados y sin servicios de ningún tipo, se organizó en bandas o asociaciones delictuosas, como las catalogan los códigos penales sustantivos, es decir, agrupaciones de tres o más personas con el propósito permanente de delinquir (segunda generación). Naturalmente las asociaciones delictuosas, desde el punto de vista penal, no necesariamente se tienen que componer solo de estratos sociales bajos, sino que la formula penal admitía y admite la participación de cualquier persona independientemente de su estatus educacional o social. Este tipo de delito previene, incluso en su fórmula agravada, la posible participación de servidores públicos como policías o militares.

Más adelante, para los años sesenta, setenta y ochenta del siglo xx se van a romper, a nivel mundial, varios paradigmas económicos, sociales y políticos que repercutirán en el fenómeno criminal, cuya figura tradicional conocido técnicamente como “asociación delictuosa” va a escalar hacia una nueva modalidad delictiva (tercera generación), ahora con estructura empresarial, funcionamiento coordinado, objetivos planeados, fines diversificados y con las características o rasgos que se apuntaron anteriormente.

Esta evolución o transformación de las asociaciones delictivas tradicionales, tiene mucho que ver con el desarrollo económico y social de México, también con la vecindad que tenemos con los Estados Unidos, puesto que desde la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a desarrollar en la zona fronteriza actividades de prostitución y flujos importantes de mercancías prohibidas como armas y drogas, que pronto empezaron a crear un mercado amplio en el que empezó a interactuar la mafia italo-americana con asociaciones delictuosas de México, pronto advirtieron un gran potencial económico mediante las diversas actividades ilícitas, particularmente el cultivo y trasiego de droga con destino al mercado de consumo, siempre creciente, de los Estados Unidos.

El problema del narcotráfico en México, según algunos especialistas como Leónidas Gómez Ordoñez158 tuvo su origen en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos requería morfina para sus soldados heridos, cuya base es la heroína que se obtiene de la amapola. “Grandes extensiones de los estados de Sinaloa, Durango y Sonora, empezaron a ser cultivadas de amapola, bajo la dirección de técnicos chinos, llevados por los norteamericanos” menciona Gómez Ordoñez. Ese fue el inicio de un gran negocio que después permitió fondear el crecimiento de organizaciones criminales y la diversificación a otros delitos como el contrabando, tráfico de personas, tráfico de armas, trasiego de cocaína, robo de vehículos, secuestro, extorsión, lavado de dinero, etcétera.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, lejos de acabar con el trasiego de la heroína y la marihuana hacia Estados Unidos, se incrementó potencialmente, pues ahora amplios sectores de la sociedad americana se volvieron receptores de varias drogas conocidas en aquel entonces como narcóticos. El fenómeno del consumo de drogas concordó en los años sesenta con movimientos contraculturales y juveniles a nivel mundial, que luchaban por acabar con tabús como el sexo, la religión, el autoritarismo familiar y la política militarista de Estados Unidos enfrascada en una política llamada Guerra Fría. De esa época es la crisis de los misiles rusos en Cuba y la guerra de Vietnam, amén de otras intervenciones militares injustificadas en contra de países soberanos.

En el caso de México, las organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo, con su brazo armado los Zetas, empezaron a establecer conexiones con países sudamericanos para traficar cocaína —que tiene una gran demanda en Estados Unidos y Europa—. Esta actividad genera millones de dólares que ha permitido la creación de grandes fortunas y capitales que, a su vez, se utilizan para fondear el mantenimiento de las estructuras criminales y de otras actividades delictivas ampliadas como la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, etcétera. Las inmensas ganancias, miles de millones de dólares anuales, permiten igualmente el pago de los sobornos a las autoridades que dan protección a estas organizaciones (como el caso de García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón) y permiten la creación de sociedades, empresas o consorcios mercantiles en todo el mundo, cuya actividad es una fachada ideal para el lavado de dinero.

Para los años ochenta y noventa, estaba claro que las organizaciones criminales habían proliferado en todo el territorio nacional, con grupos como el Cartel de Tijuana, la Familia michoacana, el Cartel de Ciudad Juárez, los Caballeros Templarios, los Beltrán Leyva, los Zetas (con elementos ex militares), el Cartel Nueva Generación, Guerreros Unidos, los Rojos, etcétera. Desde luego la generación de grandes ganancias y los cambios de liderazgo, muchas veces violentos, explica porque algunos carteles tradicionales se fragmentaron, aunque normalmente las actividades ilícitas no se ven en el fondo afectadas. Fueron, para las organizaciones criminales, épocas de expansión, traición, ajustes de cuentas, venganzas sanguinarias, alianzas, conexiones con mafias extranjeras, extradición, persecución —pero hay que decirlo— épocas de complacencia por parte de autoridades políticas y policíacas que no pudieron sustraerse a la amenaza o al soborno.

En ese orden de cosas, aproximadamente en la década de los noventas, el problema de la delincuencia organizada trasnacional empezó a formar parte prioritaria de la agenda de gobierno debido a la presión de Estados Unidos y a la angustiante falta de seguridad pública para la población mexicana. Bajo ese contexto, en el año de 1996, el Estado mexicano se vio obligado a expedir una Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuya exposición de motivos revela claramente el tamaño que había alcanzado el problema no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Era común escuchar opiniones en el sentido que la criminalidad mexicana competía incluso con los famosos carteles colombianos. Algunas de las consideraciones expuestas en la exposición de motivos, fueron las siguientes:

La delincuencia organizada es, sin duda, uno de los problemas más graves por los que atraviesa México y toda la comunidad mundial que, en sus diversas manifestaciones, entre las que destaca el narcotráfico, afecta las vidas de miles de seres humanos y atenta contra los principios básicos de la vida comunitaria y de la esencia del Estado, generando descomposición social e inestabilidad política.

Han transcurrido cerca de 25 años desde la expedición de la Ley Federal contra la Delincuencia. Este largo camino que nos ha tocado recorrer, dejó un rastro de sufrimiento, sangre, muerte, desapariciones forzadas, corrupción galopante, malos gobiernos, economía distorsionada, ejecuciones de todo tipo, ajustes de cuentas entre las organizaciones criminales, masacres de niños, secuestros, extorsiones, torturas, tráfico de órganos, miedo a la convivencia social, masacres de inmigrantes, temor por nuestras familias, preocupación por las futuras generaciones, depredación del ambiente, masacre de familias, robo del patrimonio nacional, fraudes exorbitantes, desconfianza en las autoridades, injusticia social; en fin, toda una pesadilla, cuyas víctimas se cuentan por miles.

La mayoría de los mexicanos hemos sufridos en carne propia o de nuestros familiares, amistades y conocidos, el embate de la delincuencia, sin embargo, la esperanza muere al último y para alimentar esa esperanza se requiere de imaginación, tecnología, ciencia, estrategias, decisión, reformas estructurales, cooperación internacional y, por supuesto, la participación de la sociedad que se sienta acompañada de un sistema político democrático como la 4T, que combate la injusticia social que, bien se sabe, genera futuros reclutas de la delincuencia organizada, cuya estructura está más fuerte que nunca en su historia.

2.2 La política anticriminal: antecedentes, concepto, evolución, contexto y ámbitos de aplicación

2.2.1 Antecedentes remotos

Desde los tiempos antiguos, los grupos sociales más elementales llámense tribu, familia o fratría han rechazado ciertas conductas por considerar que se atenta contra las creencias, las tradiciones, las costumbres y la estructura misma del grupo social. El rechazo a las conductas no deseables tiene diversos grados, según el tiempo y lugar en que se desarrolle. Este rechazo puede ser moderado, como un rechazo social temporal, un castigo leve o violento como la tortura pública, la prisión, la privación de la vida o la expulsión de la comunidad.

La historia misma nos da ejemplos de castigos ejemplares a quienes se consideraba responsables de tal o cual conducta, es decir, siempre ha existido en el grupo social humano una reacción contra el autor de una conducta prohibida, independientemente que la calificación de prohibida se derive de pautas sociales, creencias religiosas, costumbres, tradiciones, mitos o el interés de los grupos dominantes para controlar a la población o a un grupo social en especial.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en tiempos de la Inquisición y de las dictaduras que ha padecido América Latina, por citar solo algunas experiencias históricas de políticas criminales de Estado. Esta reacción contra la conducta indebida ha sido conceptuada por algunos especialistas como una forma de control del poder o como una defensa social de la comunidad, según sea el caso. La reacción social normalmente encuentra justificación formal en instrumentos de reconocimiento general como libros sagrados, decálogos religiosos, códigos generales, como las Doce Tablas en Roma, o bien, las leyes griegas de Saleukos. En fin, prácticas sociales aceptadas o instrumentos jurídicos que reflejan tanto el rol social y económico de la comunidad, como también el interés de los factores reales de poder, frente a determinadas conductas no deseables.

2.2.2 Aspectos conceptuales

Ahora bien, con el desarrollo de las sociedades humanas y las estructuras de poder, se empieza a perfeccionar una función de tipo legislativo con los elementos formales que son el consenso y la decisión colectiva, como requisitos previos, para establecer prohibiciones de ciertas conductas delictivas por la sociedad. Solo puede considerarse delito aquella conducta prevista en el tipo penal establecido con anterioridad al hecho.

Para ese momento ya puede hablarse de una política pública específica dirigida a evitar o castigar las conductas consideradas como delictivas por ser antisociales en determinado lugar y tiempo.

Una vez terminado formalmente el proceso legislativo para la fijación de las conductas ilícitas o para reglamentar la estructura y funciones de una autoridad, lo importante es poner en operación toda y cada una de las acciones, medidas, estrategias y previsiones, contenidas en dichos instrumentos legales para que no todo quede en buenos deseos. El problema de aplicar la ley, es un problema de eficacia, de recursos, de voluntad política, de estrategia, pero sobre todo de coordinación, honradez y profesionalismo de los operadores.

Así pues, en nuestro concepto, la política anterior en sus ámbitos legislativo, administrativo, jurisdiccional, ahora de cooperación internacional, es una política pública que se ha ido especializando y que se forma mediante decisiones colectivas que encausa o impone el Estado con base a un orden jurídico, invocando ciertas circunstancias sociales e históricas que considera necesarias para mantener la estabilidad de las instituciones sociales y la continuación del sistema político. Las políticas públicas, en general, reflejan normalmente qué grado de participación tiene la sociedad en las decisiones trascendentes y cuáles son las intenciones y políticas del gobierno que direccionan el poder.

Con base en lo anterior, consideramos que la política anticriminal es una rama de la política pública que, a su vez, perteneciente al tronco de la política en general. En ese sentido, el género política pública puede entenderse conceptualmente, como lo menciona Alejandro Segura Millán Blake en su tesis de maestría intitulada La Seguridad Nacional vista desde el pensamiento estratégico complejo, citando a los autores Kraft y Furlong como “la acción o inacción por parte del gobierno en respuesta a problemas públicos”. Para estos autores, la política pública refleja así los valores esenciales de una sociedad y, al mismo tiempo, el conflicto entre valores por lo que entonces, les permite dejar con claridad cuáles valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión.

Por su parte, Maurice Duverger, de manera metafórica, menciona en su obra Introducción a la Política que la política pública tiene una doble cara como la mítica deidad romana Jano, es decir, como instrumento de dominación y también como medio de asegurar un cierto orden social.

El politólogo Luis F. Aguilar Villanueva, citado por el también especialista Francisco José Rodríguez Escobedo en el libro intitulado El desarrollo de la disciplina de políticas públicas en México, concibe a la política pública: “como secuencia, sistema, ciclo o espiral de acciones intencionales y causales. Explica que se trata de acciones intencionales porque se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas, cuya solución se concibe de interés o beneficio público”.

Asimismo, ya ubicados concretamente en la política pública anticrimen, es pertinente mencionar algunos conceptos que nos parecen útiles, en efecto, Moisés Moreno Hernández sostiene que: “la política criminal puede ser entendida como la política que el Estado adopta frente al problema de la delincuencia y tiene como objetivo principal la lucha contra el delito para lograr la vida ordenada en comunidad; lo que realiza previniéndolo o reprimiéndolo por medio de una serie de medidas o estrategias que, por ello, son consideradas político-criminales”.159

Por su parte, Eduardo Lozano Tovar, en su obra Manual de política criminal y criminológica, plantea dos cuestiones importantes: ¿cómo surgió la acepción de política criminal? ¿Cuál es la categoría a la que corresponde, como ciencia o como arte? En relación a la primera, nos dice que:

Algunos autores atribuyen esa construcción semántica a Feuerbarch en 1801 y otros a Henker en 1823, en tanto algunos más a Kleinsrod. Ahora, las concepciones de Política Criminal que dan los autores, coinciden en el fondo por otorgarles de origen una manifestación del poder y si bien no es una expresión muy definida, ya la encontramos utilizada en primer lugar por Kleinsrod, en 1793; Henker en 1823; Mittermaier en 1836 y Holzendorff en 1871, entre otros a finales del siglo xix.160

Por lo que toca a la segunda cuestión, Lozano Tovar afirma:

En cuanto a la categoría que debe asignársele a la Política Criminal, como ciencia o arte, hay autores como Gauckier y Gautier que, considerándola como rama de la política general, la consideran arte; Liszt la advierte como ciencia y otros como Manzini, adoptan juicios eclécticos, negándole ambas categorías”. Más adelante sostiene, después de alertarnos de la diferencia entre política criminal y criminología, que la política criminal: “es el puente necesario para que el derecho penal funcione y tiene como finalidad específica la lucha contra el crimen, valiéndose de todos los medios que le aportan las Ciencias Penales y dentro de esa lucha quedan incluidas todas aquellas medidas tendientes a la prevención del mismo.161

En la obra citada de Tovar, las acepciones de política criminal de algunos especialistas en la materia. En efecto, dice este investigador mexicano:

Para Battaglini, la Política Criminal es la ciencia que estudia los medios con los cuales el Estado ha de combatir, mediante el derecho, penas y medidas de policía, a la delincuencia. Para Manzini, es la doctrina de la posibilidad política —la realidad alcanzable—, con relación al objetivo de la prevención y de la represión de la delincuencia. Para Liszt, es un conjunto sistemático de principios —garantizados por la investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la pena—, según los cuales dirige el Estado y la sociedad en la lucha contra el crimen.162

Tocante a los temas principales de la política anticriminal, que otros autores denominan política criminológica, el penalista Gustavo R. Salas Chávez, menciona en su obra El sistema penal mexicano, que para el autor González de la Vega esos temas son los siguientes:

-La política general, política criminológica y política social

-La prevención, concepto y fin

-Los programas y prioridades

-La evaluación

-La política legislativa

-La política policial

-La política penitenciaria

-Los sustitutivos penales

-La peligrosidad sin delito

-Los cambios de estructura163

Respecto a la política anticriminal actual, Juan Carlos Hernández Cárdenas sostiene que la política criminal en México, a partir de la instauración del sistema ideológico de producción neoliberal, se ha caracterizado por desatender los intereses públicos y sociales, concentrándose en la protección de los dueños de los grandes capitales trasnacionales.

De este modo, de las anteriores aproximaciones conceptuales, podemos concluir que la política anticriminal es el ejercicio del poder encaminado al control de la conducta delictiva, mediante acciones legislativas, judiciales y administrativas, que pueden ser de carácter preventivo, social, represivo, intimidatorio o ideológico, sin soslayar que la preocupación casi obsesiva de la actual política está dirigida principalmente al combate de la llamada delincuencia organizada, que recibe un tratamiento diferenciado en cuanto a las medidas de seguridad, penalidades y a la forma de cumplir las penas impuestas en establecimientos especiales.

2.2.3 Evolución y contexto de la política anticriminal en México

Haciendo un poco de historia vemos que la política anticriminal en la Nueva España se apoyaba en un férreo control de tipo militar que, aunado al control ideológico desarrollado por la Iglesia, permitía la vigilancia efectiva de una población escasa sometida por la fuerza y en su mayoría arraigada a su tierra. Además, la movilidad social era precaria debido a la condición de clase social y a la incipiente actividad en materia de transporte.

En esta etapa el delito de robo, vagancia, malvivencia y contrabando se castigaban severamente para proteger fundamentalmente la propiedad que se encontraba en manos de una clase social de corte aristocrático que eran los peninsulares y los criollos. Incluso destaca el cuerpo de seguridad conocido como la Acordada, un grupo militarizado a las órdenes del virrey para vigilar y castigar a los asaltantes de caminos. Este grupo con funciones de Tribunal tiene su antecedente en España donde también se le conocía como la Hermandad.

Asimismo, la creación de la Real Audiencia y su correspondiente Sala del Crimen con sus alcaldes en la materia penal. Se creó en la Nueva España el Tribunal de la Santa Inquisición con una competencia especial para castigar los delitos contra la fe como la herejía, blasfemia, hechicería, etcétera. Según algunos historiadores, fueron 43 personas condenadas en la Nueva España, a través del Tribunal de la fe impusieron la pena de muerte mediante el ahorcamiento o la hoguera. En materia carcelaria fueron famosas las cárceles conocidas como la Secreta, la cárcel de la perpetua o Misericordia, conocida como la Bastilla mexicana y la cárcel de la Acordada.

En la siguiente etapa, con el México independiente ya consolidado, la política anticriminal generó códigos y leyes penales de corte inquisitivo, pero más humanitarios, como el Código Penal (1871) y el Código de Procedimientos Penales, aunque la vigilancia siguió estando a cargo de cuerpos policíacos rurales y urbanos, con esquema militarizado para el control social, sobre todo de los marginados y la gran masa rural que emigraba del campo a las ciudades (en la capital de México en 1848 había una población de 170 000 y aproximadamente en el país eran siete millones y medio de habitantes).

De la época juarista es la creación de los jurados en materia penal; de principios del siglo xx es la construcción del famoso penal de Lecumberri inaugurado por Porfirio Díaz en 1900. En este periodo la autoridad todavía no pierde la capacidad de contener en ciertos límites la acción de una delincuencia muy identificada, sobre todo, con los elementos de pobreza, rencor social y la poca movilidad social y territorial del delincuente. No obstante, en el plano social y político, la acumulación de agravios históricos y las constantes arbitrariedades de los hacendados, caciques y jefes políticos, va a desencadenar una fuerza opositora ideológica y armada de tal magnitud que el gobierno porfirista se verá obligado a firmar los términos de su retiro definitivo del poder.

El cambio tan radical que trajo la victoria del movimiento revolucionario, gracias a la valentía de Francisco I. Madero, la familia Serdán, los hermanos Magón, Emiliano Zapata y tantos otros luchadores sociales, lejos de obtener la ansiada justicia social, sobre todo, para el campesinado, desató una serie de conflictos entre las diversas facciones que desembocó en una verdadera guerra civil identificada como la segunda fase de la Revolución mexicana. En esta época, la política contra el crimen vuelve a tener un mero carácter represivo tipo militar con acciones sumarísimas contra los delincuentes comunes, también ejecuciones políticas contra líderes sociales que participaron en la lucha revolucionaria como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Francisco Villa, entre muchos otros.

De esa época revolucionaria es la famosa Banda del Automóvil Gris, en donde estuvieron implicados personajes políticos y artistas de renombre. En el plano internacional y con el antecedente de la reunión de Shanghái en 1909, México en 1912 “ya era parte de la Convención Internacional del Opio y comenzó por aprobar y ratificar los tratados relativos al problema de las drogas, que contenían un carácter criminal”.164 Para 1897, se había expedido una ley de Extradición Internacional, que posteriormente en 1975 será abrogada y sustituida por una nueva. De esta primera década turbulenta de inicio de siglo, destaca la Revolución mexicana en sus diferentes etapas, la invasión norteamericana del año 1914, así como la Primera Guerra Mundial, cuyo resultado va a tener amplias repercusiones en la geopolítica mundial.

Para los años veinte y treinta, ya se habían expedido normas relacionadas con drogas como opio, morfina, cocaína y otras, con lo que se inició una política prohibicionista basada en una penalización administrativa para esta clase de delitos. Todavía en ese tiempo, la delincuencia era un problema secundario, pues su naturaleza era limitada y de fácil control, con incidencia sobre todo en los delitos de robo, lesiones y homicidio en riña. En esta época postrevolucionaria, México todavía vivirá otro conflicto armado con la llamada Guerra Cristera con un fondo político y religioso que causó numerosas víctimas sobre todo en la región del Bajío. De estas décadas es la depresión económica (1929) con efectos sobre todo en Estados Unidos, igualmente, el gobierno norteamericano emprendió una verdadera cruzada contra la producción, venta y consumo de alcohol (Ley seca) generando la creación de grupos delincuenciales ítalo-americanos amafiados que de manera ilegal y clandestina comercializaban esa actividad con grandes ganancias.

De la década de los treinta, es el Código Penal Sustantivo (1931) considerado como un código ecléctico, pero moderno. En 1939 inicia el conflicto de carácter mundial entre las potencias del eje contra los denominados aliados, misma en la que participó México de manera limitada con el legendario Escuadrón Aéreo 201, debido a las condiciones económicas del país y a la poca empatía que la sociedad sentía por embarcarse en un conflicto armado contra Alemania.

En la década de los años cuarenta, México va a presenciar grandes emigraciones del campo a las ciudades, pero también a los Estados Unidos, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya que el vecino del norte necesitaba mano de obra para apoyar su aparato productivo. Durante su primer lustro, será recordada por las acciones bélicas de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) con un resultado terrible en pérdidas de vidas humanas y con la demostración de la fuerza nuclear por parte de Estados Unidos en las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki.

De esta conflagración surgirán dos grandes potencias: los Estados Unidos y la urss, quienes al poco tiempo entraron en una tensión política llamada la Guerra Fría, otra guerra con víctimas más visibles que fue la guerra de Corea. En 1942 apareció uno de los primeros asesinos seriales en México conocido como “el estrangulador de Tacuba”, cuyos asesinatos escandalizaron a la sociedad de esa época. En 1945 fue el secuestro de un niño (caso Bohigas) que por inédito dio nacimiento a una categoría de peligrosidad penal conocido como robachicos.

En la década de los cincuenta, el gobierno de México inicia una nueva política económica dirigida principalmente a la industrialización del país y, al mismo tiempo, una apertura comercial a infinidad de firmas estadounidenses. Parte de esta década le tocó a la administración de Miguel Alemán Valdés, continuador del proyecto para la creación de la Ciudad Universitaria en la Ciudad de México e impulsor de muchas obras públicas durante su sexenio, que por cierto, ha sido objeto de distintos señalamientos negativos por su falta de honestidad en la asignación de los recursos públicos.

Por otro lado, el fenómeno del urbanismo se empieza a notar con la concentración, sobre todo en la Ciudad de México, de una población de origen rural, con rezago educacional, problemas de adaptación, falta de vivienda digna y pocas oportunidades de empleo para cubrir las necesidades básicas de una familia. Estas carencias van a generar en algunas personas un tipo de delincuencia circunstancial y solo por excepción se van a dar casos como los atentados con explosivos contra aeronaves comerciales como los que fraguaron Paco Sierra y Alfredo de Valle, para poder cobrar los seguros de vida de algunos pasajeros. En el primer atentado, la pericia del piloto veterano del Escuadrón 201 impidió la tragedia y en el segundo, una confusión con el equipaje impidió que la bomba explotara en pleno vuelo, sin embargo, sí lo hizo en las oficinas de la línea comercial privando de la vida a varios empleados.

En esa época va a surgir otro tipo de delincuencia, no tan ajena a la tradición de algunos gobernantes corruptos de la época virreinal, es decir, va a proliferar un tipo de delincuencia dentro del gobierno, enfocado, sobre todo, en los llamados nichos de oportunidad como son los contratos de obra pública, las concesiones públicas, la disponibilidad y la discrecionalidad de la hacienda pública, los negocios inmobiliarios irregulares y la permisión ilegal de la inversión extranjera en la economía nacional.

Desde otro aspecto, no se advierte todavía una política anticrimen contra el negocio de las drogas, probablemente porque en ese momento no se consideraba importante, pero lo cierto es que ya existía el antecedente de la cruzada contra el alcohol en Estados Unidos y la guerra del opio en China, anunciaban y perfilaban la problemática social por las grandes ganancias que obtenían ciertos personajes con la producción y comercialización de esas drogas. En esta etapa, sin tener un problema grave de consumo de drogas en México, se advierte una política pasiva del gobierno frente al desarrollo del negocio ilegal de las drogas como el cultivo de la amapola, cuyo antecedente inmediato puede fijarse en el interés que tenía el gobierno de la Unión Americana para obtener la sustancia de la heroína con fines terapéuticos en el contexto del conflicto de la Segunda Guerra Mundial.

La anterior política será el principio de una especial simbiosis que se da a veces entre los gobiernos y la delincuencia organizada. Un ejemplo de delincuencia de Estado fue la dictadura de Batista en Cuba, quien fue derrocado por la Revolución cubana a finales de los cincuenta (1959) con un alto costo en vidas humanas. De esta década son también algunas leyes y reglamentos para organizar en México a los cuerpos policíacos y establecimientos penales para la ejecución de las sentencias judiciales y la prisión preventiva.

Más adelante, a partir de los sesentas, como contexto social y político, se verán en muchos países cambios sociológicos profundos y movimientos de protesta juvenil y contracultural contra el sistema autoritario, lo que provocara una reacción de represión contra diversos sectores sociales que luchaban básicamente por más libertad y justicia social. En esta etapa se vivirá una revolución musical y la caída de diversos tabús sociales en materia religiosa y sexual; surgirá el deseo de experimentar nuevas experiencias físicas, lo que dará lugar al incremento de la producción y consumo de diversas drogas entre la sociedad, particularmente los jóvenes inconformes con las políticas militares, el autoritarismo y el excesivo control social.

En México, se vivieron diversos movimientos sociales que fueron objeto de una política autoritaria y represiva, como el caso de los ferrocarrileros, normalistas, médicos, campesinos y, por supuesto, los estudiantes de 1968 víctimas de los genocidas Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. De esta década es la terrible Guerra de Vietnam, con su gran cantidad de víctimas en su mayoría gente joven. Esta guerra injusta motivó el desarrollo de diversas ideologías en algunos grupos políticos y sociales que alzaron la voz y protestaron en ese momento contra la política militar de Estados Unidos.

La aplicación en México a varios líderes sociales del llamado delito de disolución social (como el de impiedad aplicado a Sócrates), creado al término de la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo de una política de gobierno realmente criminal. De los años sesenta es la crisis de los misiles rusos que Cuba pretendió emplazar en su territorio, así como el asesinato del presidente Kennedy en la ciudad de Dallas, Texas.

Para los años setenta el problema del trasiego y consumo de droga motivó mayor atención en la agenda del gobierno mexicano, debido a la presión que tenía y sigue teniendo por parte del gobierno de los Estados Unidos. La vecina nación del norte consume cerca del 80 % de la producción mundial de drogas. México era el trampolín de la droga, pero Estados Unidos ya era una alberca olímpica, sentenció el presidente Díaz Ordaz. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano continuó con la represión de los inconformes sociales y bajo el sexenio de Luis Echeverría Álvarez su administración se inauguró con una acción represiva en 1971 conocida como el día de los halcones.

Más adelante, el mismo Echeverría instrumentó la llamada Guerra Sucia contra disidentes políticos y grupos armados opositores al régimen. Esta política anticrimen, ilegal y genocida en su ejecución tuvo como fines el exterminio y desaparición de rebeldes sociales y guerrilleros, utilizando a diversas corporaciones policíacas y brigadas especiales de corte militar (brigada blanca). En el año 1972 se expide la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; en los setenta, concretamente 1975, se expidió la nueva Ley de Extradición Internacional, más adelante, en 1977, se celebra con Estados Unidos un Tratado sobre la Ejecución de Sentencias Penales. Asimismo, en la década de los setentas se crean dos reclusorios o ceresos en la Ciudad de México y terminan las funciones carcelarias del penal de Lecumberri. Incluso se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales más conocido por sus siglas como inacipe en 1976.

Para los años ochenta, México ya participaba activamente en foros internacionales, sobre todo en las reuniones celebradas en la ciudad de Viena, para atender el problema creciente de la producción y trasiego de diversas drogas a nivel mundial. México ha firmado varios tratados y acuerdos de cooperación internacional, entre ellos, el Acuerdo de 1989 sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia. Es pertinente mencionar que el impulso y la línea política la impone Estados Unidos, para que los países suscriptores endurezcan las penas y diseñen nuevas modalidades penales para combatir esa actividad ilegal, que en esa época era de carácter mundial y generaba ganancias inimaginables.

Los Estados Unidos tienen una política anticrimen muy laxa en cuanto al consumo de las drogas, la venta y tráfico de armas, pero exigen a las demás naciones una política prohibicionista al extremo. Por su lado, las organizaciones criminales de varias partes del mundo, se han convertido en verdaderas empresas trasnacionales, además se han desbordado por todo el mundo occidental, identificados como cárteles con diferentes nombres, rebasando o cooptando a muchos gobiernos incapaces de hacer frente a este fenómeno social que tiene mucho que ver con la política hegemónica impuesta por los Estados Unidos, también tiene que ver con el modelo del neoliberalismo y el fenómeno de la globalización económica, injusticia social, ignorancia, pobreza y falta de oportunidades que orillan a muchos jóvenes a delinquir.

Los orígenes del tráfico de drogas se remontan a la participación de personajes y empresas inglesas en la denominada Guerra del Opio, en tanto que la evolución de organizaciones criminales con base familiar y reglas de lealtad, se ubican en Italia, para después emigrar a Estados Unidos. En México nos ha tocado ser testigos de un incremento de la delincuencia organizada, empezó a diversificar sus actividades, no solo en relación con el tráfico de droga, sino también con el robo de vehículos, extorsión, prostitución, secuestro, tráfico de personas, tráfico de armas, contrabando de mercancías, tráfico de órganos humanos, extorsión a los inmigrantes centro y sudamericanos, etcétera.

Se dieron casos de una política de extorsión por parte de algunos cuerpos policíacos, dirigida contra la delincuencia marginal y organizada e inclusive se llegó al asesinato de delincuentes extranjeros como el sonado caso del río Tula. A esta época también se le conoce como de los comandantes, por el gran poder y discreción que tenían algunos comandantes de policía para aplicar en su beneficio los instrumentos legales de combate a la delincuencia. Del año 1984 destaca el asesinato del periodista Manuel Buendía, cuya autoría se le atribuyó a un jefe policíaco. De esta época fue el aseguramiento de más de 10 000 toneladas de marihuana en el rancho “el Búfalo” en el estado de Chihuahua, que puso a los ojos del mundo la capacidad financiera y organizacional de un grupo delincuencial mexicano.

Durante esta época es el escándalo del secuestro y asesinato de un agente de la dea, que detonó una crisis diplomática con Estados Unidos. A los años ochenta se les conoce, en términos económicos, como la década perdida. En 1985 la tragedia que sufrió la Ciudad de México con el terremoto que causando muchas muertes y destapó, al mismo tiempo, con el derrumbe de edificios públicos como la Procuraduría de Justicia, las prácticas inhumanas que ejecutaban algunas corporaciones policíacas con los detenidos. Fue durante la administración del licenciado José López Portillo (1976-1982) que se expidió una Ley de Amnistía, anunciada, desde que empezó su mandato, en beneficio de todos aquellos presos, exiliados y perseguidos de los movimientos sociales y armados anteriores, considerados como delincuentes, con el fin de que pudieran incorporarse a la vida política del país. De esa misma administración es la expedición de la ley sobre Organizaciones Políticas y Procesos Electorales inspirada por Jesús Reyes Heroles, que marcó el inicio de una apertura democrática largamente esperada.

El gobierno federal impulsó en 1984 durante la administración de Miguel de la Madrid, el modelo neoliberal y su instrumento conocido como la globalización, que por cierto ha sido un gran facilitador de la delincuencia organizada, no solo respecto a los delitos contra la salud, sino también de la trata de personas y el tráfico de armas, junto con la extorsión y el lavado de dinero, todo ello por la dificultad de dar seguimiento y control a los flujos de dinero y operaciones financieras que implica el comercio internacional.

Lo anterior en conjunto, ha traído como consecuencia la acumulación de un capital enorme de procedencia ilícita, mismo que se emplea para sobornos, inversiones y sostenimiento de una estructura ilegal ahora globalizada y sin control. En la administración de Miguel de la Madrid se ordenó la desaparición de la policía política conocida como Dirección Federal de Seguridad, señalada por la cantidad de abusos e incluso por crímenes cometidos directamente, como el sufrido por el periodista Manuel Buendía.

De esta época son los acontecimientos mundiales de la caída del muro de Berlín en 1989 y la fragmentación o implosión de la urss, que dejó una puerta abierta para que Estados Unidos potencializara su fuerza hegemónica mundial e impulsara con mayor fuerza su modelo neoliberal mediante el instrumento de la globalización económica. También, de los ochentas, es el gran fraude del fobaproa bajo la administración del presidente Ernesto Zedillo.

Por lo que toca a los años noventa, siguió creciendo la población, pero también los índices delictivos tanto de la delincuencia convencional como de la delincuencia organizada, gracias al rezago y la corrupción del propio aparato oficial. De esta época (1996) es la expedición de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que no es, sino el reflejo de la situación que se vivía y se sigue viviendo frente a una delincuencia que se ha ido transformando y estructurando de manera muy organizada junto con organizaciones criminales de otras latitudes.

En el año de 1992 se reformó la Constitución Federal para dar nacimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pronto se consolidaría como un organismo constitucional autónomo. De la década de los noventa (1994) es el sonado caso del crimen contra el candidato del pri, Licenciado Luis Donaldo Colosio, que causó una gran agitación en la clase política mexicana y en la sociedad. También a finales de los noventa, surge la reforma penal del artículo 21 constitucional, relacionado con la seguridad pública o ciudadana, así como la expedición de la Ley General de Coordinación en Seguridad Pública.

De la política legislativa anticriminal y eventos importantes de este Tercer Milenio, destaca lo siguiente: el Código Nacional de Procedimientos Penales (2008); la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica (2009); la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (2010); la Ley General de Víctimas (2013); la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (2016); la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (2016); la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2017); la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (2016) y la Ley Nacional de Extinción de Dominio (2019).

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, cuyo apartado correspondiente habla de un Sistema Nacional de Inteligencia y de una Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda para combatir el lavado de dinero de procedencia ilícita. Incluso se menciona a la Guardia Nacional con funciones preventivas, pero también de investigación. Esta última corporación se creó en el año de 2019.

En 2014 destaca la lamentable desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa del estado de Guerrero, a manos de autoridades municipales de Iguala en complicidad con la delincuencia organizada; a nivel internacional destaca el ataque terrorista a las torres gemelas de New York, en 2001, con miles de víctimas, entre ellos mexicanos, que trajo como consecuencia un endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos respecto al delito de terrorismo y acciones de represalia contra Irak.

Debe mencionarse la firma del Protocolo de Estambul contra la tortura, el Estatuto de Roma con la creación de la Corte Internacional Penal, la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia (2008), así como la firma del tratado trilateral económico entre Estados Unidos, Canadá y México (2020), que sustituyó al llamado Tratado de Libre Comercio.

Finalmente, en 2019 apareció en China un virus mortal que se extendió a todo el mundo en forma de pandemia y que ha provocado una gran mortandad de seres humanos, en Estados Unidos tan solo más de medio millón y en México doscientos cincuenta mil. En el plano nacional, la sociedad condenó tanto la ejecución de un juez federal y su esposa a manos de la delincuencia organizada en el estado de Colima, como el ataque de un comando del crimen organizado contra el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Por lo que toca a la política anticrimen de México en el plano internacional, particularmente las drogas, resultan muy explicativas las diversas etapas a que se refiere el especialista y maestro Miguel Ángel Martínez Rodríguez, quien nos ilustra de la siguiente manera:

La primera etapa. Internacionalización progresiva del control y de la lucha contra los narcóticos. La Convención sobre el Opio en la Haya en 1912, se refería solamente a esa sustancia. La Convención de Ginebra de 1931, extendió el control a los estupefacientes de origen natural, como la coca y el cáñamo indio. La segunda etapa. Adopción de medidas penales por la legislación internacional. Las Convenciones de 1912, 1925 y 1931 se referían exclusivamente a las medidas administrativas y no contenían normas sobre la posibilidad de perseguir penalmente a los traficantes en el plano internacional. La Convención de Ginebra de 1936, para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas, definió, por primera vez como delito internacional la infracción referente a estupefacientes, estableciendo la posibilidad de perseguir penalmente este delito por medio de la extradición, lo que continuó en la Convención Única de 1961. La tercera etapa. Normas internacionales junto con el aspecto progresivo y el desarrollo de asistencia social. La cuarta etapa. Modificación de la Convención Única de 1961 (1972). Sobre Estupefacientes se amplió los alcances del Convencionalismo. La quinta etapa. Aparición de sustancias psicotrópicas.

Por último, en 1988 se suscribió la Convención sobre Tráfico ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas.165

No podemos dejar de mencionar que en materia de ejecución de sentencias penales, particularmente lo que atañe al problema de las cárceles, México ha participado en diferentes congresos, foros y recomendaciones de las autoridades internacionales para atender lo relativo a las condiciones de aquellos privados de su libertad, cuyos derechos mínimos deben ser respetados durante su estancia en esos lugares. De este modo, tenemos el Tratado de Estrasburgo, Francia (1983); la Convención Americana de Costa Rica (1969); la Convención Interamericana para el cumplimiento de penas; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y las Reglas de Bangkok. Internacionalmente se cuenta con Las Reglas de Tokio auspiciadas por la Organización de la Naciones Unidas y la 7ª Conferencia de Directores de Prisión del Consejo de Europa.

En un interesante foro organizado por la Suprema Corte de Justicia de México, bajo el título de La Reforma penitenciaria: un eslabón clave de la reforma constitucional en materia penal, celebrada del 26 al 29 de septiembre de 2011, uno de los ponentes, el reconocido Doctor Moisés Moreno Hernández, mencionó lo siguiente:

Sin duda el sistema penitenciario constituye uno de los eslabones fundamentales del sistema de justicia penal, no sólo porque constituye la parte final de la cadena procesal, en la que podemos ver, que tanto los objetivos que se le atribuyen a la pena se pueden conseguir o no, sino porque es ahí también donde se puede observar gran parte de los objetivos que se le atribuyen al propio Derecho Penal.166

Con la reseña general de los contextos y las distintas respuestas que históricamente el Estado mexicano ha dado al problema de la criminalidad en México, corresponde ahora analizar cuáles son los diferentes ámbitos donde se proyecta y aterriza la política anticriminal. De lo anterior se obtiene una visión crítica en términos de sistema y un punto de partida para proponer las reformas o medidas que merezcan ser consideradas en la agenda legislativa de la política anticriminal.

2.2.4 Ámbitos de aplicación de la política anticriminal

En términos generales, la política anticrimen encuentra su fuente primaria en las normas nacionales e internacionales en vigor, que son de observancia general, es decir, deben respetarse tanto por las autoridades como por aquellos destinatarios que llegan a colocarse en los supuestos que establece la norma, ya sea directamente, o bien como garantes del cumplimiento.

Es entendible que la sola vigencia de una ley no siempre es suficiente para obtener su observancia, sobre todo cuando se trata de normas que establecen prohibiciones o imponen ciertas obligaciones, por ello, el sistema jurídico en general y el subsistema penal en lo particular, cuentan con facultades sancionadoras y con la fuerza pública en caso necesario, aunque no siempre se logra, para obligar a los transgresores a cumplir con sus obligaciones o sufrir la sanción prevista en la propia ley. Estas facultades deben desarrollarse dentro de un ámbito de competencia legal y conforme a una estructura orgánica que permita la operatividad eficaz para obtener los resultados esperados por la directriz legal, administrativa o jurisdiccional que corresponda, siempre bajo el esquema legal de debido proceso y respeto a los derechos del afectado.

Ahora bien, establecida la vigencia de una norma anticrimen, por ejemplo, una ley contra el secuestro o un código penal, corresponde legalmente a todos observarla, mientras que corresponderá a las autoridades competentes la vigilancia, instrumentación y aplicación de la norma, porque en el mundo real no todos están dispuestos a cumplirla y en ese supuesto, se van a generar diversas consecuencias que pueden desembocar en la aplicación de sanciones, aún en contra de la voluntad del infractor, como también en una impunidad no deseable.

De esta manera, lo planteado anteriormente estima que las políticas anticrímenes se proyectan sobre diferentes ámbitos públicos, sociales y privados, pero para efectos de este libro, nos interesa resaltar en este punto el ámbito del poder público que normalmente recepta esas políticas a través de diversas funciones públicas e instituciones de naturaleza penal, que en conjunto conforman un verdadero sistema. Precisamente ese particular sistema se integra con elementos como estructura, organización, funcionamiento, normatividad, recursos humanos, materiales, instituciones y acciones de naturaleza coercitiva, cuya principal misión es aplicar, conforme a su estructura y competencia, la política diseñada y ordenada por la ley.

Congruente con lo anterior, es indispensable que dicha política, en el terreno de la operatividad y la aplicación de la ley, se ajuste a las directrices constitucionales que han fijado diversos principios como la competencia legal, la coordinación entre autoridades, la jerarquía orgánica, las atribuciones administrativas, la competencia judicial y, sobre todo, el respeto a los Derechos Humanos que es una condición indispensable para justificar la orientación legislativa en un Estado de Derecho Democrático, tal como lo ha perfilado el iusfilósofo Luigi Ferrajoli y la Cuarta Transformación.

No se debe perder de vista que a nivel operativo es importante la planeación integral con objetivos, metas, bases de coordinación, intercambio de información, estrategias, acciones eficaces, uso de tecnología y evaluación continua de resultados, porque finalmente son las autoridades las que hacen posible que una política fracase o se cumpla la finalidad que animó a la misma. Los enfoques teóricos de la Teoría de Sistemas y la Teoría de la Complejidad nos ayudan a entender esas interrelaciones complejas entre las instituciones involucradas.

Por consiguiente, estimamos que nuestro sistema penal cuenta con varios subsistemas que receptan directamente las directrices políticas y, por lo tanto, son los obligados a su aplicación eficaz. Estos subsistemas como la prevención del delito, la investigación y persecución de los delitos, el enjuiciamiento penal y la ejecución de sanciones penales desarrollan sus acciones bajo una estructura enmarcada por normas orgánicas y operativas dentro de su particular competencia legal, pero con un propósito común que es alcanzar la observancia de la norma y los fines sociales, económicos o jurídicos que hayan orientado al legislador o se desprendan de la correcta interpretación de la ley.

A nuestro juicio, los cuatro subsistemas anteriores forman parte, a su vez, del Subsistema Penal Nacional, no obstante, la función que desempeñan se encuentra delimitada por la figura de la competencia legal que cada uno tiene, pues en términos de sistema, es indudable que persiguen fines comunes, interactúan entre ellos y los actos de uno tienen una repercusión en el otro. Es, por lo anterior, que desde ese enfoque particular y sin desconocer el principio constitucional de división de poderes y competencias, se pueden esquematizar esos cuatro subsistemas como círculos concéntricos contenidos en un Supra Sistema Penal y este, a su vez, englobado dentro de un círculo mayor que es nuestro Sistema Constitucional y así sucesivamente en otros macro sistemas no necesariamente normativos.

Se entiende que los elementos que componen dicho Sistema Penal tienen su propia estructura, función y competencia legal. Estos sistemas y subsistemas deben estar retroalimentados entre ellos, alineados, articulados, jerarquizados y, sobre todo, coordinados para que el sistema en su conjunto cumpla su cometido. El buen funcionamiento de un sistema parte de la base de que no existan asimetrías significativas ni componentes que, por alguna razón, no ensamblen o encajen en el esquema principal. De acuerdo con sus funciones los subsistemas pueden ser considerados como sistemas abiertos, cuyo comportamiento se explica por figuras como la homeostasis, autopoiesis y permeabilidad, que son conceptos que nos aporta la Teoría de Sistemas con su caudal de pioneros y exponentes reconocidos ampliamente como Ludwig von Bertalanffy, Maturana, Ernest Grün y Niklas Luhmann, por citar solo algunos.

La Teoría de Sistemas nos ayuda, por ejemplo, a entender la relación que existe a nivel de estructura, jerarquía y funciones de esos subsistemas como un todo. El abordaje holístico junto con la visión de la Teoría de la Complejidad, es un camino válido para poder emprender análisis y seguimientos críticos respecto al funcionamiento, fortalezas y debilidades de nuestro sistema penal, sobre todo tomando en cuenta que la complejidad deriva de cuestiones históricas, normativas y estructurales de nivel constitucional, que fragmentan las competencias y las responsabilidades de los elementos del sistema que cuentan con grados de autonomía de gestión que hacen difícil la coordinación, sobre todo cuando no hay recursos económicos ni simetría en la capacidad de gestión.

Por lo anterior, primero se referirá al subsistema encargado de la función preventiva del delito que, en opinión de muchos especialistas en la materia, es la pieza clave en el combate a la criminalidad. En efecto, el tema de la prevención conforme con la 4T ha tomado fuerza en la política anticriminal, porque se ha reconocido que es más importante atender a las causas profundas del fenómeno criminal que reprimir las conductas desviadas.

La política represiva no resuelve el problema de fondo, pues la raíz del delito está en la propia sociedad con toda su carga histórica, ideológica, económica y política, es decir, debe reconocerse la influencia que tiene el ambiente familiar, escolar, laboral, económico, político y, generalmente, el contexto social sobre la persona, pues muchas de las conductas indebidas tienen una relación causal social de índole externa y compleja, muchas veces determinante lo que se conoce como violencia estructural.

Por otro lado, en términos económicos, según estudios especializados, resulta muy gravoso para la sociedad encarcelar al delincuente en lugar de buscar otras alternativas. Esto se debe a que, en la primera situación, se tiene que mantener al infractor ocioso en establecimientos públicos muy costosos que no rehabilitan y son verdaderas escuelas del crimen. En esa línea, la figura de las medidas alternativas y la limitación en la aplicación de prisión ofrece más pertinencia para obtener una eficacia de las metas fijadas por una política racional.

Claro está que hay casos de delincuentes incorregibles, enfermos mentales o peligrosos, en los que no hay otro remedio que segregarlos o sujetarlos a medidas de seguridad y tratamientos especiales, en general, siempre es mejor la política de prevenir que castigar, sobre todo en casos como en México, donde la mitad de la población está en la pobreza, con un índice de escolaridad precario y enfrenta problemas graves de empleo que orillan a los jóvenes a delinquir o a caer con grupos de la delincuencia organizada.

Hay que ir a la raíz del problema e impulsar políticas sociales de corto, mediano y largo plazo como lo han hecho en otras latitudes con resultados positivos. El problema, como en muchos otros casos, es la cuestión presupuestaria, la organización, la honestidad y la voluntad política que reconozca la importancia social que tiene cerrar la brecha de la desigualdad social extrema que hoy en día padece México. El otro problema de raíz es el sistema económico neoliberal, que domina actualmente en el mundo, generando una gran desigualdad como sostienen diversos premios Nobel de Economía como Stiglitz y Krugman.

La prevención puede presentarse de diferentes formas que identificamos de la siguiente manera: prevención general, social, policíaca, especial, situacional, humanitaria y para operaciones de lavado de dinero. En efecto, la prevención general es aquella que se refiere a la intimidación o amenaza de castigo que las normas penales señalan para quién las transgreda. Se entiende que la persona, frente a la norma penal que previene una sanción, calcula el riesgo y la posibilidad de ser descubierto, por lo que se abstiene de la conducta ilícita. Esta prevención se llama así porque está dirigida a toda la población en abstracto.

Es la prevención general una de las finalidades de la norma penal porque cumple una función intimidatoria o coacción psicológica como lo sostiene Feuerbach. Esta figura ha sido muy criticada porque se ha visto que hay sujetos que no se sienten intimidados con la amenaza de una pena de prisión o incluso con la pena de muerte, lo que indica que tiene sus limitaciones.

La prevención social comprende toda una serie de medidas de carácter social que impulsa la 4T como la educación, el empleo bien remunerado, la vivienda digna, el entorno público seguro, la salud física y mental, el deporte, los centros de cultura, la atención a menores en situación de abandono, las casas hogar para indigentes, las becas de apoyo a los estudiantes, el acceso a la Justicia y los centros de rehabilitación para adictos.

Concordamos con todas aquellas medidas que apoyen y faciliten que las personas puedan tener una vida digna que les permita el desarrollo de sus proyectos de vida, el respeto a sus Derechos Humanos y la igualdad de oportunidades en la sociedad. El desarrollo y aplicación de todas las medidas anteriores necesariamente formará una conciencia y una cultura de valores que rechacen la comisión de delitos, pues es más fácil que las personas beneficiadas con esas medidas adopten una conducta social de buen ciudadano a una conducta parasocial o antisocial.

Esta política social depende, en buena medida, de la asignación de recursos económicos para privilegiar los proyectos comunitarios; la prevención policíaca es aquella que está relacionada con otra función a cargo del Estado: la Seguridad Pública en sus tres niveles de gobierno. La Seguridad Pública, ahora también conocida como Seguridad Ciudadana, forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creado desde 1994, con atribuciones no solo preventivas, sino de muy diverso orden en el campo administrativo, financiero, investigación de delitos e incluso acciones encubiertas.

Actualmente en el ámbito federal, esta función preventiva se encuentra a cargo de la Guardia Nacional de reciente creación en 2019, propuesta como una nueva estrategia contra el crimen. En la Ley de la Guardia Nacional se menciona la atribución para recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo “mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesario para la generación de inteligencia preventiva”; por lo que se refiere a la llamada Prevención Especial, consideramos que esta se desarrolla y aplica sobre todo en la ejecución de las sentencias penales para evitar la reincidencia de aquellos privados de su libertad, o bien en el caso de penas cortas que pueden cumplirse en domicilio o lugar determinado con medidas de control y restricciones.

También se aplica a figuras como la libertad bajo protesta, condicional, bajo palabra, preparatoria, el trabajo comunitario o social y la suspensión del juicio como lo previene el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta prevención se denomina especial porque se entiende que ya se cometió un delito y que es importante que se prevenga la comisión de otro diverso. En estos casos la aplicación de la pena tiene un doble carácter de retribución o castigo, pero también de advertencia o prevención a futuro para que no se reincida en la conducta desviada.

Del mismo modo, en el rubro de la prevención especial se puede encuadrar a la justicia penal para menores de edad, que por razones técnicas no son considerados imputables, pero que en realidad social cometen conductas igual de dañosas que un delincuente formal. Se entiende que toda la política anticriminal, respecto de los menores, está diseñada para que sean tratados de una forma diferente al adulto delincuente, precisamente porque la minoría de edad los segrega de uno de los requisitos legales para el tipo penal que es la imputabilidad o plena capacidad para comprender el acto delictivo lo que se conoce como ciudadanía delictiva.

En realidad, es una cuestión técnica porque desde el enfoque psicológico algunos menores ya tienen cierta capacidad para diferenciar de manera clara lo bueno o malo, pero todavía no alcanzan a comprender el alcance o consecuencias de sus actos debido a la inmadurez propia de la edad.

Afortunadamente la sociedad en general reconoce la importancia que tiene el interés superior de la niñez, el trato afectivo y protector que todo menor de edad se merece, sin embargo, todavía falta camino por recorrer para que los menores tengan lo necesario para un desarrollo integral libre de violencia, protegido contra los factores de riesgo social como las drogas y con un entorno familiar, social y educativo que les ayude a desarrollar sus potencialidades para una vida digna.

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (2016) es un buen ejemplo de lo que debe ser una política que define, reconoce y sienta las bases para que no simplemente se reprima y castigue a los infractores, sino para que tengan un trato digno y todas las oportunidades de encauzar su conducta respetando sus derechos humanos y el principio universal del interés superior del menor. Otros ejemplos de carácter internacional lo encontramos en las Reglas de Bejing y en las Directrices de Riad, ambos instrumentos destinados a la protección de los menores. Por su parte, la llamada Prevención Situacional está enfocada sobre todo al comportamiento confiado de la víctima, es decir, según esta teoría son necesarios tres elementos para que se actualice el delito: 1) un agresor motivado; 2) un objeto disponible y, 3) una ausencia de vigilancia.

Esta figura probablemente tenga alguna eficacia en ciertos tipos de delito como el robo a casa habitación, asalto simple o robo de vehículo, pero hay dudas respecto a delitos violentos de alto impacto en donde existe, generalmente, la planeación meditada de un grupo delincuencial que ya tiene su objetivo concreto y cuenta con información y recursos para salvar las medidas de vigilancia implementadas por la posible víctima. No es posible para la mayoría de las personas, tener a su servicio una protección personal para ella y sus familiares en prevención de una extorsión o secuestro y no por eso vamos a decir que fue la víctima quién se confió o hizo gala de ostentación de sus bienes para llamar la atención y colocarse en el lugar y el momento peligrosos.

De cualquier manera, esta prevención situacional puede tener una interesante relación con otra disciplina conocida como cindínica o ciencias del peligro enfocadas a las catástrofes naturales y a la acción del ser humano sobre su medio ambiente. En esencia, conforme el maestro Segura Millán Blake, este enfoque de la complejidad cuestiona aspectos básicos sobre la manera en que hay que pensar el riesgo y el peligro respecto a la conducta del ser humano y su relación con la naturaleza. Por nuestra parte, agregamos que no hay que olvidar que la raza humana puede ser depredadora y como lo menciona Gerardo Covarrubias en su ensayo “Cultura y Criminalidad”, citando a Freud: “El ser humano no esa una criatura tierna y necesitada de amor que sólo osaría defenderse, si se le atacara, sino, por el contrario, es un ser entre cuyas disposiciones instintivas, también debe incluirse una buena proporción de agresividad”.167

La prevención humanitaria es una figura destinada a proteger al gobernado de las autoridades que en ejercicio de sus funciones preventivas o de investigación, pretende o está llevando a cabo actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Este mecanismo de prevención está ordenado en el título quinto, capítulo primero de la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana su Programa de Prevención del Delito de Tortura.

La misma ley de referencia dispone un mecanismo nacional de prevención para la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Este Mecanismo Nacional de Prevención está adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la realidad cotidiana se advierte que esta forma de prevención se invoca en los juicios de amparo contra incomunicación o detención ilegal, solicitando del juez de amparo la suspensión de todos los actos de tortura o maltrato que pudiera sufrir durante su privación de libertad. El juez de amparo con la presentación de la solicitud, ordena que personal del juzgado se constituya en el lugar indicado para cerciorar el estado del solicitante y dar fe de lo que corresponda.

Finalmente, por lo que toca a la Prevención Específica para impedir operaciones financieras que impliquen la figura conocida como lavado de dinero de procedencia ilegal, es importante destacar la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que ha implementado acciones para la identificación de los clientes bancarios nacionales y extranjeros o de perfil transaccional, el otorgamiento de créditos, el movimiento inusual de dinero, la prohibición de cuentas anónimas o bajo nombres ficticios, las transferencias internacionales para el pago de remesas, el monitoreo estricto respecto de giros mercantiles o actividades relacionadas con sectores industriales, comerciales o de servicios que manejen grandes cantidades en efectivo de dólares, reportes relevantes por parte de los bancos, sistemas automatizados para generar, codificar, encriptar y transmitir de forma segura a la autoridad la información de transferencias internacionales, en fin, toda una serie de medidas que inhiban las conductas delictivas o que, en su caso, puedan ser investigadas. El especialista e investigador en lavado de dinero y control patrimonial Edgardo Buscaglia, tiene interesantes estudios a nivel internacional del fenómeno delictivo que da soporte y alimenta a la delincuencia organizada internacional, afirmando que “un verdadero proceso de democratización no se distorsionará en transición fallida si se establecen instituciones de controles preventivos y punitivos de la corrupción política, la delincuencia organizada y, por lo tanto, del lavado de dinero […] mientras las estructuras económicas de las redes económico- criminales se mantengan intactas nada va a cambiar”.168

Habiendo reseñado las diferentes formas de la función preventiva, corresponde ahora mencionar lo relativo a la función penal: la investigación y persecución del delito. En efecto, conforme lo previsto por el artículo 21 constitucional “la investigación de los delitos corresponde al ministerio Público y a las policías, las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función”. En el mismo dispositivo se señala más adelante que “el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial”.

La función de búsqueda de los delitos comparte la conceptualización de la investigación en general, es decir, es una actividad intelectual y material, apoyada en uno o varios métodos, que persigue el conocimiento de algún objeto, problema a desentrañar, para lo cual el investigador utiliza su experiencia, su conocimiento e incluso su intuición. En el caso de la investigación de delitos, es muy importante el trabajo multidisciplinario, la información, la oportunidad en la obtención de indicios, rastros, vestigios, testimonios y los objetos asegurados, así como la observación de los entornos físicos, las pruebas periciales, los posibles móviles, el modus operandi y todos aquellos elementos que aporta la tecnología moderna. Una buena investigación depende de que el Ministerio Público pueda acusar y sostener su acusación para obtener del juez una sentencia penal que le haga justicia a la víctima y a la sociedad.

La evolución de la acción penal, los antecedentes de la función de investigación y la historia de la policía en México son temas que por su amplitud exceden al propósito principal de este libro, sin embargo, es importante destacar que la función de investigación de los delitos se realizaba en su origen, principalmente por cuerpos militarizados y por órganos de carácter jurisdiccional a sistema inquisitivo que tuvieron esa atribución durante la época del virreinato y el periodo de Independencia, hasta que se expidió la Constitución de 1917, en el que la facultad de investigación se le retiró a los jueces y en adelante se le otorgó al Ministerio Público para que este ejecutara el monopolio de la acción penal.

De esta forma, el Ministerio Público asumió la facultad de investigar las conductas delictivas y también la facultad de representar a la sociedad en los juicios penales como parte procesal encargada en su momento de acusar y solicitar, en su caso, el castigo al responsable y la reparación del daño a la víctima del delito o lo que se conoce como sistema acusatorio. La función de investigar la posible comisión de un delito es una labor compleja, en donde intervienen una variedad de disciplinas científicas que deben ser eficazmente desarrolladas para sostener una acusación que permita el proceso de una persona y, en su caso, la obtención de una sentencia condenatoria. La historia del Ministerio Público está llena de avatares, avances y también retrocesos por utilizarse en alguna época como instrumento de represión y protagonista de conductas ilícitas que lo alejaban de su verdadero espíritu que es la procuración de la justicia.

Por otro lado, la normatividad asignó la función de la investigación a los policías que, dice la Constitución “actuarán bajo la conducción y mando” del Ministerio Público. Igualmente, la historia y los avatares de la policía en México requieren de todo un trabajo de investigación que excede a los propósitos de este libro, pero no puede soslayarse que la función policíaca de investigación es una pieza importante para poder llevar a cabo investigaciones científicas y confiables que le permitan a la Fiscalía sostener una acusación y evitar la impunidad en la comisión de delitos.

La policía investigadora junto con el personal técnico, pericial, administrativo, analistas, auxiliares y especialistas conforman un equipo bajo el mando de Ministerio Público o Fiscal como ahora se le conoce, para conducir con éxito las investigaciones con su regla de oro ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿para qué? La Gendarmería, Preventiva, Ministerial, Judicial, Rural, Fiscal, Aduanera, Privada, Federal, Local y Municipal son solo algunas de las corporaciones policíacas que han existido a lo largo de nuestra historia que, por mucho tiempo, fueron instrumentos políticos y contaminadas por la propia delincuencia; por eso, es importante dignificarlas, capacitarlas y sanearlas, pues arrastran décadas de abandono, desviación, descoordinación y corrupción al interior de sus estructuras.

Con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la función de investigación y procuración de justicia dio un giro hacia una nueva estructura acorde con el nuevo sistema procesal penal conocido como adversarial, que se sustenta en un procedimiento oral con la idea garantista de hacer realidad el respeto de los Derechos Humanos, tanto de acusados como de las víctimas, es decir, la ley del más débil.

El nuevo sistema procesal de tipo oral, aunado al otorgamiento de autonomía al Ministerio Público, son nuevos elementos normativos del sistema penal mexicano que cumplen con propósitos históricamente buscados como son, por un lado, la uniformidad de los múltiples códigos procesales penales existentes y, por el otro, con la anhelada autonomía del Ministerio Público, para que pueda desarrollar su vital función de investigación científica e imparcial de los delitos.

Se han dado dos importantes pasos para mejorar el desempeño del sistema penal mexicano, sin embargo, la asimetría, histórica también, entre las instituciones federales y locales, se encuentra en una encrucijada por la presencia de la delincuencia organizada en las entidades federativas que generalmente carecen de recursos para contener la embestida de ese fenómeno social de alcance trasnacional.

Respecto al otro subsistema, o sea la función jurisdiccional o enjuiciamiento penal, la política anticriminal se manifiesta básicamente en el campo legislativo con la creación de códigos, leyes orgánicas, leyes generales y reglamentos que tienen que ver, por un lado, con las conductas consideradas como delitos y, por el otro, con la estructura, funciones y responsabilidades de las instituciones penales encargadas de administrar la justicia penal.

La función jurisdiccional está organizada, nos dice el maestro Gabino Fraga, para evitar la anarquía social que se produciría si cada quién hiciera justicia por propia mano. En efecto, en términos de los artículos 40, 73, 94, 100 a 108, 115 y 116 de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, el subsistema de enjuiciamiento penal, en México, se desarrolla en dos ámbitos de competencia: estatal y el federal, a través de los juzgados y tribunales penales encargados de los juicios o procedimientos para determinar la culpabilidad o inocencia de aquellos acusados por los fiscales, que son los competentes para incitar al órgano jurisdiccional a intervenir en posibles conductas delictivas, ya sea dictando una orden de aprehensión, un auto de vinculación a proceso, o bien una sentencia penal que resuelva el conflicto.

La función jurisdiccional es complicada, porque se tiene que desarrollar en dos diferentes ámbitos de validez, es decir, se lleva a cabo por jueces estatales que tienen que atender a sus códigos penales sustantivos estatales (32 códigos diferentes), mientras que los jueces federales aplican un solo Código Penal Federal.

Esta particular bifurcación tiene su explicación legal porque nuestro sistema político está basado en una república representativa, democrática, laica y federal compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. La propia Constitución Federal establece este tipo de distribución de competencias, sin embargo, esto no quiere decir que en las actuales circunstancias sociológicas y criminológicas, no se pueda examinar y cuestionar si realmente esa estructura en particular responde con eficacia al problema de una criminalidad inédita, con presencia en todo el territorio nacional, por el contrario, se requiere la atención de todo el Estado y la sociedad para imaginar y tratar de encontrar la forma de poder contenerla en límites razonables con nuevas estructuras, acciones o estrategias, o sea con nuevas políticas anticriminales.

Ahora bien, la función jurisdiccional, en general, normalmente se desarrolla en dos instancias: la primera a cargo de los jueces penales y la segunda de los magistrados, ya sean de los Tribunales Superiores de las entidades federativas o los Tribunales Unitarios Federales en el caso de delitos federales. Estas dos instancias no son la únicas, pues en nuestro sistema de justicia todavía existe la posibilidad de agotar el juicio de amparo contra la sentencia del tribunal de apelación correspondiente, es decir, el camino procesal en materia penal de esas tres etapas es largo y lleno de vicisitudes, pero en última instancia será un Tribunal Federal de Amparo Penal quien diga la última palabra.

Afortunadamente ya se expidió un Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un claro ejemplo de política anticriminal que permite la aplicación uniforme, homogénea y oportuna de la ley procesal penal por todos los jueces penales sean estatales o federales. Esta legislación procesal nacional estableció un nuevo tipo de juicio que es el llamado juicio oral o adversarial, que seguramente terminara con dilaciones y criterios encontrados que solo sirven para entorpecer la marcha del proceso. Falta, a nuestro juicio, un paso más en la búsqueda de la prontitud, imparcialidad, justicia y equidad en la justicia penal, esto es la expedición de un solo código penal sustantivo de aplicación nacional, en este momento el fenómeno criminal ha rebasado límites geográficos y políticos de nuestra República mexicana e inclusive nuestras fronteras.

El problema es que muchos municipios y entidades federativas no pueden —con sus escasos recursos— contener el fenómeno social mencionado, por eso, es que la Federación —sin invadir la soberanía estatal— tiene que apoyar a esos estados que forman parte integrante del Pacto Federal y con ello está defendiendo su propia existencia. Hay muchos otros argumentos que más adelante mencionaremos y que a nuestro juicio justifican la expedición de un Código Penal Sustantivo Nacional y una reforma constitucional que permita la uniformidad de jueces penales a nivel nacional.

La función jurisdiccional penal tiene, a nivel histórico, un papel importante porque en cierto sentido es el espejo en el que se refleja la sociedad sus carencias y su desarrollo. Un sistema inquisitivo refleja una sociedad con poco desarrollo ciudadano; un sistema mitad inquisitorio y mitad acusatorio, refleja una sociedad preocupada por los límites que debe tener el Estado para castigar, sobre todo cuando hay la tendencia al autoritarismo; un sistema acusatorio adversarial de tipo oral, se acerca más al respeto de los Derechos Humanos en general y al debido proceso de corte igualitario en particular. En el momento actual, se requiere de manera urgente fortalecer la función jurisdiccional penal para darle un giro integral de corte garantista para que sea eficaz, coordinada, uniforme, capacitada, honrada, con tecnología moderna, con sentido de cuerpo, y, sobre todo, comprometida con las causas justas.

Es importante destacar que la función jurisdiccional no solo es receptora de las políticas públicas anticrimen nacionales, sino que recepta políticas internacionales vía tratados, convenios o acuerdos que, una vez vigentes, pasan a formar parte de nuestro Derecho Positivo para que sean observados y aplicados por los operadores judiciales mexicanos. Unos ejemplos de lo anterior lo constituyen los tratados sobre extradición, tortura, tráfico de personas e inmigrantes, tráfico de drogas, ejecución de penas, el lavado de dinero de procedencia ilegal, etcétera. También debe apuntarse la convención sobre la Delincuencia Organizada Trasnacional, firmada en Palermo en el año 2000; la Convención Interamericana sobre Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal de 1992. En fin, muchos instrumentos jurídicos que tienen aplicación en los procesos judiciales como una forma de colaboración internacional con otros países.

La estructura y facultad de los tribunales judiciales federales o estatales, se encuentra regulada principalmente en sus leyes orgánicas respectivas, que normalmente establecen las competencias por fuero, territorio y materia. Muchas veces se plantean problemas de competencia entre juzgados del fuero común y juzgados del fuero federal, sobre todo cuando se trata de competencias concurrentes que la propia ley establece.

En la estructura de los poderes judiciales estatales encontramos juzgados de paz, de menores, de primera instancia y tribunales de apelación penal; en tanto que en el fuero federal encontramos juzgados federales de primera instancia penal, tribunales unitarios federales y juzgados para menores infractores.

Históricamente el Poder Judicial ha sido considerado el poder más débil frente a sus pares constitucionales que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, incluso ese trato se refleja en el aspecto presupuestario. Consideramos que se requiere de un estudio profundo y reflexivo sobre el Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal, sin embargo, lo anterior rebasa la presente obra, el objetivo principal es que sean dignos de respeto y admiración por parte de las autoridades y la sociedad como sucede en otras latitudes.

La función jurisdiccional penal ofrece ciertas características que deben tomarse en cuenta en la orientación legislativa de la política anticriminal, para que las acciones, medidas y estrategias no vulneren principios constitucionales o Derechos Humanos propios de un Estado Democrático de Derecho. En efecto, contrario a lo que sucede con los representantes de los poderes Legislativo o Ejecutivo, los Jueces, Magistrados y Ministros son designados por reglas especiales que no pueden considerarse como democráticas en el sentido que otorga a las designaciones de diputados, senadores, gobernadores o presidente de la República, pero que sí cumplen con legitimidad de democracia constitucional que complementa a la democracia política. El gran teórico de la Democracia y el Garantismo Penal, Luigi Ferrajoli, sostiene lo siguiente:

Todo esto significa que, entre garantismo penal y democracia política, entre seguridad y libertad, entre defensa social y derechos del imputado, del reo y del detenido, existe de facto una antinomia; que la legitimación del poder judicial, en otras palabras, no es democrática, si por democracia se entiende únicamente voluntad del pueblo y por tanto de la mayoría. La batalla por el garantismo penal, ha escrito Norberto Bobbio, siempre ha sido una batalla de la minoría.169

Es pertinente mencionar que la función jurisdiccional penal está orientada por una serie de postulados, principios legales, técnicos, axiológicos y éticos para que los juzgadores desarrollen su función de manera pronta, expedita, imparcial, reflexiva y digna; todo ello encaminado a impartir una justicia accesible, previsible, independiente, objetiva, profesional y transparente. La meta ideal para el juzgador debe ser llegar a la excelencia para beneficio de la comunidad a la que sirve.

En el caso de México, la jurisdicción penal se encuentra dividida por razón de territorio y de fuero, así las entidades federativas tienen sus jueces y magistrados locales integrados en Tribunales Superiores de Justicia, en tanto que la jurisdicción federal también tiene su Poder Judicial de la Federación, con ministros, magistrados y jueces competentes en materia penal y de amparo. La jurisdicción penal también se extiende al fuero militar y a los menores infractores, cuya regulación y análisis escapa los alcances de esta investigación, no obstante que, en términos de sistema, forman parte del Sistema General Penal.

La propia estructura de la jurisdicción penal, diseñada en nuestro sistema republicano, con entidades federativas soberanas en su régimen interior, es un tema de reflexión porque existe una gran asimetría económica y social entre los Estados y la Federación, lo que provoca que la delincuencia organizada, con sus grandes recursos, coopte autoridades e imponga sus reglas en aquellos municipios y entidades federativas que no pueden contener el embate de la delincuencia. Frente a las grandes desigualdades entre nuestras poblaciones que conforman el territorio nacional, difícilmente se puede pensar materialmente en la eficiencia o eficacia de un sistema penal jurisdiccional que por su estructura y recursos es uno de los más vulnerables y descoordinado. Existen muchos casos en los que la delincuencia organizada tiene una gran influencia en la decisión de los jueces o magistrados, ya sea mediante la amenaza o el soborno.

Por último, lo que corresponde al subsistema receptor de las políticas anticrimen, que se refiere a la ejecución de sanciones penales, internamiento por prisión preventiva y medidas de seguridad ordenadas por los jueces penales, es importante destacar que esta función tiene su base normativa principalmente en los artículos 18 y 21 constitucionales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como en los Códigos penales estatales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, diversos Tratados internacionales y reglamentos que regulan tanto los aspectos mencionados, como lo relativo a las cuestiones organizativas, administrativas y operativas propias de los centros penitenciarios, ya sean de la competencia local o federal.

En términos de la anterior base normativa, el aseguramiento preventivo de una persona para garantizar el desarrollo de un proceso penal, así como la ejecución de sentencias dictadas por el juez penal, son los ejemplos más claros de esa función pública específica que materialmente se desarrolla en las prisiones, cárceles, presidios, colonias penitenciarias, centros de reclusión o penitenciarias como también se les conoce.

Las disciplinas que estudian la naturaleza, forma de ejecución de la pena y lo relativo al aspecto jurídico-administrativo de las prisiones, son la Penología y el Derecho Penitenciario. Para el maestro Javier Alba Muñoz, “el Derecho Penitenciario es la rama del Derecho Penal que se ocupa del conjunto y desarrollo de las situaciones jurídicas que emanan de la sentencia”. El mismo penalista sostiene en su obra Ensayo de Formulación de una Doctrina:

El pensamiento luminoso de Carrara al estudiar la pena, encuentra su justificación en la doctrina de la tutela jurídica: el Derecho lleva en sí mismo la necesidad de su propia protección: la coerción es algo propio del Derecho y la pena como elemento del delito lleva en sí sus propios límites; rechaza el maestro de Pissa la idea correccionalista de Roeder como base de todo el edificio de represión jurídico penal.

Es importante señalar que la función pública de ejecución de penas abarca una amplia gama de temas teóricos y prácticos en diversas disciplinas como la materia penal, criminología, sociología, psicología, administración, penología, pedagogía y derecho penitenciario, entre otras. Para efectos de nuestro trabajo de investigación, es necesario acotar el abordaje para apuntar solo algunos aspectos relevantes.

En efecto, el aspecto de la naturaleza de la sanción en el derecho, ha sido objeto de ríos de tinta, como afirma Roberto Lara Chagoyán en su libro El Concepto de sanción, en el que —de manera crítica y metodológica—analiza el pensamiento de Jeremy Bentham, John Austin, Hans Kelsen y Norberto Bobbio, para concluir que estos pensadores han tratado importantes retos de cara a la elaboración de una teoría de la sanción desde diferentes enfoques y perspectivas. Estos problemas son los siguientes:

La sanción, ¿elemento interno o externo de la norma?

El regreso al infinito

La sanción como criterio de individualización de las normas

La relación deber-sanción

La nulidad vista como sanción

Las sanciones positivas y la función promocional del derecho170

El mismo autor desarrolla el estudio comparativo y analítico de los pensadores mencionados y pone de manifiesto sus concordancias y diferencias, tanto desde el punto de vista estructural como funcional, haciendo notar que para Kelsen la sanción es un elemento interno de la norma y excluye cualquier consideración en relación con elementos extrajurídicos, en tanto que Bentham y Austin hablan de las sanciones como elemento interno a las normas y otras veces como elemento externo.

Por su parte, él considera que para Bobbio las sanciones son elementos necesarios para la guía de la conducta: unas veces reprimiéndola y otras alentándola. También refiere que Bentham y Bobbio se percataron de lo importante que es el llamado concepto de sanción positiva, por ello, Lara Chagoyán, invita a explorar esta línea de investigación respecto a la función promocional del Derecho mediante premios, incentivos, facilitaciones y promesas de premio, cuya utilidad es innegable.

Ahora bien, la sanción es un elemento característico de la mayoría de las normas jurídicas, independientemente del debate doctrinal al respecto, estimo que la pena o medida de seguridad que ordenan los jueces penales, tiene la naturaleza de especie respecto a la sanción jurídica que pueda ordenar cualquier autoridad en otra materia, como podría ser un juez civil, laboral, agrario, familiar, administrativo o de amparo.

Esto es así, porque la naturaleza de especie que tiene la pena o medida de seguridad en el ámbito penal, respecto de otro tipo de sanción, trasciende básicamente a cuestiones relacionadas con la libertad del gobernado, ya sea como prisión preventiva o como otro tipo de afectación a la libertad en sus diferentes modalidades previstas por normatividad penal. No se desconoce que los jueces penales, en los procesos y en sus sentencias, exigen a veces garantías de tipo económico, o bien condenan al pago de la reparación del daño u otras medidas, pero estas sanciones siempre tienen como antecedente un juicio de carácter penal, por eso se distinguen de otro tipo de sanciones de carácter jurídico. En síntesis, consideramos que la sanción jurídica es el género, mientras que la sanción penal, que impone el órgano jurisdiccional a una persona en una relación de tipo penal, es propiamente la especie.

Esta diferencia nos permite abordar tangencialmente el tema complejo de la pena impuesta por los jueces, es decir, la Teoría de la Pena que, junto con la Teoría del delito y la Teoría del delincuente, son la columna vertebral del Derecho Penal. En efecto, respecto a la importancia teórica de la pena o sanción penal y respecto de las implicaciones filosóficas, sociológicas, morales y económicas del derecho a castigar por parte del Estado, son cuestiones que han preocupado desde la antigüedad a los filósofos, penalistas, criminólogos, sociólogos, ecónomos, psicólogos, penólogos y politólogos, entre muchos otros. Aquí solo daremos algunas definiciones, conceptos y referencias generales, que nos permitan una aproximación a ese campo de estudio que tiene que ver básicamente con la privación de un derecho fundamental como es la libertad de la persona.

La palabra pena viene del latín poena y del griego poiné que hacen referencia al dolor físico y moral que se impone al transgresor de las leyes religiosas, civiles o incluso de los usos y costumbres de las polis y las ciudades. En ese sentido, la pena en la antigüedad y la Edad Media, era básicamente aflictiva y normalmente desproporcionada a la conducta infractora, pues se utilizaba con mucha frecuencia la pena de muerte.

Para el reconocido penalista Santiago Mir Puig, la “pena es un mal con el que amenaza el derecho penal para el caso que se realice una conducta considerada como delito”.171 Para Eugenio Cuello Calón “la pena es el sufrimiento impuesto por el Estado, en ejecución de una sentencia, al culpable de una infracción penal”.172

La pena asociada o como consecuencia de una Sentencia Penal, debe ser: a) proporcional al delito; b) personal, es decir, solo debe imponerse al delincuente; c) legal, o sea prevista en la norma; d) igualitaria, debe aplicarse por igual, son importar posición económica, religiosa, color, raza, preferencia sexual, etcétera; e) correccional, o sea con la finalidad que no se reincida en la conducta delictiva y, f) jurídica, para que se logre el restablecimiento del orden legal.

Por lo que respecta a los fines de la pena, se clasifican en intimidatorias, correctivas y eliminatorias, como la pena capital, aunque en muchas legislaciones ya se suprimió la pena de muerte. En la finalidad de la pena, existen diversas teorías que tratan de explicarla desde distintos enfoques y, por ello, tenemos las teorías absolutas que parten de la base causal, es decir, sostienen que la pena sigue al delito como el efecto a la causa o que el delito es algo reparable y la pena es el único medio de reparación. De aquí surgen otras teorías como de la reparación, retribución, retribución divina, retribución moral y de la retribución jurídica con sus exponentes como Sebastián Soler, Binding, Kohler, Stahl, Kant y Hegel, respectivamente.

Las teorías relativistas se basan en que la pena no es un fin, sino que tiene uno, como puede ser la seguridad o defensa social. La teoría contractualista basada en el famoso contrato social de Rousseau, cuya idea de la pena se identifica como la reacción defensiva para conservar el pacto. Están las teorías relativas a la prevención general (mediante la ejecución capital, la coacción psíquica, la defensa indirecta).

También están las teorías relativas a la prevención especial, que atienden sobre todo a un sujeto determinado (correccionalista, positivista), cuyo objeto ya no es inspirar miedo o terror al castigo, sino en tratar de mejorar al sujeto que delinquió. Por último, tenemos a las teorías mixtas que sostienen Francesco Carrara, Merkel y Binding, cuyo punto de partida se hace consistir en que “al lado de la necesidad de la pena debe considerarse la utilidad de la misma, correspondiendo necesidad y utilidad a la base de sustentación de las tesis absolutas y relativas respectivamente. Sin que ninguna de las dos, como es lógico, tenga un carácter excluyente o exclusivo”. 173

Por otro lado, la historia de las penas es una historia muy remota y con muchos avatares que algunos penalistas y criminólogos identifican en cuatro etapas: a) periodo de la venganza privada; b) periodo de la venganza divina; c) periodo de la venganza pública; d) periodo humanitario y, e) periodo científico. Las penas suelen clasificarse históricamente como capitales, mutilantes, vergonzantes, aflictivas, infamantes, pecuniarias, restrictivas de libertad, criminales, correccionales, eliminatorias, semieliminatorias, intimidatorias, corporales, contra la libertad, privativas de derechos, alternativas, temporales, condicionadas, vigiladas, reparadoras, trascendentales, inusitadas y confiscatorias, entre otras.

El camino de la sanción penal ha sido largo, desde lo contemplado en el Antiguo Testamento o Ley del Talión: “ojo por ojo, diente por diente”, hasta el actual desarrollo de la penología y el derecho penitenciario bajo bases modernas como el pensamiento de Luigi Ferrajoli con la “ley del más débil”. Aún falta mucho camino por recorrer, pues la realidad mexicana que ahora vemos en los reclusorios es que se han convertido en nichos de extorsión contra los internos y sus familiares e incluso lugares desde donde se planean diversos ilícitos con la complacencia de las autoridades carcelarias.

Las autoridades no han podido controlar la existencia de autogobiernos de carteles de narcos y la presencia de organizaciones criminales al interior de la cárcel, aunado a la perniciosa corrupción cotidiana con las mismas autoridades. La historia universal carcelaria está rodeada de todo tipo de sucesos trágicos, sangrientos, crueles, arbitrarios, injustos, ejemplificantes, espectaculares, como las fugas y hasta legendarios, lo que ha inspirado numerosas obras en la literatura, el teatro, el arte e inclusive el cine, que han recreado esas historias.

Son famosas las prisiones como la Mamertina en la antigua Roma, la Bastilla en Francia, la Real Cárcel de Corte en la Nueva España, la Torre de Londres en Inglaterra, el Castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz, la prisión de la Acordada en la Nueva España, la Cárcel de Belem en la Ciudad de México, el Penal de Lecumberri o Palacio Negro que fue motivo de muchas obras literarias como Diario de Lecumberri de Álvaro Mutis, la Colonia penal de las Islas Marías en el Océano Pacífico, que fue inspiración de obras como Muros de Agua de José Revueltas, los Centros Penitenciarios de Máxima seguridad en Almoloya, Estado de México y Puente Grande en Jalisco, la prisión de la isla de Alcatraz, la cárcel de San Quintín en Estados Unidos, la Casa de la Muerte en la prisión de Sing Sing, la Isla del Diablo, las prisiones alemanas de exterminio de la época de Hitler: la Cárcel en la Guyana francesa donde estuvo Papillón, la prisión rusa Gulag en Siberia, que inspiró al escritor Alexandre Soljenintsin en su obra Archipiélago Gulag y la prisión de Guantánamo en Cuba.

En fin, cárceles de todo el mundo han sido testigos o conocedores del sufrimiento, muerte y degradación del ser humano, pero también fueron inspiración para la creación de grandes obras literarias como El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, Cuadernos de la Cárcel de Antonio Gramsci o las famosas novelas El conde de Montecristo y La isla de los hombres solos, al igual que Ludwig Wittgenstein escribió su famoso Tractatus lógico-philosophicus cuando estaba prisionero en Monte Casino en la Primera Guerra Mundial.

El problema penitenciario es complejo y ha sido abordado desde diferentes enfoques y por diferentes doctrinarios, teóricos, especialistas, investigadores, penalistas, criminólogos y penólogos, entre los que destacan los siguientes: César Lombroso, Siracusa, Novelli, César Bonnesana, Vicente Manzini, Puffendorf, Romagnosi, Jeremy Bentham, Gustavo Radbruch, Fausto Costa, Quintiliano Saldaña, Luis Marco de Pont, Enrico Ferri, Garófalo, Eugenio Cuello Calón, Francesco Carrara, Maurach Reinhart, Enoch C. Wines, Croffton, Michel Foucault, Manuel de Lardizábal, Alfonso Quiroz Cuarón, Mariano Ruiz Funes, entre otros. El análisis del pensamiento de estos autores excede por mucho a los propósitos concretos de nuestra investigación, por ello, solo los mencionamos como personajes destacados y reconocidos en ese complejo campo de la penología y el derecho penitenciario.

Respecto al campo normativo vigente en México, es importante señalar que el artículo 18 constitucional establece las bases del llamado sistema penitenciario para las categorías de hombres adultos, mujeres adultas, adolescentes, menores de 12 años, delincuencia organizada y otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. La norma constitucional también prevé, entre otras cosas, que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Igualmente, la mencionada norma señala:

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.174

Por su parte, la actual Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2016, está estructurada en seis títulos con sus respectivos capítulos que contienen 207 artículos en los que se trata, entre otras cosas, del Ámbito de aplicación de la ley; los Principios rectores del Sistema Penitenciario; la Coordinación Institucional; los derechos y obligaciones de las personas privadas de su libertad; las Autoridades de Ejecución Penal; del Titular de los centros penitenciarios; la Policía Procesal; del Juez de Ejecución; del Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria; del Régimen de Internamiento; del Régimen Disciplinario; de las Bases de Organización del Sistema Penitenciario; del Procedimiento de Ejecución; del Procedimiento Administrativo; de las Controversias ante el Juez de Ejecución; de los Beneficios Preliberacionales; de los Permisos Humanitarios; de la Suspensión o Disolución de Personas Morales; de las Medidas de Seguridad; de la Justicia Terapéutica; del Tratamiento; de la Justicia Restaurativa y de los Servicios Postpenales.

El Código Penal Federal, lo mismo que los códigos penales de las entidades federativas, establece como penas y medidas de seguridad las siguientes: prisión, tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad; internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos; confinamiento; prohibición de ir a un lugar determinado; sanción pecuniaria; decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito; amonestación; apercibimiento; caución de no ofender; suspensión o privación de derechos; inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos; publicación especial de sentencia; vigilancia de la autoridad; suspensión o disolución de sociedades; medidas tutelares para menores y decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito.

Cabe destacar que en el ámbito internacional existe una gran preocupación por la cuestión carcelaria y, por eso mismo, ha generado una gran cantidad de foros, reuniones, congresos e inclusive tratados internacionales, cuya orientación es, sin duda, de carácter humanitario para desterrar las épocas crueles de la “prisión cloaca” y de las prácticas degradantes que todavía existen en todo el mundo. Nos parece muy ilustrativa la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citada por el doctor Juan David Posada Segura, cuya parte significativa afirma lo siguiente:

A partir de los congresos penales y penitenciarios del siglo xix y de los afanes del siglo xx, entre ellos los patrocinados por la Organización de las Naciones Unidas, se han multiplicado las recomendaciones, declaraciones, normas, principios y programas destinados a mejorar el sistema de reclusión preventiva o penitenciaria, para menores de edad o para adultos. El Primer Congreso de las Naciones Unidad sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ginebra 1955) expidió hace medio siglo un conjunto de reglas que han sido muy orientadoras.175

Con respecto al universo y conformación de la actual situación carcelaria en México, se puede señalar que debido a la división de competencia que rige nuestro ordenamiento constitucional, el subsistema penitenciario en México se compone básicamente de centros de reclusión estatales y centros de reclusión federales, aproximadamente 300 los primeros y 20 los segundos. Es importante resaltar que existe una gran asimetría entre unos y otros, ya sea porque los modelos de organización sean diferentes, o bien porque los métodos de tratamiento de los internos no se encuentran actualizados conforme a los avances del derecho penitenciario moderno.176

Por otro lado, también está la cuestión presupuestaria, pues mientras algunos reclusorios tienen una asignación calculada para cada interno, otros establecimientos tienen una diferente, por ejemplo, según datos del inegi del año 2018, en el Estado de Yucatán es de $449.46 pesos diarios; en el Estado de Morelos es de $211.93 pesos y en el Estado de Guerrero es de $30.16 pesos.

Otra irregularidad es el número y diversidad de salarios del personal que presta sus servicios en los centros de reclusión, no obstante que las funciones que desempeñan son las mismas independientemente que sean reclusorios federales o estatales. Normalmente no se cumple la relación numérica vigilante-interna que recomiendan las normas internacionales, pues se sabe que la mayoría de las cárceles mexicanas tienen sobrepoblación o población crítica como se le conoce técnicamente. Una asimetría más se observa en el aspecto de la profesionalización de quienes tienen la responsabilidad de la vigilancia y tratamiento de la población penitenciaria.

Precisamente, los bajos sueldos que perciben muchos de los que prestan sus servicios como custodios, técnicos, profesionistas, administrativos, etcétera, propicia que el nivel de capacidad y vocación que se requiere para el puesto ocupacional especifico quede en segundo término al momento de la contratación. Actualmente, se estima que aproximadamente 40 000 personas trabajan en diferentes áreas del sistema penitenciario mexicano.

Finalmente, muchos de los centros de reclusión se han convertido en nichos de la delincuencia organizada que coopta a los custodios, mediante soborno o amenazas para traficar todo tipo de mercancías, extorsionar a los internos y planear desde adentro delitos graves y ejecución de personas, sin soslayar el contagio y sometimiento sobre la población penitenciaria en general.

2.2.5 Colofón

Hasta este momento, se puede advertir que, en los inicios de nuestra historia nacional, el problema de la delincuencia se consideraba de segundo orden en las políticas de los gobiernos, probablemente porque los controles sociales de esa época como la Iglesia, la estructura militar y el arraigo a la tierra, permitían fácilmente identificar a los pocos infractores, quienes además de su marginación tenían nula o muy poca movilidad territorial.

La política anticriminal de la Colonia y el México independiente en sus primeros años, se apoyaba en la sola idea del castigo severo para el infractor, en su mayoría indígenas y mestizos, sin indagar ni justificar esos otros aspectos sociales motivadores de la conducta desviada. La estructura misma de la sociedad virreinal se cimentaba bajo una desigualdad producto de la Conquista y el dominio de unos pocos sobre una gran población marginada socialmente. Instituciones como la Encomienda, la Repartición de indios, la Concentración en poblaciones designadas, la servidumbre, casi esclavitud, la imposición de una nueva religión y el sometimiento por la fuerza, fueron parte del contexto social de esa época.

La legislación penal de esa época era eminentemente inquisitiva casi sin defensa para quien tuviera la mala fortuna de ser acusado de algún delito. La mayoría de aquellos acusados de vagancia, malvivencia y robo, como es fácil entender, eran los miserables, marginados indígenas y mestizos de esa época, sin soslayar que también existía otro tipo de delincuentes más organizados que operaban como salteadores y secuestradores en los caminos rurales, como magistralmente lo relata Constancio Bernaldo de Quirós en su obra El Bandolerismo en México.

Con el tiempo se empezaron a receptar en México las ideas humanistas de penalistas, criminólogos y sociólogos preocupados por la existencia de penas crueles y desproporcionadas, así como por el tema de la desigualdad social en sus diferentes aspectos, básicamente pobreza, educación y salud. Estas corrientes de pensamiento hicieron posible la expedición de códigos penales humanitarios como los códigos de 1871, 1929 y 1931 que, si bien significaron un avance en la política legislativa anticriminal, en la realidad y la práctica judicial presentaban obstáculos para su aplicación por la falta de recursos materiales y la carencia de profesionales especializados en la materia.

Los operadores del sistema penal normalmente percibían un magro sueldo. Acusados, defensores, ministerios públicos, jueces, policías y carceleros estaban inmersos en esa sociedad desigual y autoritaria en donde los marginados eran los protagonistas y víctimas del sistema político, económico y autoritario. El sistema penal simplemente castigaba y encarcelaba, sin percibir que era el propio sistema social injusto el que generaba parias y desviados socialmente. Tal vez los estudiosos y pensadores progresistas de esa época sí alcanzaron a entender que para erradicar el problema criminal lo importante era implementar acciones sustentadas en una política social contra la desigualdad brutal, pero seguramente las prioridades de la política estatal de esa época se encauzaban a otros problemas que para los gobernantes eran más apremiantes como la estabilidad política del régimen en turno.

No es sino hasta épocas recientes cuando la política anticriminal empieza a reconocer lo importante que es la corriente de la prevención social del delito y su íntima relación con los problemas sociales de desigualdad económica, autoritarismo y falta de participación de los ciudadanos en las decisiones trascendentes para la nación.

El primer paso fue la apertura para la participación política y el reconocimiento universal a los Derechos Humanos. El segundo paso es, sin duda, el reconocimiento y prioridad del interés superior de los menores a través de instituciones oficiales de protección y una reciente legislación penal protectora de sus derechos. El tercer paso es el reconocimiento de la relación que existe en algunos casos entre las carencias económicas extremas y los índices delictivos; y decimos en algunos casos, porque en muchos otros las motivaciones son variadas y no necesariamente económicas.

Toda la legislación relacionada con la política social, llámese educación, infancia, salud, cultura, deporte, vivienda, seguridad social, seguridad ciudadana, protección a la tercera edad, acceso a la justicia, acceso a la información, participación política, derecho a un medio ambiente sano y, en general, el respeto a los Derechos Humanos, tiene su proyección en la prevención del delito en general y todos, como sociedad, debemos procurar que esa política social se impulse para cerrar la brecha de la desigualdad causante de muchos problemas sociales.

Hay que reconocer que el tema de la prevención del delito empezó a tomar forma institucional con la creación de un sistema nacional de seguridad pública como estrategia para abatir los altos índices delictivos mediante una función coordinada entre los niveles de gobierno que se convierten en garantes y no solo prestadores de un servicio. En efecto, en diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General que establece las bases de coordinación en materia de seguridad pública, sin embargo, la capacidad precaria de los municipios y algunos estados, ha impedido alcanzar en forma plena la misión, meta y objetivos fijados por esa importante legislación.

Un elemento que tal vez no se visualizó para el esquema diseñado, fue la capacidad de acción que ya había desarrollado la delincuencia organizada, diferente a la delincuencia común, pues aquella tiene diversos recursos y movilidad territorial dentro y fuera de nuestras fronteras. Muchos municipios y estados de nuestro territorio nacional no tienen los recursos humanos y materiales para poder enfrentar a una delincuencia con amplia capacidad para controlar autoridades mediante la amenaza de muerte o la dádiva económica. Este tipo de delincuencia moderna cuenta con amplios recursos para cooptar jóvenes marginados, autoridades, empresas e incluso delincuentes comunes que muchas veces operan solos o prestan algún servicio a la delincuencia organizada, a manera de mercenarios.

De cualquier manera, la función pública de la seguridad ciudadana debe estimarse como un subsistema político de alta prioridad, pues en términos de sistema:

No es posible mantener las relaciones sociales de la sociedad sin un sistema de seguridad pública y justicia. Los gobiernos pueden cambiar, los partidos desaparecer, las elecciones realizarse o no, los parlamentos existir o no, la economía estar en crisis o en abundancia, pero la seguridad de las personas es la misma que garantiza la soberanía de un Estado.177

Por otro lado, la política anticriminal dio un paso con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece reglas de uniformidad para el aspecto procesal penal nacional, superando el problema de la existencia de diversos códigos procesales estatales. Así, se estableció un nuevo sistema acusatorio moderno, privilegiando el aspecto oral y la creación de figuras que agilizan el procedimiento y sirven para aliviar, en parte, la saturación de los centros de reclusión.

Un paso más fue la creación de la Guardia Nacional que coadyuva con aquellas entidades federativas y municipios que, por su propia ubicación, circunstancias sociales y falta de recursos, se encuentran a merced de las distintas organizaciones criminales que existen en el territorio nacional. Asimismo, tenemos una Ley Nacional de Ejecución Penal que reconoce la importancia de la coordinación interinstitucional con los órganos jurisdiccionales penales y con aquellas Secretarías de Estado corresponsables, bajo los principios rectores del sistema penitenciario que son dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. En síntesis, la política anticriminal en México ha sido predominantemente represiva respecto de poblaciones marginadas. Hoy en día ha empezado a transitar a los aspectos preventivos del delito, reconociendo la importancia del respeto a los Derechos Humanos y la pertinencia de implementar políticas sociales como instrumento de un estado democrático de derecho. La política anticriminal ha estado olvidada por mucho tiempo, si a lo anterior le agregamos fenómenos como la globalización y los avances tecnológicos a nivel mundial, ya podemos explicarnos medianamente el porqué de la criminalidad en México.

Ahora más que nunca, se requiere de la cooperación internacional y del apoyo de las entidades de seguridad pública, jurisdiccionales y cuerpos policíacos de otras latitudes que han acumulado experiencias históricas contra la delincuencia organizada. Falta mucho por delante y los retos son mayúsculos, sobre todo por la presencia de una forma desarrollada o nueva cepa del delito con amplia presencia territorial que aprovecha sus grandes recursos, las necesidades sociales, la corrupción de autoridades y la facilidad de movilidad tecnológica y financiera de alcance nacional e internacional, para obtener inmensas ganancias que le permiten su reproducción, fortaleza y fuerza letal en todo el mundo.

2.3 Los retos y la política anticriminal ferenda

Análogamente a lo que se conoce como lege ferenda, se puede hablar de una “política anticriminal ferenda”, es decir, lo que es deseable que sea la política anticriminal en un Estado democrático constitucional de derecho. En efecto, en una aproximación general a la problemática para generar políticas eficientes para combatir la criminalidad, estimo que la política anticrimen tiene que tener primero un soporte constitucional y legal; después su contenido debe reflejar los valores históricos, sociales, éticos, humanitarios, acorde con el respeto a los Derechos Humanos y a los principios que la doctrina del garantismo nos ha legado.

Es importante que las decisiones colectivas sean precedidas de un debate de las diferentes ideas e intereses que están en juego, pero lo más importante es que dichos preliminares sean racionales, con conocimiento de causa y efectivamente consensados, pues solo así se previenen políticas fallidas y sin trascendencia. En este campo, la función legislativa debe ser sensible a las causas sociales, para que la respuesta al fenómeno de la criminalidad sea una respuesta racional y proporcionada, pues no debemos olvidar que esas conductas antisociales o desviadas se generan en la misma dinámica social y, como dicen los especialistas en criminología, han acompañado a la humanidad en su devenir histórico.

Consideramos que la política anticriminal en México, tiene que superar un rezago histórico y una tendencia a implementar únicamente medidas de carácter prohibitivo y represivo para contener a la criminalidad. Se debe privilegiar el aspecto preventivo que tiene mucho que ver con cuestiones sociales profundas, que a nuesro juicio es uno de los caminos que llevan a la raíz de muchas conductas delictivas relacionadas con carencias económicas y falta de conciencia social. También hay que reflexionar respecto al sistema mundial económico que permite el flujo de personas y mercancías sin control eficiente debido a las magnitudes de intercambio.

De igual manera, es necesario dirigir las acciones de la política anticriminal a las siguientes cuestiones: falta de cumplimiento a las políticas de naturaleza social preventiva; una política anti crimen anclada en estructuras rebasadas por el fenómeno criminal; unos cambios sociales vertiginosos derivados de la globalización; una caída de ciertos tabús sociales y un cambio en los valores tradicionales; una corrupción generalizada; una real política autoritaria y clientelar; un modelo económico neoliberal impuesto; un crecimiento poblacional sin planeación; una administración pública rebasada por problemas económicos heredados y una nueva forma de criminalidad organizada tipo empresa con carácter trasnacional con un soporte financiero extraordinario que compra conciencias o elimina a quienes no aceptan sus condiciones.

Estas causas, por un lado, han generado en las últimas décadas mucha corrupción, una delincuencia organizada diversificada y un aumento nunca visto de los índices delictivos de alto impacto; por el otro, una presión externa orientada a imponer una política para endurecer las penas, sobre todo en lo relativo al problema del consumo de drogas sin considerar que en países como México existe una gran población joven, desocupada, sin acceso a la educación, que ciertamente es muy vulnerable para las adicciones y son sujetos para que la delincuencia los utilice como simples objetos desechables. Hay que considerar las opciones de la despenalización y la descriminalización de ciertas conductas que no ofrecen un peligro grave de trascendencia para la sociedad y, en cambio, distraen recursos oficiales y, sobre todo, victimizan a personas marginadas socialmente.

Otro reto urgente es que la política anticriminal no solo instrumente políticas para la vigilancia y prevención, sino también debe impulsar una nueva estructura orgánica penal más coordinada, capacitada y eficiente, que aproveche los recursos de la actual tecnología en información y comunicación, para de esa manera enfrentar el reto de una delincuencia de carácter trasnacional con recursos inmensos y organización corporativa que le permite controlar territorios y desafiar a las autoridades. No se trata de erradicar por completo la delincuencia, lo que es imposible, sino de bajar los índices delictivos a niveles tolerables en un ámbito de libertades democráticas que permitan la convivencia y el desarrollo social sano para todos los ciudadanos que queremos vivir en paz.

Lo deseable es que los juicios penales eliminen aquellos tecnicismos o problemas de competencia legal territorial, que solo retrasan los juicios y se prestan a diversas interpretaciones. Somos partidarios de un Código Penal Nacional, de aplicación gradual según la región territorial, tal como ya se hizo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, aprovechando desde luego los recursos humanos capacitados y honestos que seguramente tienen las entidades federativas. También somos partidarios de capacitar a nuestros operadores del Sistema Penal para su mejor y eficiente desempeño, pues de ellos depende en buena medida encauzar las medidas, acciones y estrategias de la política anticriminal.

Es necesario la federalización de la materia penal en su función jurisdiccional y su ejecución e incluso la función investigadora, para fortalecer la coordinación y el esquema de un sistema integral y así lograr una política de cuerpo integral coordinado y eficiente. Así pues, la forma para emprender ese gran reto es modificar las instituciones del sistema punitivo para que se modernicen en su estructura, funciones, coordinación, capacitación y técnicas de información, poniendo el acento en esas funciones para que haya homogeneidad en el sistema y concordancia en criterios y estrategias en el combate a la criminalidad.

El reto es impulsar una política anticriminal racional, consensada, oportuna e integral que parta de un gran conocimiento de la realidad social, histórica, económica y, sobre todo, de una sensibilidad política para entender que el Estado tiene en este momento una responsabilidad histórica para dar protección a todos los gobernados ante el embate inédito que actualmente representa la delincuencia organizada con perfil de empresa trasnacional. Es muy importante que el Sistema Penal sea integral en sus distintos elementos o subsistemas, además que exista una coordinación eficiente y una función de inteligencia y estadística asignada a un área en particular que permita el análisis y comportamiento del fenómeno criminal en tiempo real.

Ya se dieron pasos importantes con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autonomía del Ministerio Público y la creación de la Guardia Nacional; ahora consideramos pertinente una nueva estructura de carácter nacional en las funciones investigativas y jurisdiccionales que de manera coordinada puedan contener los embates desbordados de la criminalidad actual que opera en los ámbitos nacional, internacional e incluso desde los mismos centros de reclusión.

Desde luego no se desconocen los esfuerzos que el Estado mexicano ha hecho en los últimos tiempos para el diseño, implementación y operación de una política en la materia, como puede constatarse en la expedición de leyes como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional Procesal Penal, la creación de la Guardia Nacional y un fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sin soslayar las directrices señaladas en el apartado correspondiente del Plan Nacional de Desarrollo que es un mandato constitucional que deben observar los tres poderes de la unión y los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, la problemática social actual es tan vertiginosa que se requiere una constante evaluación y revisión de las instituciones involucradas y de los instrumentos legales vigentes, para innovar estructuras, funciones y respuestas adecuadas a fin de no caer en la inercia complaciente de las autoridades, cuya obligación primaria es proteger a los ciudadanos.

No se desconoce que el Estado mexicano está sujeto a circunstancias económicas adversas derivadas de un sistema económico mundial injusto ni tampoco soslayamos la existencia de factores reales de poder y ambiciones políticas internas y externas propias del sistema neoliberal que marca muchas veces las pautas políticas, sociales y culturales en México, pero se tiene que hacer un esfuerzo de imaginación y voluntad para buscar soluciones viables, razonables y con un ideal garantista.

2.4 Propuestas para una reforma integral de la estructura penal como estrategia anticriminal

La estructura, movilidad y la cantidad de recursos con las que cuentan las actuales organizaciones criminales, independientemente de las causas sociales o políticas que permitieron su crecimiento, hace necesario, primero, que la política anti crimen reconozca la magnitud del problema con carácter nacional y no solo local o focalizado en alguna entidad federativa o municipio; segundo, que se haga conciencia en quienes toman las decisiones en materia legislativa, de que hay que buscar alternativas para poder enfrentar el fenómeno criminal actual, ya que las circunstancias actuales son diferentes a las que se vivieron hasta hace pocas décadas.

Se percibe la necesidad de diseñar otro tipo de estrategias complementarias a las que históricamente el Estado mexicano ha implementado por las razones y circunstancias históricas que en su momento se consideraron convenientes, ya sea por proteger a una clase social o por privilegiar la estabilidad política sobre la seguridad de la mayoría de los ciudadanos. El problema de la criminalidad actual, con líneas muy cercanas a conductas para difundir terror social, obligan a pensar en soluciones no solo represivas con penas más duras, más cárceles o más policías, sino también en otras de carácter estructural sobre una base consensada y con perspectiva nacional, como ya se hizo con la creación de la Guardia Nacional con funciones preventivas y de investigación.

Frente a la estructura compleja de la delincuencia organizada, el Estado está obligado a responder con aquellas estrategias eficaces que estén a la altura de las actuales circunstancias, pues en términos constitucionales es quien tiene la legitimación y la posibilidad de buscar la mejor estrategia para asegurar que los mexicanos sin excepción puedan vivir en paz y con justicia.

En efecto, desde nuestro particular punto de vista, consideramos que la estructura es una estrategia y, siendo así, deben modificarse las estructuras de las diversas instituciones que pertenecen al sistema penal mexicano para conformar una estructura homogénea en un frente sólido, moderno, coordinado, con objetivos comunes y recursos humanos del mismo nivel profesional, sin asimetrías de carácter profesional, salarial o de diseño. En el aspecto de capacitación actualmente se cuenta con instituciones muy reconocidas como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que debidamente apoyado, bien puede ser el instrumento formador de los operadores penales con carácter nacional. Esta Institución bien puede convertirse en una Universidad Nacional de Ciencias Penales y Criminología.

De acuerdo con lo anterior, estimamos que la función de investigación y persecución del delito debe federalizarse gradualmente, desde luego, porque la comisión de los delitos en general, no solo los de alto impacto, se relaciona cada vez más con actividades que desarrollan diversos grupos delincuenciales organizados, cuyo propósito es el control de amplios territorios, no solo estatales, sino incluso internacionales. La delincuencia organizada tiene cierta analogía con el fenómeno celular de la metástasis que no es sino el cáncer irradiado a diversos órganos o tejidos del cuerpo humano, que fatalmente llevan a la muerte.

Por otro lado, recientemente se reconoció la autonomía e independencia del Ministerio público, cuyos avatares históricos empezaron ligados a la monarquía, después se volvió un instrumento político del ejecutivo y, finalmente, en este momento arriba a un esquema de lo que realmente debe ser una procuración de justicia moderna, lo que seguramente le permitirá desarrollarse ahora como Institución especializada y científica para contribuir a combatir la inseguridad y garantizar los derechos de la víctima y la sociedad en general.

Con el fortalecimiento de las fiscalías del ministerio público del fuero común y federal, ahora corresponde dar el siguiente paso para su unificación total en una Fiscalía Nacional que, como cuerpo integrado, presente la batalla a la delincuencia actual, cuya naturaleza ya no es fácil de distinguir en muchos casos. La delincuencia convencional se ha vuelto difusa y entremezclada con la delincuencia organizada que lo mismo la coopta que la utiliza de manera mercenaria.

Sustentamos que la estructura es estrategia contra la criminalidad, entonces la propuesta de una Fiscalía Nacional se justifica, no obstante, que para llevarla a cabo sea necesario una reforma constitucional profunda, que seguramente encontrará fuerte resistencia por parte de las entidades federativas que verán disminuidas sus atribuciones en materia penal de investigación y persecución de los delitos comunes, sin embargo, creo que la magnitud del problema que actualmente presenta el fenómeno de una criminalidad desbordada, requiere de soluciones también radicales que, dentro del principio de división de poderes y de orientación garantista como la ley del más débil y el respeto a los derechos humanos, se instrumenten dejando atrás posiciones prejuiciadas y estructuras rebasadas por las nuevas circunstancias angustiosas que vivimos.

Llama la atención que, de conformidad con el artículo 4 de la nueva ley de la Fiscalía General de la República, se prevenga que dicha institución tiene la facultad de atraer casos del fuero común cuando se demuestre la inactividad o ineficacia de la fiscalía local, lo que ya nos indica una participación activa para evitar la impunidad y la negativa de justicia, superando así cualquier conflicto competencial.

La nueva estructura de la Fiscalía Nacional que se propone, tiene que acompañarse de dos aspectos íntimamente relacionados con la legitimidad y la operatividad. Nos referimos a la participación ciudadana, ya perfilada en la nueva ley de la Fiscalía General de la República y a la nueva función de la policía investigadora que debe ser regulada de manera amplia mediante diferentes controles como rendición de cuentas, transparencia de la función y evaluación ciudadana, para asegurar un desempeño profesional de alto compromiso con la sociedad. Ya existen investigaciones interesantes respecto al Modelo de policía moderno que deben ser aprovechadas para llevarlas al terreno de la realidad actual.

El primer aspecto, o sea la participación ciudadana, es de tal importancia que su integración y funciones son las que van a legitimar las acciones de la institución, mediante las opiniones y recomendaciones que presente a las estructuras, presupuesto, planes, programas, normatividad, desempeño y probables irregularidades de la Fiscalía o sus órganos encargados de la función fiscal. La sociedad civil debe involucrarse y ser partícipe de los cambios porque ella es quién resiente directamente el fenómeno criminal. En este aspecto considero que la estructura de la Fiscalía Nacional tendría que ser desde luego autónoma y con el apoyo de un Consejo Ciudadano Nacional integrado por los titulares de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, parecido en su estructura como lo previene la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Lo anterior para asegurar el respeto a los derechos humanos.

Por otro lado, considerando el alcance y atribuciones que tendría una Fiscalía Nacional, es conveniente que la titularidad no sea unitaria, sino de carácter colegiado para equilibrar responsabilidades y exceso de poder. En este esquema colegiado se tendrían tres titulares: uno designado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; otro por el Senado de la República y uno más por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El segundo aspecto está relacionado con la cuestión de la operatividad de la policía investigadora, que históricamente padece un rezago, sobre todo, en aspectos como la improvisación, la falta de recursos y la corrupción; de tal modo, es necesario revertir esas carencias mediante capacitación, salario digno y reclutamiento estricto para evitar la contaminación de malos elementos ligados muchas veces con la propia delincuencia. La posibilidad de una policía nacional ya fue abordada extensamente por el investigador Jesús Martínez Garnelo, en su libro Policía Nacional Investigadora del Delito,178 en el que desarrolla desde los aspectos conceptuales e históricos de la policía, hasta lo relativo al análisis crítico de la institución y las necesarias medidas para dignificar a esa importante función que se ha visto descuidada por años.

Afortunadamente ya se regresó al esquema original respecto a la subordinación de las policías y al Ministerio Público —cosa que por una u otra razón se había perdido— ahora es necesario dar el siguiente paso para conformar una policía científica, capacitada y, sobre todo, honrada y comprometida con los intereses de la sociedad mexicana. La “época de los comandantes” ya quedó atrás y ahora debe surgir la época de la Fiscalía con sus fines institucionales de investigación de los delitos y procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho y que contribuya a combatir la inseguridad y prevenir el delito, bajo los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad.

La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República reformada en 2021, ya contempla una nueva estructura que representa la esperanza de una procuración de justicia a la altura de los nuevos tiempos, sin embargo, desde nuestra particular óptica es necesario ir todavía más lejos, aprovechando los avances que últimamente se han dado con la autonomía de la institución y la elaboración de planes diseñados para darle eficiencia y eficacia.

En efecto, consideramos que ha llegado el momento para unificar de una vez por todas, a escala nacional, la función investigadora y la persecución de los delitos, no con la idea de centralizar o reformar por reformar, sino porque el sistema en general se fortalecería para poder hacer frente a una delincuencia con una estructura compleja de alcance no solo nacional, sino internacional que no sabe de fronteras o competencias legales. Es cierto que se advierten avances en el nivel federal, sin embargo, no ocurre lo mismo con las fiscalías estatales que son asimétricas por múltiples motivos, lo que se traduce en fallas de información oportuna, profesionalismo de los operadores, decisiones politizadas, fragmentación de investigaciones y procesos, corrupción, vulnerabilidad ante la delincuencia organizada, coordinación limitada, falta de recursos presupuestarios, improvisación y desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Las entidades federativas requieren urgentemente del apoyo de la federación para poder combatir a la criminalidad actual, por ello, es válido plantearse como opción segregar la materia penal de las entidades federativas para establecer una sola Fiscalía Nacional con una estructura en la que los ciudadanos de esas entidades tengan representación en un Consejo Ciudadano como órgano especializado de apoyo y consulta de carácter honorifico que bien puede integrarse con los titulares de las comisiones estatales de los Derechos Humanos para legitimar a la institución de la Fiscalía Nacional y poder al mismo tiempo servir de interlocución con la ciudadanía para receptar ideas, iniciativas o incluso quejas: es un contrapeso deseable para evitar desvíos.

Para cerrar el círculo de la estructura que se propone, consideramos que la materia penal en su función jurisdiccional debe unificarse para que exista un solo poder judicial penal nacional, es decir, debe haber uniformidad en todos los tribunales penales para que ya no exista la diferencia de jurisdicción penal estatal y jurisdicción penal federal. Desde luego, no ignoramos que tal cambio en la estructura de la judicatura implica una profunda reforma de tipo constitucional, ya que las entidades federativas tienen atribuciones respecto a la soberanía de su régimen interior, pero consideramos que así como en un momento histórico se reservaron a la federación las materias agraria y laboral, en este momento puede pensarse en segregar la materia penal para que se unifique en torno a un solo Poder Judicial Penal Nacional que pueda coordinar eficazmente todas las acciones y funciones jurisdiccionales penales en todo el país.

El cambio de estructura tendrá que ser gradual y debe ir acompañado de la expedición de un solo Código Penal Nacional, que ha sido el deseo de muchos doctrinarios desde que el maestro penalista Celestino Porte Petit, propuso la expedición de un Código Penal Tipo de aplicación nacional. Ya se tiene un Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora es necesario un Código Penal Nacional con orientación garantista, pues las condiciones sociales y económicas actuales lo permiten, además, como ya se dijo, el problema de la delincuencia organizada, que no tiene fronteras, atañe tanto a las entidades federativas como a la federación.

Admitimos que la propuesta tiene muchas aristas de carácter legal y político, pues se trata de modificar atribuciones a los poderes judiciales de las entidades federativas, pero hay que tomar en cuenta que solo se refiere a la materia penal, que es la que en este momento enfrenta un reto mayúsculo para el cual muchas de esas entidades y municipios simplemente no pueden contener el embate de organizaciones delictivas con presencia nacional y trasnacional. Todos los días vemos actos de corrupción en la impartición de justicia tanto estatal como federal, a pesar de los grandes esfuerzos que los consejos de la judicatura realizan para combatir ese cáncer.

Por otro lado, también debe tomarse en cuenta una realidad delictiva que demuestra la vinculación en diferentes grados de la delincuencia común con la delincuencia organizada, a tal punto que la línea se hace difusa por la cooperación mutua para la comisión de delitos múltiples, difíciles de encuadrar en determinada competencia legal, lo que muchas veces se traduce simplemente en impunidad. Las acciones y ejemplos que la criminalidad organizada proyecta hacia una criminalidad convencional, traen como consecuencia una percepción para esta última que sugiere lo fácil que es transgredir la ley sin asumir consecuencias de sanción efectiva.

La reconversión o reingeniería de la función jurisdiccional penal, tiene que ser gradual, pero en un plazo razonable que permita la selección y reclutamiento de los jueces y magistrados penales mediante los cursos y concursos correspondientes, para que los actuales funcionarios estatales tengan la oportunidad de aspirar al cargo de juez nacional penal, porque sin lugar a dudas existen funcionarios en las judicaturas estatales de gran experiencia y honradez profesional que merecen aspirar a ser jueces nacionales.

No desconocemos que cuando se trata de modificaciones a las estructuras siempre hay resistencia por cuestiones políticas y porque está presente la incertidumbre del empleo o cargo del servidor público, pero creemos que vale la pena intentar un cambio que finalmente será de beneficio general porque se trata de una de las funciones más importantes que tiene el Estado, es decir, lo que está en juego es la impartición de una justicia penal eficiente para todos sin componendas ni privilegios de clase.

Tampoco se debe ignorar que a nivel internacional países desarrollados han emprendido experiencias con el objeto de uniformar sus códigos penales, como es el caso de la Unión Europea que va en camino de integrar lo que le llaman un corpus iuris ampliado que no solo regule aspectos comerciales, financieros, monetarios y ambientales, sino que se extienda a la cooperación policial y judicial mediante la armonización y el consenso de los países miembro que afrontan problemas comunes como el terrorismo, la inmigración y la delincuencia organizada.

Íntimamente relacionado con el aspecto de la función jurisdiccional o procesamiento penal como también se le conoce, se encuentra lo relacionado con la ejecución de las resoluciones penales que imponen penas privativas de libertad, ya sea preventivas o definitivas; aquí surge el problema —también mayúsculo— de las cárceles o reclusorios que actualmente se encuentran saturados y muchos de ellos sin el control de la autoridad administrativa, ya sea por corrupción o por ineficiencia. Las instituciones mencionadas, sobre todo las de carácter estatal, tendrían que reconvertirse para seguir un solo esquema y estructura de carácter nacional que impida la presencia de autogobiernos y la comisión de conductas ilícitas dentro de los mismos reclusorios.

La función específica que tiene que desarrollar la autoridad en el ámbito de los reclusorios tiene una naturaleza compleja porque encontramos una fase de competencia jurisdiccional, pero también una fase de aspectos administrativos, educativos, sanitarios, psicológicos, sociológicos, etcétera; luego entonces, desde nuestro punto de vista, se justifica la creación de un organismo central de carácter autónomo que impulse un modelo nacional de reclusorio, aprovechando las experiencias históricas, que permita cumplir con las finalidades racionales de la pena.

La correcta ejecución de las sentencias de los jueces penales, tiene mucho que ver con la figura de la prevención especial y la idea de una posible reinserción del delincuente a la sociedad, hasta ahora casi utópica. Este proceso de modificación a las estructuras tradicionales, sobre todo los reclusorios estatales, tiene la idea de buscar a largo plazo una homologación nacional que permita pensar en cárceles nacionales administradas con eficacia y sin demérito del respeto a los Derechos Humanos. Por supuesto, esta propuesta ofrece grandes retos y debe tomarse racionalmente en cuenta el aspecto presupuestal y la creación de una institución de carácter nacional que coordine a todos los reclusorios del país que son muchos y con graves problemas de control, pero por ser un elemento dentro del sistema penal, debe encararse con una visión integral para que la estructura general no se desfase y se fragmente como sucede actualmente.

El sistema penal es muy importante en un Estado que se precie democrático, por eso, cualquier inversión o gasto que se destine a mantener una estructura firme, eficaz, legal, libre de corrupción y respetuosa de los derechos humanos no puede considerarse un gasto inútil. El especialista en materia penitenciaria José Patricio Patiño Arias, analiza de manera crítica la situación en México y llega a las siguientes conclusiones:

Primero, la separación de internos sujetos a proceso y de internos sentenciados no se cumple; segundo, los diagnósticos respecto de la capacidad delictiva y nivel de riesgo de los internos no se aplica o, en el mejor de los casos, están atados a procedimientos subjetivos, por lo que es imposible determinar pabellones específicos que tomen en cuenta las capacidades delictivas y de riesgo de los internos y, tercero, la tipificación y separación entre primodelincuente y reincidente, así como la implementación de condiciones diferenciadas de tratamiento para cada tipo, difícilmente se cumplen.179

Es cierto que los jueces penales, del fuero común o federales, tienen ahora un papel más activo en el proceso de ejecución de penas conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, hay que considerar que actualmente en la comisión de delitos concurren ilícitos tanto del fuero común como del fuero federal, lo que provoca figuras procesales complicadas (acumulación, atracción, incompetencia) que dificultan en su momento el manejo en los aspectos de clasificación y tratamiento de aquellos que, teniendo una sentencia por algún delito, están siendo procesados todavía por otro, por lo tanto, desde el aspecto penitenciario, el ajuste se aprecia complicado, ya que normativamente, los sentenciados por cuestiones relacionadas con la delincuencia organizada, que cada vez es más amplia, deben cumplir sus sentencias en centros de reclusión especiales de carácter federal. Es de justicia acabar con la corrupción y los asesinatos individuales y colectivos que frecuentemente suceden en los reclusorios locales y federales sacrificando vidas de aquellos que Ferrajoli denomina los débiles.

La propuesta anterior, para el control federal de todos los centros de reclusión, se apoya en una idea ya planteada por Venustiano Carranza desde que puso a consideración su proyecto para la nueva Constitución de 1917 que todavía nos rige, aunque —en ese momento— no se pensaba en una estructura autónoma, que en nuestra opinión, sería lo conveniente para el sistema penal debido a cuestiones presupuestarias y de prevención general y tan relegadas históricamente.

Vale la pena conocer los pormenores que magistralmente nos relata Juan José González Bustamante en su obra Colonias Penales e Instituciones Abiertas180 cuando afirma lo siguiente:

En la sesión celebrada por el Congreso Constituyente de Querétaro el 25 de diciembre de 1916 se dio cuenta con el dictamen relacionado con el proyecto de artículo 18 de la Constitución Política de la República, enviado por la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista y sostenido brillantemente por el señor licenciado don José Natividad Macías, que estaba redactado en los siguientes términos: “Art. 18. Sólo habrá lugar a prisión preventiva por delito que merezca pena corporal o alternativa de pecuniaria y corporal. El lugar de prevención o prisión preventiva será distinto y estará completamente separado del que se destinare para la extinción de las penas.

Surgió en el seno del Congreso el viejo debate entre federalismo y centralismo y se pensó que de lo que se trataba era de restringir más la órbita de facultades concedidas a los estados. Por su amplia experiencia del panorama de México, el señor Carranza conocía las desastrosas condiciones de los presupuestos que rigen en los Estados y el abandono con que se ha visto el trato a los delincuentes y por ello pensó que la Federación debía tomar por su cuenta y riesgo esta empresa sin afectar en lo mínimo la soberanía de los estados.

Desde luego las circunstancias sociales y penitenciarias no son en la actualidad las mismas que 1917, pero hay que aceptar un rezago en la cuestión carcelaria que constantemente protagoniza fugas, riñas, autogobierno, sobrepoblación, corrupción interna y externa, acciones criminales planeadas desde adentro de los reclusorios, como ejecuciones, extorsión y secuestro. Estas deficiencias deben atenderse porque de otra manera estamos alimentando la propia criminalidad que cada vez está más posicionada dentro de la sociedad.

Es urgente un modelo homogéneo de reclusorio donde el Estado tenga el control efectivo a través de un instituto central de carácter federal que cuente con el apoyo criminológico y multidisciplinario para poder arribar a un tipo de prisión que no sea simplemente escuela del ocio y de especialización en la comisión de delitos. Hay que acabar con las cerca de 300 universidades del crimen, cuya matrícula potencial es de cerca de 200 000 alumnos sumamente vulnerables a las tentaciones que le ofrece la delincuencia organizada.

Por consiguiente, consideramos como estrategia, la creación del Instituto Nacional de Reclusorios y Criminología, dotado de autonomía y presupuesto necesario para alcanzar los verdaderos fines de la pena, que no solo son vengativos y retributivos, sino también educativos y resilientes para aquellos delincuentes rescatables dentro de la población carcelaria. Siendo la cuestión penitenciaria parte del sistema penal, debe guardar una homogeneidad y una simetría de diseño, porque, de otra manera, seguirán los viejos vicios de corrupción y, además, lo más grave es que en lugar de prevenir y contener a la delincuencia, se está alimentando ese fenómeno con los propios recursos de la sociedad.

Para terminar, creemos que vale la pena reflexionar respecto de las propuestas que hacemos valer, no obstante, somos conscientes que los cambios de estructura —sobre todo los que implican reformas constitucionales— implican resistencia, pero estamos convencidos que, al menos parcialmente, la cuestión estructural es una tema de estrategia contra la criminalidad actual.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Podemos concluir, primero que el Estado mexicano es el primer obligado a garantizar la paz y la seguridad de todos los habitantes en nuestro país, respetando en todo momento los Derechos Humanos reconocidos en las normas constitucionales e internacionales. El propio Estado mexicano, con el atributo de la fuerza legítima que le ha otorgado la soberanía popular, es quién debe conducir y coordinar todas aquellas políticas públicas de carácter ejecutivo, legislativo y judicial para combatir y contener una delincuencia organizada trasnacional que se distingue por su violencia, capacidad organizativa y gran movilidad para generar a su favor inmensas cantidades de ganancias, además de generar miedo, terror e incertidumbre en todos los sectores de la sociedad.

Segundo, para el abordaje del problema complejo que representa el diseño legislativo, la estructura orgánica y la ejecución de políticas anticrimen urgentes para contener a la delincuencia organizada, es necesario tomar en cuenta las experiencias históricas nacionales e internacionales en la materia, así como las aportaciones teóricas de los grandes pensadores en las diferentes ramas del conocimiento, particularmente la historia, filosofía, sociología, psicología, criminología, derecho penal, epistemología, metodología, política, criminalística, pedagogía, economía, derecho internacional, derecho administrativo y la ciencia financiera.

Tercera, para el desarrollo metodológico de esta investigación nos apoyamos en las directrices que el epistemólogo mexicano y coautor de este libro, el Doctor Juan de Dios González Ibarra, quien señala en su clásico libro Metodología Jurídica Epistémica, una propuesta para cualquier trabajo en ciencias sociales en el desarrollo de un marco teórico, metodológico, epistémico y axiológico, bajo la directriz del esquema cognitivo tridimensional óntico, ontológico y epistemológico, cuya autoría también es de este reconocido investigador y profesor mexicano que tanto ha contribuido al conocimiento reflexivo.

Cuarta, en una aproximación histórica general se advierte que las civilizaciones antiguas ya identificaban todas aquellas conductas consideradas como indeseables para la sociedad o para el grupo dominante, lo que demuestra que desde épocas remotas el fenómeno de la conducta reprobable o antisocial acompaña a la sociedad como la sombra al cuerpo. El rechazo a las conductas delictivas se ha castigado a lo largo de la historia de diferente manera, desde la pena de muerte hasta la segregación, mutilación, exilio, cárcel, esclavitud, confiscación de bienes, pena pecuniaria y, todas aquellas modalidades que los códigos penales modernos consignan en sus normas.

Quinta, el nuevo rostro de la criminalidad conocida como delincuencia organizada trasnacional, presenta en la actualidad características muy diferentes a la delincuencia tradicional, pues ahora cuenta con una gran capacidad de organización, recursos humanos y materiales inmensos, una gran movilidad, incluso mundial, pero sobre todo abarca una gran cantidad de actividades económicas lícitas e ilícitas que le permite mover grandes cantidades de dinero para sostener su estructura y corromper a las autoridades de cualquier nivel. Esta nueva delincuencia organizada, considerada en nuestro medio de tercera generación, se distingue por su violencia extrema y por el abandono de antiguos códigos todavía respetados en la primera y segunda generación de la criminalidad mexicana.

Sexta, frente al panorama crítico que afronta la sociedad mexicana y las instituciones que conforman el sistema penal mexicano, se proponen como política anticriminal urgente, el cambio de estrategia para modificar la estructura, competencia y funcionamiento de varias instituciones públicas fundamentales como las judicaturas penales, las fiscalías encargadas de la investigación y las instituciones para la ejecución de mandatos jurisdiccionales comúnmente conocidos como reclusorios.

Séptima, el nuevo modelo concreto que se propone, implica la implementación de una o varias políticas públicas con impacto en el orden legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, se propone como estrategia concreta el cambio de la estructura que actualmente tiene el sistema penal mexicano, para que se expida primeramente un Código Penal Nacional de aplicación única en el territorio nacional; en seguida se federalice la judicatura penal mexicana para dar nacimiento al Juez Penal Nacional que, de una vez por todas, se homologue la judicatura en el ámbito penal y se acabe con asimetrías y corrupciones que azotan a las judicaturas estatales penales, muchas veces presionadas o cooptadas por la propia delincuencia organizada.

En la misma dirección, se propone, por un lado, la creación de una Fiscalía Nacional Autónoma que concentre las funciones de investigación federal y estatal con su correspondiente contrapeso y, por el otro, para que se concentre en una sola institución nacional la administración y vigilancia de los reclusorios existentes en el territorio nacional. El modelo que se propone es concentrador, centralizador, federalista, homogéneo, uniforme y emergente para contener a una delincuencia que amenaza a la sociedad y al Estado mexicano en la existencia misma de sus instituciones.

Octava, las propuestas anteriores requieren una profunda reforma legislativa en el ámbito constitucional, legal y administrativo que, seguramente, tendrán que partir de un nuevo paradigma respecto a la tradicional división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, sin embargo, hay que recordar que en nuestra historia reciente ya existen experiencias en las que la soberanía popular estableció que los aspectos agrario y laboral son temas fundamentales de carácter federal y nacional porque la necesidad histórica y social así lo reclaman.

BIBLIOGRAFÍA

Acemoslu, Daron y A. James Robinson. Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Traducción de Marta García Madera. México: Crítica, 2018.

Aguilar Villanueva, Luis. El Estudio de las Políticas Públicas. México: Editorial Porrúa, 2013.

Álvarez Gayou, Juan Luis. Cómo hacer investigación cualitativa. México: Paidós, 2003.

Anderson, Perry. La trama del Neoliberalismo. Argentina: Universidad de Buenos Aires, 1997.

Aragón, Manuel. Constitución, Democracia y Control. México: unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002.

Arent, Hannah. Eichmann en Jerusalén. México: Editorial Porrúa, 2000.

Aristóteles. Ética Nicomaquea. México: Editorial Porrúa, 2004.

_____ Poética, Buenos Aires: Colihue, 2009.

_____ Política, Madrid: Editorial Gredos, 1988.

_____ Política, revisión, investigación e introducción de Antonio Gómez Robledo, México: unam, 2018.

Arriagada, Irma. Familias y Políticas Públicas en América Latina, Una Historia de desencuentros. Chile: cepal, 2007.

Azuara Pérez, Leandro. Sociología. México: Editorial Porrúa, 2000.

Badger, Anthony. The New Deal: The Depression Years, 1933-1940. New York: American Century Series, 1995.

Bateson, Gregory. Pasos hacia una ecología de la mente. Buenos Aires: Carlos Lohlé-Planeta, 1991.

Benveniste, Émile. Deux modèles linguistiques de la citée. In Problèmes de linguistique générale. París: Gallimard, 1974.

Beer, Gavin de. Rousseau Juan Jacobo. Barcelona: Salvat Editores, 1985.

Bobbio, Norberto. Derecha e Izquierda. Madrid: Editorial Taurus, 2014.

_____ Thomas Hobbes. Barcelona: Fondo de Cultura Económica, 1989.

_____ El Futuro de la Democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 1997.

_____ Crisis de la Democracia. España: Editorial Ariel, 1985.

Borja Jiménez, Emiliano. Ensayos de Derecho Penal y Política Criminal. Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2001.

Bourdieu, Pierre. “La représentation politique. Eléments pour une théorie du champ politique”. Actes de la Recherche en Sciences Sociales 37-37 (1981).

Bunge, Mario. La investigación científica. México: Siglo xxi Editores, 2000.

Buscaglia, Edgardo. Lavado de dinero y corrupción política. México: Penguin Random House Grupo Editorial, 2016.

Brzezinski, Zbigniew. “La Gran Transformación”. Política Exterior 38 (1994).

Carroll, Lewis. Alicia en el país de las maravillas. Al otro lado del espejo. México: Editorial Porrúa, 2017.

Cassirer, Ernst. Antropología Filosófica. México: Fondo de Cultura Económica, 1975.

_____ Filosofía de la Formas Simbólicas. México: Fondo de Cultura Económica, 1972.

Castillo García, Gustavo. “Narcos controlan prácticamente la cotidianidad en partes del país”, La Jornada. 05 de julio de 2020. https://www.jornada.com.mx/2020/07/05/politica/006n1pol

Cerroni, Umberto. Introducción al Pensamiento Político. Traducción de Arnaldo Córdova. México: Siglo xxi, 2004.

Cicerón, Marco Tulio. Tratado de la República. Tratado de las Leyes Catilinarias. México: Editorial Porrúa, 2013.

_____ Catilinarias, Filípicas, De la Vejez, De la amistad. España: Edimat libros, 2005.

_____ De república. De legibus. Cambridge: Harvard University Press, 1994.

Colectivo de autores. Criminología. La Habana: Editorial Félix Varela, 2006.

Corcuff, Philippe. Los Grandes Pensadores de la Política. Madrid: Alianza Editorial, 2008.

Crouzet, M. Historia General de las Civilizaciones. México: Editorial Destino, 1973.

Daney, Brenda. “Aproximación a una fenomenología de las emociones: Merleau-Ponty, la Ontología de la Carne y la propuesta de una integración”. Presentada en xvi Congreso Nacional de Filosofía, Argentina, 2013.

Derrida, Jaques. Marges de la philosophie. París: Minuit, 1972.

De Sousa Santos, Boaventura. Pensar el Estado y la Sociedad: Desafíos Actuales. Bolivia: clacso, Waldhuter Editores, 2008.

De Aquino, Tomás. Tratado de la Ley, Tratado de la Justicia, Gobierno de los Príncipes. México: Editorial Porrúa, 2008.

Duverger, M. Métodos de las ciencias sociales. Barcelona: Ariel, 1996.

_____ Inducción a la política. Barcelona: Editorial Ariel, Demos, 1982.

Droysen, Johann Gustav. Alejandro Magno. Traducción de Wenceslao Roces. México: Fondo de Cultura Económica, 1988.

Dworking, Ronald. Derechos Humanos Universales. México: Gernika, 1994.

Estrada Vélez, Federico. Derecho Penal Parte General. Bogotá: Temis, 1986.

Ferrajoli, Luigi. La teoría del derecho en el paradigma constitucional. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2008.

_____ “Garantismo Penal”. Serie Estudios Jurídicos 34 (2006).

Ferrater Mora, José. Diccionario de filosofía. Madrid: Alianza Editorial, 1979.

Ferrier, Francis. San Agustín, ¿Qué sé? México: Publicaciones Cruz O, 1996.

Fontan Balestra, Carlos. Derecho penal. Introducción y parte general. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1998.

Foucault, Michel. Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Argentina: Siglo xxi Editores, 1968.

_____ Vigilar y Castigar. Traducción de Aurelio Garzón del Camino. Argentina: Siglo xxi Editores, 1976.

_____ Tecnologías del yo y otros textos afines. Traducción de Mercedes Allende Salazar, Barcelona: Paidós, 1996.

Freud, Sigmund. El malestar de la cultura. Madrid: Ediciones Akal, 2017.

Friedich, Hayek. La fatal arrogancia. Los errores del socialismo. Traducción de Luis Reig, Madrid: Unión Editorial, 1990.

Frondizi, Risieri. ¿Qué son los valores? México: Fondo de la Cultura Económica, 2008.

Gadamer, Hans-Georg. Verdad y Método ii. España: Ediciones Sígueme, 2010.

Galindo, Miguel. Crecimiento Económico, Principales teorías desde Keynes. Madrid: Mcgraw Hill, 1994.

Georges, Lefevre. La Revolución francesa. México: Editorial Porrúa, 1939.

Gilly, Adolfo. El cardenismo. Una utopía mexicana. México: Ediciones Era, 2001.

Gómez Fröde, Carina, Introducción a la Teoría Política. México: Editorial Oxford, Colección Textos Jurídicos Universitarios, 2000.

Gómez Ordoñez, Leónidas. Historia de la Droga. Colombia: Grupo Editorial y Concepto ltda, 1991.

González Bustamante, Juan José. Colonias Penales e Instituciones Abiertas. México: Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales, 1956.

González de Oleaga, M. “¿El fin de los historiadores o el fin de una hegemonía?” El fin de los historiadores. Pensar históricamente en el siglo xxi, Madrid: Siglo xxi Editores, 2007.

_____ “El pudor de la historia”. Repensar la historia. Madrid: Siglo xxi Editores, 1991.

González Ibarra, Juan de Dios. Metodología Jurídica Epistémica. México: Editorial Fontamara, 2019.

González Mata, Enrique. Utopías sociales contemporáneas. Málaga: Algazara, 1994.

González Palmira, Edith. La política: miradas cruzadas. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2006.

González Ruíz, Samuel. Seguridad Pública en México. México: unam, 1994.

González Suárez, Juan José. Las medidas de Seguridad en el Derecho Penal Mexicano. México: unam, 1955.

González Uribe, Héctor. Teoría Política. México: Editorial Porrúa, 1999.

Guardia, Ricardo Martín de la. En torno a la crisis del socialismo real: Algunas notas historiográficas. Madrid: Universidad de Valladolid, 1998.

Habermas, Jürgen. Ensayos Políticos. Barcelona: Editorial Península, 1988.

Hansen, M. H. “Polis and City-State. An Ancient concept and its Modern Equivalent”. Acts of the Copenhagen Polis Center 5 (1998).

Heidegger, Martin. El ser y el tiempo. Traducción de José Gaos. México: Fondo de Cultura Económica, 2012.

Hegel, Georg y Friedrich Wilhelm. Fenomenología del Espíritu. Traducción de Wenceslao Roces y Ricardo Guerra. España: Fondo de Cultura Económica, 1983.

_____ Principios de la Filosofía del Derecho o Derecho Natural y Ciencia Política. España: Editorial Edhasa, 1999.

Hesse, Johaness. Teoría del Conocimiento. México: Editores Mexicanos Unidos, 2003.

Hobbes, Thomas. Leviatán. México: Editorial Guernika, 2005.

Huntington, P. Samuel. “Estudios Políticos”. Tercera época 12 (1992).

Husserl, Edmund. “Investigaciones lógicas i - ii”. Revista de Occidente (1967).

Jaeger, W. Paideia: Los ideales de la cultura griega. Traducción de Joaquín Xirau y Wenceslao Roces. México: Fondo de Cultura Económica, 1985.

Kant, Immanuel. Historia de la Filosofía, Filosofía Medieval y Moderna. México: Fondo de Cultura Económica, 2017.

_____ Crítica de la Razón Práctica. Argentina: Editorial La página, 2003.

_____ Crítica del Juicio. Traducción de Alejandro García Moreno y Juan Revira. Madrid: Librerías de Francisco Iravedra y Antonio Novo, 1876.

Kristeller, Paul. Ocho filósofos del Renacimiento italiano. México: Fondo de Cultura Económica, 2018.

Kuhn, S. Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

Lara Chagoyán, Roberto. El concepto de Sanción. México: Editorial Fontamara, 2011.

Le Goff, Jacques. La Baja Edad Media. España: Siglo xxi Editores, 2016.

León y González, Samuel. El cardenismo 1932-1934. México: Fondo de Cultura Económica, 2010.

Lewis, Munford. “La utopía, la ciudad, la máquina”. Utopías y pensamiento utópico. Madrid: Espasa Calpe, 1982.

Lisi, F. L. “Las constituciones de los filósofos”. Presentada en el ix Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1995.

Locke, John. Ensayo sobre el entendimiento humano. Traducción de Emeterio Fuentes. Madrid: Editorial Verbum, 2020.

_____ Ensayo sobre el gobierno civil. España: Editorial Porrúa, 2007.

_____ Segundo Tratado de Gobierno. Argentina: Ágora, 1959.

López Sáenz, M. C. “Imaginación carnal en M. Merleau-Ponty”. Revista de Filosofía 28 (2003).

Lozano Tovar, Eduardo. Manual de Política Criminal y Criminológica. México: Editorial Porrúa, 2007.

Madrid Espinoza Alfonso. Introducción a la Filosofía del Derecho y de la Política. México: Editorial Fontamara, 2004.

Magee, Bryan. Historia de la filosofía. México: Planeta, 1999.

Mannheim, Karl. Ideología y utopía. Madrid: Aguilar, 1958.

Maquiavelo, Nicolás. Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Buenos Aires: Alianza Editorial, 2004.

_____ El príncipe. México: Ediciones Leyenda, 2015.

_____ Obras Políticas. México: Editorial Club de Lectores, 2010.

Mayer, J. P. Trayectoria del Pensamiento Político. México: Fondo de Cultura Económica, 1981.

Martínez Garnelo, Jesús. Policía Nacional Investigadora del Delito. México: Editorial Porrúa, 1999.

Martínez Rodríguez, Miguel Ángel. Política Criminal del Estado Mexicano sobre Drogas y Narcotráfico. México: Editorial Porrúa, 2012.

Maturana, Humberto y Francisco Varela. De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo. Buenos Aires: Lumen Humanitas, 2004.

Max, Karl. El capital. Traducción de Wenceslao Roces. México: Fondo de Cultura Económica, 1946.

Medina Núñez, Ignacio. Estado Benefactor y Reforma del Estado. México: Espiral, 1998.

Mejía, Eduardo. “Cárdenas vs. Calles una batalla en la prensa”. Revista Siempre (2019).

Memoria del Seminario. La Reforma Penitenciaria: Un eslabón clave de la Reforma Constitucional en Materia penal. México, 2012.

Milton, Friedman. Capitalismo y Libertad. Madrid: Ediciones Rialp, 1966.

_____ Libertad de elegir. España: Grijalbo, 1980.

Mir Puig, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal, Uruguay: Julio César Faira, 2003.

Montesquieu. Cartas Persas. Traducción de María Rocío Muñoz. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992.

_____ Del Espíritu de las Leyes. Traducción de Daniel Moreno. México: Editorial Porrúa, 1990.

Moreno Hernández, Moisés. La política criminal legislativa. México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, Escuela Libre de Derecho, el Centro de Estudios de Política Criminal, Ciencias Penales, 2015.

_____ “Estado de Derecho y Política Criminal”. Panorama Internacional Sobre Justicia Penal. Política Criminal, Derecho Penal y criminología. Cultura y Sistemas Jurídicos Comparados. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007.

Neususs, Arnhlem. “Dificultades de una Sociología del pensamiento utópico”. Sociología de la utopía. Barcelona: Hacer, 1992.

Novack, G. Introducción a la lógica. México: Fontamara, 1999.

onu. Informe mundial sobre la trata de personas, 2009.

Organización Internacional del Trabajo. Una alianza global contra el trabajo forzoso: informe mundial en el marco del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Ginebra: oit, 2005.

Patiño Arias, José Patricio. Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria. México: Editorial Porrúa, 2010.

Piaget, Jean. El estructuralismo. Barcelona: Oikos-Tau, 1980.

Platón. 427-347 a. C. selección. Traducción de Ivonne Saíd Martínez. México: Grupo Editorial Tomo, 2009.

_____ Diálogos. México: Editorial Porrúa, 2007.

Posada Segura, Juan David. El Sistema Penitenciario. Colombia: Comlibros, cia ltda, 2009.

Ponce, Anibal. Educación y Lucha de Clases. México: Editores Mexicanos Unidos, 2001.

Pasquino, Gianfranco. Nuevo curso de ciencia política. Traducción de Clara Fecci. México: Fondo de Cultura Económica, 2019.

Prélot, Marcel. La ciencia política. Buenos Aires: Eudeba, 1964.

Popper, Karl Raimund. El cuerpo y la mente. Madrid: Editorial Tecnos, 2001.

______ El mito del Marco Común. Barcelona: Paidós, 1997.

______ En Busca de un Mundo Mejor. Barcelona: Paidós, 1994.

______ La Sociedad Abierta y Sus Enemigos. Buenos Aires: Paidós, 1957.

Quintana Valtierra, Jesús. Derecho Ambiental Mexicano. México: Editorial Porrúa, 2009.

Ramírez, Santiago. Infancia es Destino. México: Siglo xxi Editores, 2000.

Rée, J. “La philosophie anglaise des années cinquante”. Philosophie analytique et histoire de la philosophie. París: Vrin, 1997.

Reynoso Dávila, Roberto. Nociones de Criminología. México: Editorial Porrúa, 2010.

Rodríguez Escobedo, José Francisco y Miriam Fonseca López Miriam. El desarrollo de la Disciplina de Políticas Públicas en México. México: Editorial Fontamara, 2017.

Rodríguez Lozano V. Ética. México: Alhambra Mexicana, 1997.

Roosevelt. Discurso ante Congreso en su toma de posesión, 4 de marzo de 1933.

Rousseau, Juan Jacobo. Emilio o de la Educación. México: Editorial Porrúa, 1992.

_____ El Contrato Social o Principios de Derecho Político. México: Editorial Porrúa, 1992.

Ross, W. D. Aristotelis politica, recognovit brevique adnotatione critica instruxit. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Salas Chávez, R. Gustavo. El Sistema Penal Mexicano. México: Editorial Porrúa, 2002.

San Agustín. Confesiones. México: Editorial Porrúa, 2015.

_____ La Ciudad de Dios. México: Editorial Porrúa, 2008.

Sánchez Cordero de García Villegas, Olga María. Sociología General y Jurídica. México: Editorial Porrúa, 2013.

Santoyo Velasco, Rafael. Análisis crítico de la política laboral del gobierno mexicano, una propuesta para el tercer milenio. México: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 2010.

Sartori, Giovanni. Elementos de Teoría Política. Traducción de Ma. Luz Morán. España: Alianza Editorial, 2005.

_____ ¿Que es la democracia? México: Taurus, 2003.

_____ La política: lógica y método en las ciencias sociales. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

_____ Homo Videns. La sociedad teledirigida. Buenos Aires: Editorial Taurus, 1998.

Sebastián, Luis de. Neoliberalismo Global. Madrid: Simanca Ediciones, 1997.

Segura Millán Blake, Alejandro Rafael. La seguridad nacional vista desde el pensamiento estratégico complejo. [Tesis de Maestría, El Colegio de Morelos, 2015].

Smith, Adam. La Riqueza de las Naciones. México: Publicaciones Cruz, 2002.

Smith, R. M. Civic ideals: Conflicting visions of citizenship in U.S. history. New Haven, Conn: Yale University Press, 1999.

Spinoza, B. Theologico-political treatise. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

United Nations Office on Drugs and Crime. The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2021.

Straus, Leo y Joseph Cropsey. Historia de la filosofía política. Traducción de Leticia Urriza, Diana Luz Sánchez, Juan José Utrilla. México: Fondo de Cultura Económica, 2017.

Tocqueville, Alexis de. La Democracia en América. Traducción de Dolores Sánchez de Aleu. Madrid: Alianza Editorial, 2002.

Tovar Lozano, Eduardo. Manual de Política Criminal y Criminológica. México: Editorial Porrúa, 2007.

Vallespín, Fernando. Historia de la Teoría Política. España: Alianza Editorial, 2010.

Vasallo Barrueta, Norma. La Conducta Desviada. Un enfoque social para su estudio. La Habana: Editorial Félix Varela, 2009.

Vázquez Sánchez, Jorge. Neoliberalismo y Estado Benefactor. El caso mexicano. México: buap, 2005.

Von Liszt, Franz. Tratado de Derecho Penal parte general. Madrid: Biblioteca Jurídica de autores españoles y extranjeros, 1999.

Weber, Max. La ética protestante y el Espíritu del capitalismo. Traducción de Joaquín Abellán García. México: Alianza Editorial, 2012.

Williams, B. “Philosophy as a Humanistic Discipline”. Philosophy, 2000.

Zolo, Danilo. La democracia difícil. México: Alianza Editorial, 1994.

1 Nicolás Maquiavelo, Obras políticas. El príncipe, La Habana: Instituto Cubano del Libro, 1971, p. 333.

2 Gianfranco Pasquino, Nuevo Curso de Ciencia Política, traducción de Clara Ferri, México: Fondo de Cultura Económica, 2019, p. 11. El autor señala que “la ciencia política es el estudio de esa actividad como método científico, es decir, la manera de formular generalizaciones y teorías permitiendo su verificación y falsación”.

3 Martin Heidegger, El ser y el tiempo, traducción de José Gaos, México: Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 237.

4 Leo Strauss y Joseph Cropsey, Historia de la filosofía política, traducción de Leticia García Urriza, Diana Luz Sánchez y Juan José Utrilla, México: Fondo de Cultura Económica, 2017, p. 15. Se reconoce a Sócrates como el padre de la filosofía política, expresan que “apartándose de las cosas divinas dirigió sus investigaciones por entero a las cosas humanas, es decir, las cosas justas, las cosas nobles, y las cosas buenas para el hombre como hombre”.

5 Moisés Moreno Hernández, “Estado de Derecho y Política Criminal”, Panorama Internacional Sobre Justicia Penal. Política Criminal, Derecho Penal y criminología. Cultura y Sistemas Jurídicos Comparados, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, p. 75-77.

6 Irma Arrigada, Familias y Políticas Públicas en América Latina. Una Historia de desencuentros, Santiago de Chile: cepal, 2007, p. 23.

7 Santiago Ramírez, Infancia es Destino, México: Siglo xxi Editores, 2000, p. 11.

8 Johannes Hessen, Teoría del Conocimiento, Buenos Aires: Losada, 2007, p. 9.

9 Emiliano Borja Jiménez, Ensayos de Derecho Penal y Política Criminal, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2001, p. 58.

10 Juan de Dios González Ibarra, Metodología Jurídica Epistémica, México: Editorial Fontamara, 2019, p. 22.

11 Hessen, op. cit., p. 9.

12 Giovanni Sartori, Elementos de Teoría Política, traducción de Ma. Luz Morán, España: Alianza Editorial, 2005, p. 233.

13 Aristóteles, Política, versión española e introducción de Antonio Gómez Robledo, México: Editorial Porrúa, 2012, p. 209.

14 Umberto Cerroni. Introducción al Pensamiento Político, traducción de Arnaldo Córdova, México: Siglo xxi Editores, 2004, p. 7.

15 Ibid., p. 7-26. Aristóteles, Ética Nicomaquea. Política, México: Editorial Porrúa, 2004, p. 261.

16 Ibid., p. 261.

17 Carina Gómez Fröde, Introducción a la Teoría Política, México: Editorial Oxford, 2000, p. 3.

18 Thomas Hobbes, Leviatán, México: Ediciones Gernika, 2005, p. 172-178.

19 Maurice Duverguer, Inducción a la política, Barcelona: Editorial Ariel, Demos, 1982, p. 13-16.

20 Leandro Azuara Pérez, Sociología, México: Editorial Porrúa, 2000, p. 9.

21 Giovanni Sartori, La política, lógica y método de las ciencias sociales, traducción de Marcos Lara, México: Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 201-224.

22 González Ibarra, op. cit., p. 22.

23 Héctor González Uribe, Teoría Política, México: Editorial Porrúa, 1999, p. 48.

24 Id.

25 Ibid, p. 50.

26 Id.

27 Gómez Fröde, op. cit., p. 15.

28 Daron Acemoglu y A. James Robinson, Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, traducción de Marta García Madera, México: Crítica, 2018, p. 465. Este libro es reconocido por seis premios Nobel de Economía desde Kenneth J. Arrow de 1972 hasta Peter Diamond, quien lo obtuvo en 2010, lo consideran extraordinario, los autores señalan que “los países fracasan desde el punto de vista económico debido a instituciones extractivas, la base de ellas es una élite que las diseña para enriquecerse y perpetuar su poder a costa de la vasta mayoría de las personas de la sociedad”, ¿les parece conocido lo anterior para nuestro país?

29 Platón, 427-347 a. C., traducción de Ivonne Saíd Martínez, México: Grupo Editorial Tomo, 2009.

30 Bryan Magee, Historia de la filosofía, México: Planeta, 1999, p. 24.

31 Platón, op. cit., p. 6.

32 Ibid., p. 7.

33 Fernando Vallespín y Carlos García Gual, et. al., Historia de la teoría política, Madrid: Alianza Editorial, 2010, p. 113-114.

34 Platón, Diálogos, México: Editorial Porrúa, 2007, p. xviii.

35 Johann Gustav Droysen, Alejandro Magno, traducción de Wenceslao Roces, México: Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 64. Afirma su biógrafo que “el hombre que habría de conquistar al mundo con su espada fue educado por quien lo conquistó con su pensamiento”.

36 Bryan Magee, Historia de la Filosofía, México: Editorial Planeta, 1999, p. 34.

37 Aristóteles, Política, op. cit., p. 397.

38 Aristóteles, Ética a Nicómaco. Política, México: Editorial Porrúa, 2004, p. xviii.

39 Aristóteles, Política, Investigación, introducción y versión de Antonio Gómez Robledo, México: unam, 2018, p.16.

40 Aristóteles, op. cit.

41 Gómez Robledo, op. cit.

42 Javier Cabrero Piquero, profesor de la uned, es experto en historia antigua romana.

43 Marco Tulio Cicerón, Catilinarias, Filípicas, De la Vejez, De la amistad, España: Edimat libros, 2005.

44 Rafael Santoyo Velasco, Análisis crítico de la política laboral del gobierno mexicano, una propuesta para el tercer milenio, México: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 2010, p. 89.

45 Vallespín, op. cit., p. 191.

46 Ibid., p. 192.

47 Ibid., p. 11.

48 Bryan Magee, Historia de la Filosofía, México: Editorial Planeta, 1999, p. 50.

49 Francis Ferrier, San Agustín, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1966, p. 75.

50 San Agustín, Confesiones, versión de Francisco Montes de Oca, México: Editorial Porrúa, 2015, p. 149.

51 San Agustín, La Ciudad de Dios, México: Editorial Porrúa, 2008, p. xvii.

52 Tomás De Aquino, Tratado de la Ley, Tratado de la Justicia, Gobierno de los Príncipes, México: Editorial Porrúa, 2008. Hoy se sospecha que murió envenenado.

53 Ibid., p. 5.

54 Maquiavelo, El Príncipe, op. cit.

55 Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Buenos Aires: Alianza Editorial, 2004.

56 Nicolás Maquiavelo, Obras Políticas, México: Editorial Club de Lectores, 2010, p. 261.

57 Maquiavelo, El príncipe, op. cit., p. 95.

58 Hobbes, op. cit., p. 39.

59 Hobbes, op. cit.

60 Id.

61 John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, España: Editorial Porrúa, 2007, p. 159.

62 Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, traducción de Daniel Moreno, México: Editorial Porrúa, 1990.

63 Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social o Principios de Derecho Político, México: Editorial Porrúa, 1992, p. x.

64 Id.

65 Gavin de Beer, Rousseau, Barcelona: Salvat Editores, 1985, p. 55-59.

66 Rousseau, El Contrato Social, op. cit.

67 Juan Jacobo Rousseau, Emilio o de la Educación, México: Editorial Porrúa, 1992.

68 Karl Raimund Popper, La Sociedad Abierta y Sus Enemigos, Buenos Aires: Editorial Paidós, 1957.

69 Karl Raimund Popper, En Busca de un Mundo Mejor, Buenos Aires: Paidós, 1994.

70 Karl Raimund Popper, El mito del Marco Común, Buenos Aires: Paidós, 1997.

71 Jürgen Habermas, Ensayos Políticos, Barcelona: Editorial Península, 1988.

72 Norberto Bobbio, Crisis de la Democracia, España: Editorial Ariel, 1985.

73 Norberto Bobbio, El Futuro de la Democracia, México: Fondo de Cultura Económica, 1997.

74 Norberto Bobbio, Derecha e Izquierda, España: Editorial Taurus, 2014.

75 Sartori, op. cit., p. 336.

76 Giovanni Sartori, Homo Videns. La sociedad teledirigida, Buenos Aires: Editorial Taurus, 1998.

77 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, traducción de Elsa Cecilia Frost, España: Editorial Siglo xxi, 1968.

78 Michel Foucault, Vigilar y Castigar, Buenos Aires: Editorial Siglo xxi, 1976.

79 Luigi Ferrajoli, La teoría del derecho en el paradigma constitucional, Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2008.

80 Ibid., p. 117.

81 Mario Bunge, La investigación científica, México: Editorial Siglo xxi, 2000, p. 145.

82 Cfr. Juan de Dios González Ibarra, Metodología Jurídica Epistémica, México: Fontamara, 2019, p. 82-84.

83 González Ibarra, op. cit., p. 25.

84 Risieri Frondizi, ¿Qué son los valores?, México: Fondo de la Cultura Económica, 2008, p. 11.

85 Ibid., p. 19.

86 Cfr. V. Rodríguez Lozano, Ética, México: Alhambra Mexicana, 1997, p. 22.

87 Edith González Palmira, La política: miradas cruzadas, Axiología Política: Valores y Realismo Político, Cuba: Editorial de Ciencias Sociales, 2006.

88 Azuara, op. cit., p. 9.

89 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, España: De bolsillo, 2016, p. 89. En esta obra la autora señala que Eichmann era un burócrata de quinta clase, que no pensaba más allá de sus narices siguiendo órdenes burocráticas de exterminio de seres humanos.

90 Azuara, op. cit., p. 19.

91 Philippe Corcuff, Los grandes pensadores de la política. Vías críticas en filosofía política, España: Alianza, 2005, p. 140.

92 Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, Sociología General y Jurídica, México: Editorial Porrúa, 2013, p. 118.

93 Edmund Husserl, “Investigaciones lógicas i – ii”, Revista de Occidente 2 (1967).

94 Carroll Lewis, Alicia en el país de las maravillas. Al otro lado del espejo, México: Editorial Porrúa, 2017, p. 32.

95 Brenda Daney, “Aproximación a una fenomenología de las emociones: Merleau-Ponty, la Ontología de la Carne y la propuesta de una integración”, Presentada en xvi Congreso Nacional de Filosofía organizada por la Asociación Filosófica, Argentina, 2013.

96 José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, Madrid: Alianza Editorial, 1979.

97 M. C. López Sáenz, “Imaginación carnal en M. Merleau-Ponty”, Revista de Filosofía 1 (2003): 162.

98 Hans-Georg Gadamer, Verdad y Método ii, España: Ediciones Sígueme, 2010, p. 11.

99 Aunque a la teoría normativa y a los estudios institucionalistas se les había otorgado “certificados de defunción”, siguen siendo el “doble pilar” de la ciencia política tradicional. La primera, en los años noventa registró un súbito incremento tanto del interés, como de la confianza en la materia en aquellos que la practican y su reputación entre los politólogos parece haber mejorado. Con respecto a la segunda, le interesan las reglas, los procedimientos y las organizaciones formales del sistema político, así como su impacto en la práctica política.

100 Cfr. James Frederick Ferrier, Institutes of Metaphysics, Charleston: BiblioBazaar, 2009. La epistemología fue inventada para ser opuesta a la ontología.

101 Marcel Prélot, La ciencia política, Buenos Aires: Eudeba, 1964.

102 S. Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

103 W. Delthey combatió el dominio ejercido en el ámbito del conocimiento por las ciencias naturales objetivas, pretendía establecer una ciencia subjetiva de las humanidades (geisteswissenschaften o ciencias del espíritu) como disciplina metodológicamente diferenciada de las ciencias de la naturaleza. Según él, estos estudios humanos subjetivos (que incluyen derecho, religión, arte e historia) deberían centrarse en una “realidad histórica-social-humana”.

104 Carnap analiza nuestra representación del mundo, como una puesta en relación de proposiciones protocolarias (que son formulaciones rigurosas de una experiencia sensible elemental) por medio de reglas lógicas.

105 La reversibilidad del sentir implica siempre una génesis de sentido, un sentido que no proviene de una conciencia solitaria, sino de un entrelazo del cuerpo y del mundo. Adolfo Vásquez Rocca, “Nómadas”, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 36 (2012).

106 Humberto Maturana y Francisco Varela, De máquinas y seres vivos: autopoiesis: la organización de lo vivo, Buenos Aires: Lumen Humanitas, 2004, p. 37.

107 Gregory Bateson, Pasos hacia una ecología de la mente, Buenos Aires: Carlos Lohlé-Planeta, 1991.

108 Pierre Bourdieu, “La représentation politique. Eléments pour une théorie du champ politique”. Sciences Sociales 36-37 (1981): 3-24.

109 Jean Piaget, El estructuralismo, Barcelona: Oikos-Tau, 1980.

110 Id.

111 Publicado originalmente en italiano, “Il ruole de l’epistemologia nella storografia scientifica contemporanea”, Scienza e Technica 76 (1976).

112 Cfr. Recensión a GR, Rohr, Platons Stellung zur Geschichte, en Ges. Werke v, 327-331.

113 Husserl, op. cit., p. 37.

114 La política del latín politicus y del griego antiguo πολιτικός, relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano.

115 M. González de Oleaga, “El pudor de la historia”, Repensar la historia, Madrid: Editorial Siglo xxi, 1991.

116 Hans-Georg Gadamer, Verdad y Método ii, España: Ediciones Sígueme, 2010, p. 13.

117 M. González de Oleaga, “¿El fin de los historiadores o el fin de una hegemonía?”, El fin de los historiadores. Pensar históricamente en el siglo xxi, Madrid: Siglo xxi, 2007, pp. 171-196.

118 Jaques Derrida, Marges de la philosophie, París: Minuit, 1972, p. 393.

119 En 1948 un grupo de expertos convocados por la unesco determinó que entre las principales materias de la ciencia política debían figurar: 1) la Teoría Política; 2) el Estado; 3) Partidos, grupos y opinión pública y, 4) Las relaciones internacionales. Para 1949 la unesco crea la Asociación Internacional de Ciencia Política (ipsa) lo que dotó de prestigio a la ciencia política a nivel mundial equiparándola a las demás ciencias sociales.

120 M. Duverger, Métodos de las ciencias sociales, Barcelona: Ariel, 1996.

121 P. Samuel Huntington, “Estudios Políticos”, Tercera época 12 (1992).

122 Boaventura De Sousa Santos, Pensar el Estado y la Sociedad: Desafíos Actuales, Bolivia: clacso, 2008, p. 105 y 112.

123 Danilo Zolo, La democracia difícil, México: Alianza Editorial, 1994.

124 J. Rée, “La philosophie anglaise des années cinquante”, Philosophie analytique et histoire de la philosophie (1997): p. 17-60.

125 Entre sus mejores exponentes: Sorell y Rogers (2005), Schuback y Ruin (2005), Courtine (1999), Vienne (1997), Boss (1994), Vattimo (1989), Hare (1988), Rorty, Schneewind y Skinner (1984).

126 B. Williams, “Philosophy as a Humanistic Discipline”, Philosophy 75 (2000): 477-496.

127 Aristóteles, Poética, Buenos Aires: Colihue, 2009.

128 Id.

129 Id.

130 Michel Foucault, Tecnologías del yo. Y otros textos afines, traducción de Mercedes Allende Salazar, Barcelona: Paidós, 1996.

131 E. Cassirer, Filosofía de las Formas Simbólicas, México: Fondo de Cultura Económica, 1972 y Antropología Filosófica, México: Fondo de Cultura Económica, 1975.

132 Ibid., p. 20.

133 Cfr. “Language and Art i y ii”, Symbol, Myth and Culture, pp. 166-195.

134 Cfr. Id.

135 M. H. Hansen, “Polis and City-State. An Ancient concept and its Modern Equivalent”, Acts of the Copenhagen Polis Center 5 (1998): 52-53.

136 Lewis Munford, “La utopía, la ciudad, la máquina”, Utopías y pensamiento utópico, Madrid: Espasa Calpe, 1983, p. 32.

137 Enrique González Mata, Utopías sociales contemporáneas, Málaga: Algazara, 1994.

138 Jaeger Werner, Paideia: los ideales de la cultura griega, traducción de Joaquín Xirau y Wenceslao Roces, México: Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 629.

139 Aristóteles, Política, Madrid: Editorial Gredos, 1988.

140 Op. cit., p. 86.

141 F. L. Lisi, “Las constituciones de los filósofos”, presentado en ix Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1995.

142 Marco Tulio Cicerón, Tratado de las leyes, traducción de Francisco Navarro y Calvo y Juan Bautista Calvo, México: Editorial Porrúa, 2013, p. 175.

143 E. Benveniste, Deux modèles linguistiques de la citée. Problèmes de linguistique générale, París: Gallimard, 1974.

144 Aristóteles, Aristotelis politica, recognovit brevique adnotatione critica instruxit, Oxford: Oxford University Press, 1957.

145 Marco Tulio Cicerón ([1928] 1994), De re publica; De legibus, Cambridge: Harvard University Press, 1994.

146 B. Spinoza, Theologico-political treatise, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

147 Rogers M. Smith, Civic ideals: Conflicting visions of citizenship in U.S. history. New Haven: Yale University Press, 1999.

148 Considerar a Cuba como una isla de utopía fue un planteo de Ezequiel Martínez Estrada, “El nuevo mundo, la isla de utopía y la isla de Cuba”, En torno a Kafka y otros ensayos, Barcelona: Seix Barral, 1967, pp. 221-271.

149 Karl Mannheim, Ideología y utopía, Madrid: Aguilar, 1958.

150 Se suele considerar a Max Scheler con su obra El puesto del hombre en el cosmos (1928) como el iniciador de la antropología filosófica contemporánea.

151 Mannheim, op. cit.

152 G. W. F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, México: Alianza Editorial, 2011, p. 250-251.

153 Vasili Grossman, Vida y destino, traducción de Marta Rendón, México: Colofón, 2016, p. 1011.

154 Roberto Reynoso Dávila, Nociones de Criminología, México: Editorial Porrúa, 2010, p. 11.

155 Gustavo Castillo García, “Narcos controlan prácticamente la cotidianidad en partes del país”, La Jornada, 5 de julio de 2020. https://www.jornada.com.mx/2020/07/05/politica/006n1pol

156 Edgar Morin, Mi camino. La vida y obra del padre del pensamiento complejo, Antonia García [Trad.], Barcelona: Gedisa, 2010, p. 77.

157 Rafael Márquez Piñero, “Derecho Penal y Globalización”, Política Criminal y Globalización, México: Editorial Porrúa, 2001, pp. 349-357.

158 Leónidas Gómez Ordoñez, Historia de la Droga, Colombia: Grupo Editorial, Concepto ltda, 1991, pp. 337-376.

159 Moisés Moreno Hernández, La política criminal legislativa, México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, Escuela Libre de Derecho, Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, 2015, p. 132.

160 Eduardo Lozano Tovar, Manual de Política criminal y criminológica, México: Editorial Porrúa, 2010.

161 Id.

162 Ibid., p. 5.

163 R. Gustavo Salas Chávez, El Sistema Penal Mexicano, México: Editorial Porrúa, 2002, p. 44.

164 Miguel Ángel Martínez Rodríguez, Política Criminal del Estado Mexicano sobre Drogas y Narcotráfico, México: Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2012, p. 18.

165 Íd.

166 Memoria del Seminario, La Reforma Penitenciaria: Un eslabón clave de la Reforma Constitucional en Materia penal, México, 2012, p. 103.

167 Sigmund Freud, El malestar de la cultura, Madrid: Ediciones Akal, 2017.

168 Edgardo Buscaglia, Lavado de dinero y corrupción política, México: Penguin Random House Grupo Editorial, 2016, p. 165-167.

169 Luigi Ferrajoli, “Garantismo Penal”, Serie Estudios Jurídicos 34, México: unam, 2006.

170 Roberto Lara Chagoyán, El concepto de Sanción, México: Editorial Fontamara, 2011, pp. 285-304.

171 Santiago Mir Puig, Introducción a las bases del derecho penal, Uruguay: Julio César Faira, 2003.

172 Id.

173 Juan José González Suárez, Las medidas de Seguridad en el Derecho Penal Mexicano, México: unam, 1955.

174 Diario Oficial de la Federación, Artículo 18, reformado el 18 de junio de 2008. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/18.pdf

175 Juan David Posada Segura, El Sistema Penitenciario, Colombia: Comlibros y cia ltda, 2009, p. 106.

176 José Patricio Patiño Arias, Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria, México: Editorial Porrúa, 2010.

177 Samuel González Ruiz, Seguridad Pública en México, México: unam, 1994.

178 Jesús Martínez Garnelo, Policía Nacional Investigadora del Delito, México: Editorial Porrúa, 1999, p. 241.

179 José Patricio Patiño Arias, Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria, México: Editorial Porrúa, 2010, p. 115.

180 Juan José González Bustamante, Colonias Penales e Instituciones Abiertas, México: Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales, 1956, p. 28-29.

Filosofía política y combate al crimen
fue arbitrado bajo el sistema de pares ciegos

y se editó en El Colegio de Morelos.

Avenida Morelos sur #154, esquina Amates,

colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos, México.

777 318 0125, 777 318 0126 y 777 318 0127

www.elcolegiodemorelos.edu.mx

Para su formación se usó la familia tipográfica Calisto MT.

El tiraje de la presente obra fue de 500 ejemplares.